REVISTA LA TECLA Nº 833 DE 01/06/2019
Cuando leímos los antecedentes que a continuación transcribimos, y al enterarnos de lo ocurrido en el vecino partido de Villa Gesell con el servicio de transporte urbano de pasajeros, quisimos averiguar un poco mas, y chequear que esto fuese realidad.
Ante el conocimiento de la posibilidad que este grupo empresario participase del acto licitatorio del servicio urbano de pasajeros le acercamos a funcionarios del Ejecutivo y también a los distintos bloques del HCD, con excepción del correspondiente a Cambiemos (línea Pro), pues suponíamos que después de haber hablado con funcionarios del Ejecutivo era suficiente.
Por lo tanto fuimos dejando que los acontecimientos se fuesen produciendo, pero seguimos atentamente los pasos que se iban dando.
Así llegó la primera convocatoria para la presentación de ofertas el 20 de agosto pasado, pero nos dijeron que no se habían presentado ninguna empresa. Por otro lado afirmaron que solamente se había presentado una, pero que se había retirado la misma.
La fecha siguiente para el segundo llamado a ofertas se produjo el pasado 30 de agosto, y allí si se presentaron dos empresas que según el juez Inchausti conforman un holding empresarial que practicamente monopoliza el transporte publico de pasajeros en Mar del Plata, ellas son la 12 de Octubre y la Peralta Ramos.
Ya al existir dos ofertas queda de lado el HCD, y las decisiones corren por cuenta únicamente del Departamento Ejecutivo. Ayer se venció el plazo para las impugnaciones, habiendo hecho consultas al respecto nos dijeron que al momento no se habían recibido ninguna.
Las dos empresas que se presentaron estafaron al Estado en $7.600.000 (en subsidios por choferes "fantasmas"), y parece que siguen estando habilitadas para seguir trabajando en ese sector laboral.
En Argentina todo es posible, es realmente una pena, espero que algún funcionario o concejal lea esta nota y aunque sea sienta cosquillas en algún sector de su cuerpo.
Lector pierda un poco de tiempo, y al concluir se dará cuenta que no lo malgastó, en octubre vea bien a quien votar.
RELATO:
El transporte público de pasajeros de Mar del Plata es un monopolio. A lo largo del tiempo, las empresas quebraron y cambiaron de dueño, pasando la mayoría a uno solo: Juan Inza. Un empresario amigo de muchos, que no le costó tanto conseguir el título de “rey del subsidio marplatense”.
En las vísperas de un nuevo proceso licitatorio, donde todo indica que en el negocio seguirán los mismos protagonistas de siempre, porque el pliego nuevo sería a su medida, los actores políticos parecen olvidar, una vez más, la causa de los choferes fantasmas.
Todo comenzó en marzo de 2016, cuando una mujer se vio imposibilitada de cobrar su Asignación Universal por Hijo. Al consultar por qué se le dio de baja en AFIP y en ANSES, le dieron constancia que su marido, Luis Alberto Verón, cobraba 19 mil pesos mensuales como chofer de la empresa 12 de Octubre. Pero eso era falso, ya que el mencionado sólo había llevado el currículum a la empresa ofreciendo su servicio como chapista. Ni siquiera sabía conducir.
El abogado Julio Hikkilo, de la Casa del Trabajador, intimó a la compañía por la confusa maniobra para que corrija la situación ante la DGI y los organismos públicos para que la mujer, cuyo único ingreso era la Asignación, pudiera seguir percibiéndola. Como respuesta recibió un sugestivo silencio.
En el transcurso de esa semana, la Casa del Trabajador recibió siete denuncias iguales. Por lo que se confirmó lo que se sospechaba, que no se trataba de errores involuntarios, como sostuvieron los empresarios, sino de una maniobra ilícita. El modus operandi sistemático era: las personas llevaban sus currículums a las empresas, nunca eran contratadas y sus datos eran utilizados para aumentar la cantidad de subsidios recibidos por parte del Estado.
Finalmente, aparecieron 392 casos, en todos ellos eran choferes supuestamente contratados en enero, febrero y marzo del 2016. Rápidamente, la situación irregular se hizo pública, justo en la misma época que en el Concejo Deliberante se discutía un aumento de la tarifa plana del boleto, en el marco de una gran amenaza de los empresarios de despedir más de 300 trabajadores si no se daba el aumento.
La Casa del Trabajador hizo la denuncia en el Ministerio de Trabajo, brindando toda la información. Lo mismo se hizo frente a los 24 concejales para que no se otorgara el aumento porque el estudio de costo estaba mal hecho y se había inflado la nómina de empleados. Los empresarios intentaban meter presión diciendo que si no se subía el boleto, iban a reducir personal. Aunque, aparentemente, las amenazas de despido hacían referencia a los choferes ficticios.
Hubo oídos sordos en el Concejo Deliberante. El único edil que mostró interés en verificar la situación de irregularidad fue Marcelo Fernández, de Acción Marplatense. Sin embargo, se aprobó el aumento del 42,9% y el boleto aumentó $2,06.
Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo llamó a una audiencia, pero los empresarios presentaron un escrito declinando su participación en la misma. Esto que motivó a iniciar una denuncia penal, porque se estaban utilizando datos truchos de supuestos trabajadores para conseguir subsidios del Estado.
También se puso en conocimiento a la Justicia Provincial, y el caso recayó en la Fiscalía 10, a cargo de Fernando Berlingeri, que tomó declaraciones a numerosos testigos, inició una investigación y solicitó informes. Pero hasta ahí se llegó y no se avanzó más. De todos modos, con la investigación, el fiscal aseguró que, durante enero, febrero y marzo de 2016 los empresarios recibieron más de $11.433.037,04 en subsidios por parte de Nación y de forma irregular. Según Berlingeri se trató de una maniobra dolosa, de naturaleza federal, por lo que se declaró incompetente y abandonó la causa.
Frente a la falta de competencia de la justicia provincial, se remitió la causa al Juzgado Federal N° 3 de Santiago Inchausti, quien llevó adelante un allanamiento, por lo que el tema tomó trascendencia a nivel nacional y obligó al Ministerio de Transporte a presentarse como denunciante. Una maniobra hábil del ministro Guillermo Dietrich, que podría ser imputado por la entrega de subsidios sin certificación.
Luego, con el procesamiento de Cámara de Apelaciones Federal quedó comprobado que hubo responsabilidad de los funcionarios municipales, provinciales y nacionales. El primer responsable es el municipio, específicamente la subsecretaría de Transporte y Tránsito a cargo de Claudio Cambareri, quien hizo silencio. La provincia no controló. Dietrich aún menos.
Según informaron desde el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a partir de esa solicitud presentada por el Ministerio, el juez Inchausti corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que “evalúe la posible solicitud de elevación a juicio de la referida investigación”. Cuando la defensa de los empresarios acusados apeló los procesamientos, desde la Fiscalía General realizaron una presentación que coincidió con las conclusiones del juez, afirmando que los imputados “tenían un grado de importancia dentro de las empresas y en general en el grupo empresario”, por lo que “las irregularidades existentes en el trámite eran evidentes a los ojos de todos los encartados”. La causa avanzó. Hoy tiene 5 personas procesadas, esperando la elevación a juicio, y hay funcionarios que podrían ser investigados por su responsabilidad.
Mientras tanto, en mayo del 2019 vence la actual concesión de las empresas de Inza, y en el Concejo Deliberante ya están discutiendo el nuevo pliego de licitación que fue elaborado por la subsecretaria de Tránsito a cargo de Claudio Cambareri, pasó por la secretaria de Gobierno, donde Alejandro Vicente le dio el ok, y la de Legal y Técnica, donde Gustavo Gil de Muro también le dio vía libre.
Está claro que el negocio, tal como lo lleva a cabo Juan Inza, es absolutamente rentable, y si a ese rédito se le suma la ayuda de los subsidios que habrían sido irregulares, mucho más. Que los empleados ficticios existieron no hay dudas. Que el arco político, de la oposición y el oficialismo lo saben y no actúan también es cierto. En tanto, la Justicia avanza con su acostumbrado ritmo.
A pesar de esto, la duda de muchos es si los empresarios locales podrán ganar nuevamente la licitación, cuál será su costo por hacerlo, o si el Gobierno Nacional aprovechará para traer a las empresas porteñas, como ya sucedió en el predio de disposición final de residuos, donde opera la Ceamse.
Juan Inza -titular de 25 de Mayo, 12 de Octubre y Libertador-, Diego Basílico –Peralta Ramos-, Juan Inza - padre-, el contador público Federico Pomero, José Alberto Ferraresi y Carlos Málaga; por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables en orden a la presunta comisión del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública por doce hechos en concurso real.
Para ellos, el juez Inchausti ordenó trabar embargos hasta cubrir la suma de $20 millones. Los empresarios procesados no tienen prisión preventiva y es probable que no sean condenados a una pena que los haga pasar por una estadía en algún penal federal del país.
Con el procesamiento, el juez Inchausti estableció que las cuatro empresas implicadas funcionaban a partir de un holding de hecho, en el que la primera capitalizó y absorbió tácitamente a las tres restantes. Es decir, todas las empresas y sus seis grupos de líneas funcionan bajo el poder de Juan Inza, aunque el pliego de licitación establecía que ningún oferente podía manejar más de dos grupos de líneas.
La concentración comenzó cuando 25 de Mayo absorbió, entre 2001 y 2003, los recorridos de las desaparecidas Martín Güemes SA, 9 de Julio SRL y La Marplatense, mediante adjudicaciones provisorias y sin que se regularizara la situación mediante licitación.
Posteriormente, 12 de Octubre transfiere el 100% del paquete accionario a un grupo de socios de 25 de Mayo, con autorización del Municipio, constituyendo de hecho una transferencia de titularidad de las licencias, más allá de mantenerse como persona jurídica autónoma.
Ya entrada la actual década, General Pueyrredón SRL se presenta a convocatoria de acreedores y, con acuerdo judicial, se autoriza la transferencia de titularidad a favor de 25 de Mayo. Finalmente, en 2015-16 se opera la venta del paquete mayoritario de las acciones de la firma Peralta Ramos SA, que son adquiridas por socios de la 25 de Mayo. En tanto, si bien El Libertador SRL mantiene su individualidad como persona jurídica, los socios y órganos de administración son parte de la 25 de Mayo y, de hecho, comparten el mismo domicilio fiscal (Av. Constitución 10250) en conjunto con 12 de Octubre.
Entre otras cosas, en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) figuran las empresas sancionadas por trabajo no registrado, y que no regularizaron la infracción, o que si bien lo han hecho permanecen en el Registro por el período establecido en la ley.
Esa es la situación de 25 de Mayo SRL, que tiene dos sanciones vigentes de 2017. Lo mismo ocurre con la Peralta Ramos, que recibió una sanción en octubre de 2017.
TOTALES APROXIMADOS DE LA DEFRAUDACIÓN POR EMPRESA
El Libertador: $1.145.031,83
12 de octubre: $ 4.971.240.34
Peralta Ramos: $ 2.643.765,64
25 de mayo : $ 7.449.642,66
Cuando dictó los procesamiento en julio del año pasado el juez Santiago Inchausti estableció que las cuatro empresas implicadas -25 de Mayo, Peralta Ramos, El Libertador y 12 de Octubre- funcionan a partir de un holding de hecho en el que la firma 25 de Mayo ha capitalizado y absorbido tácitamente a las tres restantes, sin perjuicio de que cada una funcione de manera independiente. Es decir, todas las empresas funcionan bajo el poder de Juan Inza.
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