El ex presidente regresa al país esta semana. El juez Bava estudia su procesamiento por espionaje, pero la defensa de Macri insistió en que la causa le pertenece a Comodoro Py. Apeló una decisión en los tribunales de Retiro. Se esperan definiciones en los próximos días.
Por Patricia Blanco
El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava se encuentra juntando por estos días las últimas pruebas para definir si, finalmente, procesa a Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, luego del respaldo que recibió el jueves pasado desde la Cámara Federal de Mar del Plata cuando se rechazó la recusación en su contra que había motorizado el ex presidente. Bava analiza las declaraciones que pidió la defensa de Macri, entre las que aparecen las consultas a la denunciante e interventora de la central de espías Cristina Camaño sobre el rol de la AFI en la seguridad presidencial, pero además mandó a pedir, de motu propio, el detalle de las reuniones que tuvieron los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani con el ex presidente en la residencia de Olivos y en la Casa Rosada entre fines de 2017 y fines de 2018.
Mientras esta decisión se cocina en Dolores, el mismo jueves en que en Mar del Plata rechazaban apartar a Bava del expediente por prejuzgamiento y temor de parcialidad, en Buenos Aires, la defensa de Mauricio Macri insistía en obtener respuesta a la base a un planteo que aún no fue resuelto: que Comodoro Py reclame el pase de la causa a los tribunales de Retiro. La decisión está en manos del juez Martín Irurzun, quien ya dijo a fines de 2020 que esa causa pertenece a la justicia federal porteña.
“Es un absurdo, dentro de tantos, suponer una hipótesis como la que se pretende construir consistente en que un Presidente de la Nación puede ordenar y posibilitar la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley, dar ordenes, recibir y utilizar información elaborada por la AFI, impartir directivas o destinar recursos y que para su investigación resulte competente la justicia federal de Dolores provincia de Buenos Aires”, sostuvo el abogado de Macri, Pablo Lanusse, en la presentación a que accedió Infobae. “Sólo con recordar dónde se encuentra la Casa Rosada alcanza para desarticular este absurdo, y para reconocer que cualquier conducta de un Presidente de la Nación que se quiera investigar deberá serlo ante la jurisdicción de la CABA”, afirmó
Por eso Lanusse pidió a la Cámara Federal porteña que revoque una decisión tomada por el 2 de noviembre pasado por el juez federal Ariel Lijo, en sintonía con el fiscal Franco Picardi. Ambos resolvieron se habían remitido a las definiciones que ya se tomaron en otras causas que tramitan en Dolores para señalar que estaban impedidos de avanzar por ahora.
Pero Macri protestó: sostuvo que él no está acusado en las otras causas a las que aludieron Lijo y Picardi y por lo tanto la resolución lo ha dejado “huérfano de respuestas” y le ha generado un “gravamen irreparable” que se convirtió en una suerte de “rechazo tácito y/o expreso” a su planteo, que vulnera “la garantía del juez competente y el derecho de defensa en juicio y debido proceso” y lo ha colocado en un “limbo jurídico-procesal” que debe ser revocado.
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