Por Mariana Dufour (desde Pinamar, especial para AgePeBa) /
Si bien la crisis institucional que vive Pinamar viene de mal en peor, los hechos se descarrilaron el lunes 2 de abril cuando el equipo periodístico de CQC fue agredido por una patota de funcionarios municipales, para impedir su acercamiento al intendente Blas Altieri. Los noteros pretendían hacerle una pregunta en relación a la Resolución provincial que manda desadjudicar 22 de las 25 viviendas sociales del complejo habitacional construido con dineros públicos en 2000 y que fueron entregadas a hijas, ahijadas y funcionarios del intendente.
Ante esto, la reacción de algunos partidos políticos no se hizo esperar: la UCR responsabilizó al intendente Altieri “de todos los hechos de agresión ocurridos”. Por lo tanto, le pidió la renuncia. Mientras, la indignación de los vecinos por la violencia ejercida desde el Estado Municipal crece y exige la remoción de todos los funcionarios. Esta exigencia será plasmada en una marcha ciudadana mañana, lunes 9, que se concentrará frente al Palacio Municipal.
“Cacerolazo contra la impunidad, la corrupción y la patota de Altieri” reza la convocatoria a esta movilización ciudadana que tiene a las redes sociales como canales de convocatoria. Desde allí, la columna se dirigirá hacia el Concejo Deliberante para presenciar la sesión especial pedida con urgencia por los ediles para tratar la conformación de una Comisión Investigadora destinada a evaluar las responsabilidades del intendente de Pinamar en las innumerables irregularidades detectadas en su gestión.
Estas anomalías incluyen la adjudicación irregular de viviendas sociales construidas con dineros del Instituto Provincial de la Vivienda en 2000 a hijas y funcionarios del mandatario.
En vistas de que el complejo habitacional de 150 viviendas destinado a paliar la necesidad de cientos de pinamarenses nunca fue construido, los ediles pedirán información sobre los destinos de los dos millones de dólares entregados por la Provincia a la fundación Eco Pinar cuyos apoderados eran socios y amigos de Altieri. Ellos son Carlos Eduardo Oricchio, asesor externo del Municipio, y Luis Abrussesse, ex secretario de Turismo de Pinamar. Recordemos que Eco Pinar fue creada justo un día antes de recibir el subsidio provincial y hoy esta estratégicamente disuelta.
La comisión investigadora evaluará, también, la no contestación de pedidos de informes al Poder Ejecutivo realizados durante los últimos dos años por los ediles y la realización de obras públicas que no fueron aprobadas por el Concejo. El Cuerpo propuso la suspensión de toda actividad ordinaria del organismo hasta tanto esta Comisión Investigadora culmine su informe.
Una declaración “precisa e indudable”
En sesión especial, los ediles exigirán al intendente Altieri la renuncia de todos los funcionarios partícipes de los hechos de violencia efectuados contra la prensa y una declaración “precisa e indudable” de repudio a los hechos de violencia pergeñados y protagonizados por éstos contra trabajadores de prensa.
Con un poder quebrantado, el jueves a las 19:30, mientras periodistas pinamarenses daban una entrevista al canal América, Altieri recibía la renuncia del subsecretario de Deportes, Jorge Yeza, y del director de Seguridad en Playas, Marcelo De Marco.
Aún así, el intendente continuó desligando sus responsabilidades y justificando el accionar de sus hombres que, ocupando el lugar de autoridad municipal, se adjudicaron el privilegio de violentar los derechos ciudadanos.
Recordemos que en estos sucesos están involucrados el director de la Delegación local del ANSeS, Leandro Reverón (yerno del intendente y ocupante de una de las viviendas sociales cuestionadas), y el responsable de la Oficina local del Instituto de Previsión Social, Jorge Liberanome (ex candidato a concejal por el genocida Luis Patti en 2009).
“¿El MUPP es la barra brava del Intendente?”
A los comunicados de repudio del HCD local y de la Asociación de Periodistas de Pinamar, le continuó el comunicado del Partido Solidario liderado por Walter Montero: “La historia la ganan los que escriben, los que hablan, los que filman, los que preguntan desde la verdad de los hechos y desde la honestidad de sus convicciones. (…)
Estamos ante un Ejecutivo que no tolera cuestionamientos amparándose en que fue electo legítimamente. ¿Cuántos de sus electores de buena fe apoyan el accionar de estas patotas que quieren resolver todo a las trompadas? No escuché hasta ahora ningún comunicado de condena a estos hechos que saliera desde el partido gobernante (MUPP). ¿Debo pensar, entonces, que el MUPP es la barra brava del Intendente o su fuerza de choque? Todos los partidos políticos, con o sin representación en el HCD, también el MUPP, debemos exigir la renuncia de todos los funcionarios que participaron y alentaron este proceder siniestro. Es necesario imponer la condena social a estos sujetos que, lejos de representar a la democracia, nos vuelven a un pasado que ninguno de nosotros merece”.
El comunicado del PSol desnuda una de las estrategias de Altieri más importantes y recurrentes a lo largo de sus veinte años de gestión: el uso de periodistas de bolsillo hambriento para reproducir el discurso oficial sin cuestionamiento alguno y desprestigiar a los periodistas “más comprometidos con la verdad que con su propio bienestar que decidieron cargar sobre sus hombros las denuncias de Lucas Ventoso”. Todos ellos fueron amenazados, perdieron su trabajo desarrollado en el municipio, se traban todos sus proyectos (aun con avales del HCD y estamentos superiores), les fue retirada la pauta oficial o, en forma sistemática, les fue rechazada la concreción de entrevistas.
