El gobernador Axel Kicillof convocó a los docentes para comenzar la discusión paritaria y abrió un fuerte debate sobre las verdaderas prioridades que tiene su gestión, sobre todo luego de desembolsar 250 millones de dólares para cancelar el vencimiento de un bono con recursos propios mientras que anunciaba la postergación de un aumento ya acordado entre los maestros y el gobierno anterior.
El primer elemento polémico en la negociación que se advierte prácticamente en todos los gremios del sector estatal es que van a reclamar la implementación de una cláusula de actualización automática, conocida como "gatillo", porque se dispara cuando la inflación supera el porcentual de aumento acordado, un mecanismo puesto en marcha por María Eugenia Vidal en medio de una férrea resistencia de los docentes y del resto de los trabajadores.
Es decir que el primer poroto en la negociación, y a pesar de que no implementó ese sistema en su último año de gobierno, se lo lleva la ex gobernadora que efectivamente logró mejorar las condiciones de actualización salarial de los empleados del Estado o al menos así lo entienden los gremios al adelantar que pedirán un acuerdo con cláusula gatillo.
El puntapié inicial con los docentes tampoco es nuevo, pero este escenario puso en alerta al resto de los sectores que salieron rápidamente a reclamar por sus propias convocatorias y obligó a los dirigentes cercanos al gobierno como Roberto Baradel de Suteba, a ensayar una defensa cerrada de la posición del oficialismo, casi coincidiendo argumentalmente con la idea de crisis heredada y Provincia arrasada, para por lo menos evitar que el conflicto estalle antes de tiempo.
En ese sentido, los médicos nucleados en la Cicop ya realizaron un duro diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran los 80 hospitales públicos de la Provincia y ahora exigen soluciones concretas a cada una de las demandas y advierten que no están dispuestos a dilatar las negociaciones. La realidad es que el sector que preside Marta Márquez es uno de los que ha tenido posición más combativa con los diferentes gobiernos, a pesar de lo cual sus éxitos han sido relativos y casi siempre acotados a la materia salarial.
Pero esa conducta coherente a lo largo de los años preanuncia un verdadero problema para Kicillof y también para su ministro de Salud, Daniel Gollán, que se encuentra con una deuda no documentada con cada expediente que levanta un empleado de cualquier área. Vale utilizar el trillado juego de palabras para decir que la salud pública está en terapia intensiva y se corre el riesgo de que los médicos hagan paro en medio del trabamiento.
Los judiciales representan otro de los sectores que tiene reivindicaciones históricas, pero que la gestión de Vidal logró dejar de lado, como el reclamo por la "ley de enganche salarial" para que el sueldo de los trabajadores se ajuste de forma automática cada vez que actualizan los haberes de los miembros de la Suprema Corte. De hecho, durante la segunda gestión de Daniel Scioli, el gremio que preside Pablo Abramovich mantuvo a la administración de la Justicia paralizada durante meses para exigir una respuesta.
Pero el ninguneo de la gestión pasada fue tal que debieron posponer ese reclamo para pasar a otros más concretos en contra de los despidos, exigiendo aumentos por encima de la inflación y/o con cláusula gatillo y reclamando por las condiciones de trabajo en tribunales y juzgados atestados de causas que duermen el sueño de los justos a la espera de que se tome alguna medida para descomprimir la situación.
Un poco más atrás y siempre en medio de su propia disputa por la supremacía en la representación mayoritaria de los trabajadores del Estado aparece ATE, conducida en la provincia por Oscar “Colo” de Isasi, malogrado precandidato a senador provincial por una de la lista del Frente de Todos, y UPCN, del inoxidable Carlos Quintana, siempre oficialista, aunque el pueblo cada tanto vote distinto.
Pero esa disputa es también la que los obliga a adoptar posiciones más duras, sea a través del diálogo informal o bien en el marco de una protesta, para diferenciarse unos de otros y encastrar en el nuevo esquema de poder que comienza a configurarse en el Estado bonaerense. Pero está claro que esta vez la ventaja la tiene ATE y Quintana deberá recomponer vínculos con el peronismo K si quiere dar pelea.
La Fegeppba y Soeme volverán a ser aliados de los sectores dialoguistas y por fuera de esos grupos se ubican los gremios con representación menor, no por importancia sino por cantidad de afiliados y/o porque representan a trabajadores de una sola área del Estado.
Lo que está claro es que la nueva gestión no la tiene fácil y aunque parezca mentira, por la implementación, aunque sea una vez de una herramienta como la cláusula gatillo, el macrismo le dejó, en este terreno, una vara muy difícil de superar.
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