La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) aseguró que la propuesta no soluciona el problema de fondo y que genera más carga tributaria al tejido productivo
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) expresó su fuerte rechazo y preocupación frente al proyecto de ley de envases del kirchnerismo. Es una “propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa mediante el establecimiento de una nueva tasa para compensar los gastos que el sistema de gestión pública de residuos requeriría a futuro, poniendo en entredicho incluso el carácter federal de la norma”, destacó la cámara estadounidense.
El proyecto, que impulsa Máximo Kirchner, propone una nueva tasa de 3% a los alimentos envasados y cuya recaudación manejará, de aprobarse, el Ministerio de Ambiente a cargo de Juan Cabandié, otro referente de La Cámpora.
“AmCham adhiere firmemente a los esquemas de reciclaje inclusivo, pero cuando estos son factibles y lógicos, y sobre todo cuando consideran incentivos y beneficios para aquellas empresas que emplean materiales reciclables en sus envases y/o realizan inversiones en tecnología para mejorar el acopio y la reutilización”, expresó el comunicado y remarcó que las empresas nucleadas en la cámara local están comprometidas con el cuidado del ambiente y el paradigma de la economía circular.
“Alarma que el proyecto no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación”, dijeron.
También se criticó el cálculo de la tasa ambiental, cuya fórmula se basa en el precio de venta (hasta el 3%), o bien, en el peso del material, con el argumento de que no tendría en consideración el costo asociado al sistema de gestión propiamente. “Y lo que es peor, cuya administración recae en un fidecomiso administrado por el estado, sin pautas claras de asignación, en especial, en un modelo de tratamiento de los residuos de carácter federal, por lo que desde varios sectores se ha solicitado la conformación de un ente mixto público-privado con representación pública pero también de los productores y recuperadores, los fabricantes de envases y la sociedad civil”.
Para Amcham, una norma lógica para el rubro debería contemplar la responsabilidad extendida y compartida del productor, metas graduales de recupero a nivel nacional, diferenciales por tipo de material e incentive a los sujetos obligados. Además, creen que es un proyecto “fácilmente atacable por su debilidad constitucional”, ya que vulnera, aseguran, derechos de las provincias porque crea una caja gestionada por un fideicomiso de administración 100% público. “Es una alquimia que lamentablemente se ha hecho habitual en la práctica legislativa, y otorga a la Nación potestades discrecionales para distribuir dineros públicos a actores municipales y sociales, pasando por encima de las autoridades provinciales, y alejándose de los parámetros más elementales en materia de ética y transparencia”, detallaron.
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