Tras el atentado, Cristina marcó la estrategia para acusar de odio a la oposición, la Justicia y los medios. Y contrarrestar el pedido de condena por Vialidad. Alberto, Kicillof y la CGT: todos obedecieron
Por Fernando González
Para quienes hemos nacido en familias de padres peronistas hay una frase que nos acompañó desde la infancia. Se empezaba a pronunciar en el mes de octubre. Es que el 17 era el acto del Día de la Lealtad, y el 18 se decretaba feriado nacional. “Mañana no se trabaja, mañana es San Perón”, decía el General al final de la convocatoria y los peronistas podían dormir hasta tarde al día siguiente. Con el tiempo, aprendimos que se trataba del simple exceso de una economía más próspera que jamás pensaba en el equilibrio fiscal, y que a veces crecía pero nunca se desarrollaba.
Los setenta y siete años del peronismo no han logrado corregir algunos de los pecados de aquel país con más futuro que pasado. En otro ejemplo de superación de los disparates que acumula la opaca gestión de Alberto Fernández, el último fue decretar feriado este viernes para reflexionar sobre el intento de atentado contra Cristina Kirchner que perpetró el hasta ahora misterioso conductor de taxis y remises nacido en Brasil.
Si el Presidente no llegó al punto de pronunciar la frase en su discurso por cadena nacional y derrapar diciendo “mañana es San Perón”, es solo porque todos sus pasos (y el discurso también) son controlados por Cristina desde la noche del jueves en la que se produjo el atentado en el barrio de La Recoleta.
Por eso, es que el Presidente repitió como le ordenaron el eje temático que la Vicepresidenta y la casi totalidad de los dirigentes peronistas hicieron suyo desde el disparo fallido frente a su inepta custodia policial. La orden de Cristina, quien hizo demorar una hora la palabra presidencial, fue breve y precisa: “En la Argentina volvió la violencia política y los culpables son la oposición, la Justicia y los medios por instalar el discurso del odio”. Así obedecieron Alberto, la CGT, las diferentes castas del kirchnerismo y cada manifestante que llegó el viernes en micro a la Plaza de Mayo para reflexionar sobre el episodio. El peronismo podrá negociar la lealtad, pero jamás renunciará al verticalismo.
Más allá del desatino del viernes feriado, pensado para facilitar la movilización de los aparatos políticos y gremiales, el atentado contra Cristina es un episodio grave que requiere un nivel de alerta extra de parte de los poderes institucionales y que no puede esquivar otra vez la necesidad de una investigación judicial seria, profunda y reveladora. La que no tuvieron la muerte del fiscal Alberto Nisman, investigada como homicidio, y el crimen del reportero José Luis Cabezas, cuyos asesinos están todos en libertad. Solo por citar dos ejemplos de impacto social.
No será fácil para la jueza federal María Eugenia Capuchetti resolver el enigma del ataque a la Vicepresidenta. Según las primeras requisas, el brasileño Fernando Andrés Sabag Montiel no es un tirador experto, ni portaba un arma moderna. No tendría en apariencia conexiones con grupos políticos argentinos o extranjeros, y su mayor exotismo son sus tatuajes, vinculados a la mitología nórdica y a un símbolo que usaron los policías secretos nazis hace tres cuartos de siglo. Poca historia delictiva para alguien que asumió el riesgo de querer matar a Cristina.
A eso hay que sumarle las extraordinarias anomalías que rodearon al ataque. La facilidad con la que el agresor penetró la protección de la custodia policial; la rapidez con la que intentó alejarse (se hubiera escapado sino hubiera sido por la reacción de algunos militantes); la ausencia de acciones de resguardo para Cristina apenas producido el hecho y los inexplicables siete minutos posteriores de diálogo entre la Vicepresidenta y sus simpatizantes, como si no hubiera sucedido nada parecido a la conmoción que terminó con el insólito feriado nacional.
Lo que sí pusieron en marcha Cristina, Máximo Kirchner y el resto de sus seguidores sin derecho a crítica fue una estrategia de aprovechamiento integral de la circunstancia adversa. El acto del viernes y todas las iniciativas políticas paralelas se centraron en un solo objetivo: contrarrestar el efecto de la investigación y el pedido de condena a doce años de prisión por corrupción y fraude al Estado en la escandalosa causa Vialidad. La apropiación de cerca de 1.000 millones de dólares a través de contratos de obra pública en Santa Cruz derivados al amigo Lázaro Báez.
Quien mejor expuso esa método fue el gobernador Axel Kicillof, poco acostumbrado a utilizar las artes del Príncipe de Maquiavelo. “No puedo dejar de asociarlo a lo que escuchamos de parte de un exponente del Poder Judicial que también buscaba correrla de la política prohibiéndole la participación como candidata”, explicó, refiriéndose al fiscal Diego Luciani.
“Demasiada información; había que mencionar el pecado, no descubrir al pecador”, dijo después un kirchnerista que asistió al acto en la Gobernación de La Plata. La idea era mantenerse en el eje oposición, justicia y medios como los culpables del atentado. Hasta lo repetían sin trastabillar los chicos kirchneristas en la marcha. Pero la sutileza no es la ciencia que domina Axel.
No hay corrupción ni las 1.200 propiedades entre casas y autos. Y las 415.000 hectáreas propiedad de Báez en Santa Cruz con patente de los Kirchner son solo una anécdota para la estrategia de Cristina. Las irregularidades que ayudaron a multiplicar exponencialmente el patrimonio familiar tienen para ellos una sola explicación: el discurso del odio de la oposición, los jueces, los fiscales y el periodismo que quiere impedirle ser candidata.

No hay comentarios:
Publicar un comentario