martes, 8 de febrero de 2022

ACUERDO CON EL FMI: EL GOBIERNO SE APOYA EN EL REBOTE DEL PBI PARA BAJAR EL DEFICIT, PERO LOS ANALISTAS CREEN QUE NECESITARA RECORTAR GASTOS

El rojo fiscal primario debería caer medio punto porcentual este año para cumplir con el objetivo consensuado con el FMI. El Ejecutivo cree que la mayor recaudación por actividad bastará

Por Mariano Boettner



El Gobierno descansa en sus proyecciones de que el 2022 mostrará números de crecimiento económico por segundo año seguido por primera vez desde el bienio 2010-2011 para sustentar su idea de cumplimiento de la meta fiscal que se planteó en el entendimiento técnico con el Fondo Monetario Internacional. A grandes rasgos, en el Ministerio de Economía estiman que el efecto de expansión recaudatoria por una mejora en el PBI alcanzará para recortar el déficit incluso cuando el gasto público crezca “moderadamente” en términos reales, una condición que el Poder Ejecutivo dice que fue innegociable en el diálogo con el FMI.

Para poner en números: el déficit primario de 2021 fue cercano a 3% del Producto Bruto, es decir más bajo de lo que se esperaba hacia comienzos del año. Este resultado en las cuentas públicas estuvo impulsado por una recaudación alta por ingresos provenientes de derechos de exportación, en un contexto de suba de los precios internacionales, y también por otros items que en 2022 no estarán disponibles, como por ejemplo el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que empujó con cerca de $250.000 millones al fisco.

Como la meta del primer año del programa Extended Fund Facility (EFF) preacordada con el staff del organismo es de 2,5% del PBI, el recorte del déficit primario que debería completar este año el Gobierno debería ser de 0,5 puntos porcentuales (unos $230.000 millones a pesos de hoy), aunque al restar de la cuenta esos ingresos del impuesto a la riqueza, por ejemplo, la poda fiscal llegaría a ser de casi 1% del Producto, según estimaciones privadas.

Como la meta del primer año del programa Extended Fund Facility (EFF) preacordada con el staff del organismo es de 2,5% del PBI, el recorte del déficit primario que debería completar este año el Gobierno debería ser de 0,5 puntos porcentuales (unos $230.000 millones)

Números al margen, la cuestión que discuten los economistas y que el Gobierno defiende mientras todavía sostiene las conversaciones con el equipo técnico del Fondo Monetario es de qué manera el Poder Ejecutivo podría alcanzar ese objetivo de déficit, bajo qué supuestos, con qué medidas concretas y si necesitará o no ajustar partidas del gasto público. Desde el Ministerio de Economía aseguran que la baja del déficit estará explicada, centralmente, en una dinámica en que el crecimiento económico reforzará los ingresos tributarios del fisco.

En el Gobierno lo mantienen oculto bajo siete llaves, pero el acuerdo con el Fondo Monetario incluirá un apartado en el que establecerá metas de recaudación “adicionales” a través de distintas medidas de administración tributaria, es decir, con una sintonía fina de herramientas con las que ya dispone AFIP o está en proceso de desarrollo. En ese listado se encuentran el comercio de granos, la declaración de rinde de los campos en el agro, los activos de ciudadanos argentinos en el exterior y lo que aún falta recaudar del impuesto a la riqueza, entre otros.

Según aseguran fuentes que siguieron de cerca la negociación, uno de los temas en discusión con el FMI que trabó la resolución de un entendimiento fue que el Gobierno requirió que el programa económico consensuado para los próximos dos años y medio estipule que el Estado podría aumentar en términos reales el gasto público todos los años entre 2022 y 2024, aunque sea “moderadamente”, tal la palabra que eligen usar en el Palacio de Hacienda.

Existe, en ese sentido, una idea de que el acuerdo con el FMI servirá como una plataforma para “cambiar la conformación” del gasto público y reasignar partidas. En la conducción del Ministerio de Economía marcan a los subsidios como uno de los temas a tratar, pero todavía se sostienen las divergencias internas sobre cómo y qué alcance debería tener la segmentación y el ahorro que pueda conseguir el Tesoro en la cuenta presupuestaria de subvenciones.

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