29 de Julio de 2020
Sí, es posible. Pero antes de avanzar en la respuesta considero de utilidad formular algunas consideraciones previas.
En primer lugar, semanas atrás mencionaba, a consecuencia del caso Vicentin, que el Presidente “no tiene quien le escriba”, en alusión a la novela de Gabriel García Márquez, en la que el desasosiego por la espera se apoderaba del personaje central de la magistral novela del escritor colombiano. La historia se repite.
En segundo término, no es mi intención discutir si hay que reformar la Corte o no, ya que la visión que puedo aportar como abogado, con tres décadas a cuesta en el duro ejercicio de mi profesión, es diferente en este punto (más allá obviamente de tener una opinión sobre el tema en sí mismo).
Desde mi punto de vista, un abogado que se precie de tal no debe actuar de Dr. “NO”, explicándole a su cliente todo lo que la ley no le permite hacer.
Un buen abogado debe buscar junto con su cliente la mejor forma, “legal, correcta y ética”, de hacer lo que el cliente necesita o precisa, o bien la defensa del derecho que alegue.
Los límites de las leyes en algunos casos son claros, pero en otros muchos son difusos. El arte de abogadar consiste, entre otras cosas en saber navegar por esas aguas.
En tercer lugar, tampoco es mi intención analizar la composición del conjunto de notables profesionales que han sido convocados por el titular del poder ejecutivo nacional para asesorarlo en esta cuestión. Los llamados a guiar al presidente de la nación gozan del conocimiento y tienen la trayectoria para hacer un trabajo trascendente. Más allá de las consideraciones que se pudiera hacer en punto a la oportunidad, mérito y conveniencia de unos u otros
Y cuarto, no es mi intención analizar si se trata de moldear de una Corte “customizada” o no, enderezada a beneficiar intereses particulares y todo lo que los analistas políticos con mucho más tino que el suscripto pueden opinar sobre este punto tan sensible.
Aclarado lo anterior, vuelvo sobre la pregunta que motiva estas reflexiones. Sí, es posible reformar la Corte, el sistema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y todo lo que un buen gobernante elegido democráticamente entienda conveniente para el futuro de la Nación. Pero hay que hacerlo respetando las instituciones, dando señales claras a todos los ciudadanos, a los que lo votaron y a los que no, despejando cualquier tipo de duda sobre la ética de las intenciones ocultas, que, como son precisamente ocultas, no se dan a conocer. Como escribió el Litto Nebbia: “Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia… La verdadera historia quien quiera oír que oiga…”.
El mandato de nuestro actual Presidente se inició el 10 de diciembre de 2019 y culminará a las 24 horas del 9 de diciembre de 2023. Y esto es un dato fundamental en la institucionalidad de nuestra nación y, el punto central de mi respuesta: es posible hacer todas las reformas que se deban hacer, plantear y discutir en el seno de nuestro Congreso todo lo que se estime conveniente para los intereses de la Nación.
Discutir si ampliar el número de los integrantes de la Corte, o si dividirla en Salas. Todo. Absolutamente todo se puede discutir, acordar, consensuar y si no votar. Para eso se ganan las elecciones. Y para eso votamos.
Pero un claro signo de institucionalidad y mensaje ético a la ciudadanía sería plantear la reforma que se pretenda hacer y se vote en el Congreso para entrar en vigor el 10 de diciembre de 2023.
La solución es tan simple y clara como eso, si lo que se propone es reformar instituciones, dando una señal de credibilidad y ética política.
En tiempos de pandemia, la ciudadanía ha llegado al extremo del hartazgo y repulsión por la discusión política del regateo de feria. El Coronel no tiene quien la escriba. Pareciera que nuestro presidente tampoco.
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