Dos menores llegaron a la ciudad balnearia con promesas de trabajo, pero terminaron en una red de trata que las obligaba a prostituirse. Lograron escapar gracias a otro menor, el hijo del presunto proxeneta, un hombre ligado al presidente del Concejo Deliberante local. El jefe comunal interino, Hernán Muriale, insiste en negar este tipo de hechos.
La noche del jueves 7, dos hermanas de 15 y 16 años se presentaron en la Comisaria de Pinamar denunciando que habían sido traídas al balneario para trabajar en la playa como vendedoras ambulantes pero que, a los pocos días, fueron obligadas a prostituirse. Las niñas responsabilizaron por esta grave situación a Alejandro Aguirre, hombre del entorno político del presidente del Concejo Deliberante, Alberto Germain, quien pretende ser Juez de Faltas de Pinamar a partir de marzo.
Explicaron a la autoridad policial que habían sido traídas a Pinamar bajo una promesa engañosa: trabajar en la playa o cuidando chicos. En realidad, las adolescentes eran llevadas a casas de “clientes” que solicitaban sus servicios.
Las hermanas, cuyas declaraciones son “muy precisas”, vivían con su abuela en Florencio Varela. Un vecino les ofreció trabajo en Pinamar y al contar con la aprobación de su tutora, un hombre las trasladó hasta el balneario, donde fueron entregadas al hoy imputado Aguirre, quien las llevó a su vivienda, un caserón ubicado en una zona muy cotizada de Pinamar.
De allí, fueron trasladadas a otra casa frente a la terminal de Pinamar, de donde lograron escapar gracias a la ayuda del hijo de Aguirre, un adolescente de 16 años que había arribado a Pinamar hacia pocos días.
Según declaró el menor ante el fiscal, luego de tres años de ausencia, el padre lo había tentado a trabajar con él: le dijo que, gracias a sus contactos con Germain, tendría acceso a un puesto municipal.
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