Se realizará una audiencia pública para definir qué porcentaje del precio del gas natural por redes quedará a cargo el Estado y cuánto se trasladará al precio que pagan los usuarios
Por Ximena Casas
El próximo 31 de enero se realizará una audiencia pública para definir qué porcentaje de subsidio destinará el Estado al precio del gas natural. Este precio es uno de los cuatro componentes que integran la factura del gas que reciben los usuarios cada mes, a los que se suman los costos de los servicios de transporte, distribución y los impuestos y tasas.
En plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, el nivel de subsidio de los servicios públicos es un tema clave. En la audiencia pública, la Secretaría de Energía debe definir cuál es el porcentaje del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del que se hará cargo durante este año.
De los USD 4,84 por millón de BTU que representa el precio promedio del gas natural que abastece a la demanda, USD 3,43 son absorbidos por el Estado Nacional y USD 1,41 (29,1%) lo pagan los usuarios
En la página web de la Secretaría de Energía se acceder al informe técnico que será presentado en la audiencia. En el documento, el Gobierno analizó varios escenarios de reducción de subsidios al precio del gas (el que se conoce como “en boca de pozo”): actualmente el Estado absorbe el 70,9% de ese precio.
De los USD 4,84 por millón de BTU que representa el precio promedio del gas natural que abastece a la demanda, USD 3,43 son absorbidos por el Estado Nacional y USD 1,41 (29,1%) lo pagan los usuarios, según las cifras del documento oficial.
¿Qué cambios en ese porcentaje de subsidios analiza el Gobierno y cuál sería su impacto en el precio final?
En la audiencia del próximo 31 de enero lo que se definirá es ese porcentaje del precio del gas natural por redes que el Estado toma a su cargo y cuánto se va a trasladar al precio final que pagan los usuarios. Por otro lado, también está pendiente la determinación de los porcentajes de aumentos para el resto de los componentes de la factura: los servicios de distribución y transporte, que ya fueron analizados en audiencia pública el pasado 19 de enero.
Se se mantiene el actual nivel de subsidios, donde el Estado cubre el 70,9%, el costo es de $216.365 millones sobre un total de $305.179 millones. Esta situación, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Energía, genera una necesidad adicional de fondos de $81.000 millones. En tanto, si el Gobierno reduce los subsidios al 44,4%, ya no requiere de partidas adicionales (ese escenario implica un incremento en el costo del gas a cargo de los usuarios del orden del 91% con respecto al costo actual).
De acuerdo al análisis oficial, con esa reducción en los subsidios, implicaría una suba en las tarifas de 34% a 35% en la factura de marzo (de acuerdo a la empresa distribuidora que corresponda) y del 47% al 49% en julio, el mes de mayor demanda. Si los subsidios se eliminan por completo, en tanto, las subas serían de 94% en marzo y 126% en julio.
En los ejemplos citados en el documento, una factura promedio para un usuario de la categoría R31 rondaría entre $945 y $1.038 en marzo y entre $3.342 y $3.721 en julio. Con todo, a finales del año pasado, el secretario de Energía Darío Martínez adelantó que la corrección tarifaria será del 20% en las facturas de energía eléctrica y gas para la mayor parte de los usuarios.
“En nuestro Gobierno las correcciones tarifarias siempre serán menores que los aumentos de los salarios de las y los trabajadores, de las jubilaciones, de la AUH y las asignaciones familiares. Los incrementos de ingresos de todos los argentinos y argentinas siempre superarán los aumentos de las tarifas”, dijo Martínez. También anticipó que este año se aplicara una “segmentación de subsidios”, con diferentes porcentajes de acuerdo a los niveles de ingreso de los usuarios.
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