La noche del jueves 7, dos hermanas de 15 y 16 años se presentaron en la Comisaria de Pinamar denunciando que habían sido traídas al balneario para trabajar en la playa como vendedoras ambulantes pero que, a los pocos días, fueron obligadas a prostituirse. Las niñas responsabilizaron por esta grave situación a Alejandro Aguirre, hombre del entorno político del presidente del Concejo Deliberante, Alberto Germain, quien pretende ser Juez de Faltas de Pinamar a partir de marzo.
Explicaron a la autoridad policial que habían sido traídas a Pinamar bajo una promesa engañosa: trabajar en la playa o cuidando chicos. En realidad, las adolescentes eran llevadas a casas de “clientes” que solicitaban sus servicios.
Las hermanas, cuyas declaraciones son “muy precisas”, vivían con su abuela en Florencio Varela. Un vecino les ofreció trabajo en Pinamar y al contar con la aprobación de su tutora, un hombre las trasladó hasta el balneario, donde fueron entregadas al hoy imputado Aguirre, quien las llevó a su vivienda, un caserón ubicado en una zona muy cotizada de Pinamar.
De allí, fueron trasladadas a otra casa frente a la terminal de Pinamar, de donde lograron escapar gracias a la ayuda del hijo de Aguirre, un adolescente de 16 años que había arribado a Pinamar hacia pocos días.
Según declaró el menor ante el fiscal, luego de tres años de ausencia, el padre lo había tentado a trabajar con él: le dijo que, gracias a sus contactos con Germain, tendría acceso a un puesto municipal.
Aguirre, alias “El Japo”, posee una licencia de taxis. Tras la pantalla de ese oficio, el imputado llevaba a las niñas hasta el domicilio donde esperaba el cliente. Allí, era el hijo adolescente quien debía presentar a las jóvenes y retirarse con un sobre conteniendo el pago acordado. El padre lo tomaba sin darle nunca dinero, ni a él ni a las jóvenes. Luego, el recorrido se repetía para buscarlas. Otra vez, era el menor quien debía dar la cara ante los clientes. Nunca Aguirre.
Como hijo del victimario, el adolescente tenía la responsabilidad de "cuidar” a las jóvenes. Pero el reclamo de ayuda de éstas y su propio espanto ante lo que su padre lo obligaba a hacer, decidió huir. Los tres se presentaron en la Comisaria a las 23:00 del jueves 7.
El chico declaró que su padre ya lo había amenazado de muerte: “No me vas a cagar el negocio”, le decía mientras le apuntaba con una 9 mm que guarda bajo el asiento de su auto.
Relatos convincentes
Al día siguiente, el fiscal Juan Pablo Calderón les tomó testimonio. Mientras las jóvenes denunciaban los hechos, una de ellas recibió llamados amenazantes a su celular desde Buenos Aires. Horas después, Calderón decidió pasar la causa al Juzgado Federal, a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla.
El hijo del imputado quedó al resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y se dio intervención al Juzgado de Paz “porque hay violencia familiar” pero, por decisión del fiscal, no forma parte de la causa por trata de personas a pesar de ser otra víctima de esta situación.
Tal como lo señala la Ley, el hijo tiene prohibido declarar en contra del padre. “Pero, a su vez, él está siendo víctima de un delito por parte del padre”, explicó el fiscal.
“Como fiscal, valoré que estaba siendo víctima de una situación de vulnerabilidad y por eso le recibí el testimonio. Otros pueden tener otros criterios. El padre lo engañó y el menor es víctima de amenazas”, precisó.
Sin embargo, ante la grave amenaza denunciada por el menor, la única protección con la que contó fue la determinación de un perímetro de exclusión, es decir, el padre no puede acercarse a su hijo a menos de 200 metros, determinada por el Juzgado de Paz. El lunes 11, el joven fue trasladado a su casa en un móvil municipal.
En cambio, las adolescentes no pueden volver a su hogar porque de ahí fueron captadas. “Son menores en riesgo”, dijo Calderón y explicó que deberá intervenir la Justicia Civil para evaluar si van a un internado, ya que los padres fallecieron. Además, se convocó al Centro de Atención a la Victima de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Provincia.
Finalmente, el fiscal explicó que la nueva ley de trata tiene importante modificaciones: “Hoy está penado la explotación de la prostitución aún con el consentimiento de la víctima”. Esta situación se agrava al tratarse de menores, cuyos relatos al fiscal fueron “muy convincentes y va a permitir investigar”.
“Nosotros prevenimos robos”
AgePeBA consultó a las autoridades policiales sobre el rol de la institución ante delitos de trata de personas. Los mandos explicaron que no trabajan las causas y que las adolescentes fueron derivadas directamente a la Fiscalía: “Nosotros no trabajamos en las causas. Nosotros somos policías de prevención. Las causas importantes las maneja la Brigada de Investigaciones con la auditoria del fiscal”, dijeron.
Consultados sobre si no manejaban información sobre lo que estaba sucediendo en Pinamar, dijeron que, de haberlo sabido, hubieran actuado.
Entonces se les preguntó sobre la estrategia preventiva de la institución para evitar que estos hechos se produzcan y respondieron que ésta consiste “en recibir la información” y derivarla a la Fiscalía.
La policía da cuenta de estos hechos “cuando la gente se compromete y denuncia. Nosotros hacemos prevención pero por hechos puntuales que son los asaltos a familias y tratar de reducir al mínimo la modalidad de escruche”. Pero en cuanto a la trata, dijeron que se trata de delitos “muy complejos y no son de fácil detección porque esto se maneja en la oscuridad”.
“El negocio más grande del mundo”
Meses atrás, el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, dijo durante un encuentro realizado en Villa Gesell que la trata de personas es “el negocio más grande del mundo” y se refirió a la necesaria complicidad de las autoridades para garantizar su ejercicio impune: “Existe connivencia de autoridades policiales con autoridades municipales. Es muy difícil que un prostíbulo pueda funcionar sin la complicidad de la Policía. También son cómplices ciertos políticos, jueces y funcionarios”.
Es sabido que comisarias como las de Pinamar son muy codiciadas entre las jerarquías policiales. No cualquiera accede a ellas, se “alquilan”. Y ese oneroso “alquiler” que hay que pagar, se cobra disponiendo agentes allí donde el particular ofrece una buena paga y haciendo la vista gorda a determinados delitos. Todo lo que se recauda, va para las jerarquías.
Recordemos que, en 2010, el entonces fiscal Cristian Centurión, titular de la Unidad Fiscal Nº 1 de Pinamar, cerró los cabarets que funcionaban en General Madariaga. Ante esto, la explotación sexual de las mujeres fue trasladada a casas particulares ubicadas en Pinamar y Villa Gesell. Una actividad que, como ya lo señaló Adler, debe contar con el necesario resguardo de la policía y ciertos políticos para funcionar. Es importante remarcar que lo que salvó a estas dos adolescentes del infierno fue su propia valentía y la del hijo del victimario. No la policía. No los funcionarios municipales responsables de la seguridad de los ciudadanos. Nadie los protegió. Nadie los salvó. Lo hicieron ellos mismos.
Mientras tanto, el intendente interino Hernán Muriale mira para otro lado. “Pensar que hay trata de personas en Pinamar creo que ya es el colmo. No creo que nadie lo tome en serio”, dijo en las últimas horas ante un medio radial.
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