Ordenanza 4718/16
En vista del debate mediático que desató la aprobación de la Ordenanza 4718/16 que, “Reglamenta la colocación de estructuras de antenas en el Partido de Pinamar”, el Bloque del FpV aclara a los vecinos determinados artículos que especifican los puntos sensibles que por desconocimiento de los interlocutores, tienden a confundir a la población.
De la simple lectura del artículo N° 25, queda demostrado que de ninguna manera la norma atenta contra las estructuras de los Operadores de Servicio de Radiodifusión (OSR), ya que en la misma, se tuvo en cuenta todas las estructuras existentes y su posible readecuación en un plazo prolongado, que la norma determina.
“ARTICULO 25: Las infraestructuras de servicios de comunicaciones y de radiodifusión existentes al momento de la promulgación de la presente deberán ser adecuadas a lo determinado en la presente Ordenanza, en cuanto a su altura, mimetización y demás exigencias, en un plazo máximo de 24 meses a partir de la fecha de habilitación de acuerdo a lo indicado en el artículo 26º.
En el caso de ser necesaria la relocalización de alguna estructura soporte de antenas, se coordinará con el OST o el OSR titular de la misma el plazo según las características particulares de cada sistema con un plazo máximo de 36 meses, o cuando finalice el plazo del contrato de locación, (lo que ocurra primero) en aquellos casos que la estructura soporte de antenas esté erigida en un lote o propiedad arrendada y siempre que la infraestructura existente tuviera habilitación municipal previa a la sanción de esta ordenanza. Para las infraestructuras sin habilitación municipal previa a la sanción de esta ordenanza el plazo máximo de relocalización será de 24 meses”.
En función de la preocupación por la posibilidad de acuerdos entre privados de emplazar antenas en cualquier zona, el Anexo 1 complementario, en su artículo N° 4 y 5 determinan claramente la prohibición de colocación de antenas en sectores privados. En cuanto a las existentes deberán ser removidas en un determinado tiempo, con la fiscalización de la autoridad de aplicación.
