Esta mañana el concejal Gregorio Estanga formó parte de la Comisión Mixta de Frente Marítimo junto a sus pares y autoridades del Departamento Ejecutivo. En la misma se trató como primer punto la construcción de las pasarelas de madera en la playa en nueve puntos del partido: cinco en Pinamar, dos en Valeria del Mar y dos en Cariló. Las pasarela apuntan junto con el trabajo de enquinchado a la remediación del médano y garantizan el acceso pleno.

La obra quedó a cargo de la empresa Organización ITAR a través de la Licitación Pública 12/16 con único oferente y aprobada por la Ordenanza 4951/17, por la suma total $6.504.435,28. Los tiempos de realización son 120 días.

El concejal Estanga manifestó la preocupación por la preservación del espacio en donde se insertarán las pasarelas para que no tengamos los problemas del año pasado, ya que por otro lado se reiniciarán las demoliciones de las UTF en el marco de reestructuración del frente marítimo. El Bloque considera que la fiscalización es clave más allá de la responsabilidad de la empresa contratada para dicha obra.


Como segundo y tercer punto se trataron las situaciones morosas de las UTF con nombre de fantasía Puerto Banus y Cabo Blanco. En ambos casos no hay contrato firmado y sus ofertas únicas quedaron comprometidas a la sombra de los amparos judiciales a raíz del corrimiento que establecía la licitación del 2009. En cuanto a Puertos Banus, el oferente es una persona jurídica cuya razón social es Inversiones Pinamar SRL. Ante los interrogantes de este bloque los funcionarios del DE aseguraron que tomaron posesión del inmueble después que en una situación administrativa poco clara las personas representante de la sociedad: un tal Canosa en la temporada 2015-2016 y Bossio 2016-2017 no pagaron los canon en concepto de tenencia precaria otorgada por el HCD. Bajo las transgresiones mencionadas, contempladas en la Ordenanza 4442/14, y el espíritu de la norma en dirección a la preservación ambiental, la postura de los concejales del FpV es la demolición del edificio por parte del Municipio para recuperar espacio público de playa, tratándose de una zona crítica y una concesión inmerecida.

En el caso de Puerto Banus, persona jurídica Piollava SRL., la deuda con el Municipio asciende a $1.600.000 con la gravedad que incluye las transgresiones ambientales que constan en un expediente iniciado por el HCD. La Secretaría de hacienda intimo al pago. Por su parte el concejal Estanga junto con los integrantes de la Comisión denegó la petición de traslado a otras localidades solicitada por los tenedores precarios que además sostienen un amparo judicial. Al mismo tiempo se solicitó a la Asesoría Letrada que disponga de las herramientas jurídicas para así proceder en sentido de la anterior.

Para el FpV se terminaron los privilegios en el frente marítimo y se impondrá en cada decisión la preservación ambiental de la playa que en definitiva es nuestro patrimonio natural y por el cual toda una comunidad se sustenta.