Las primeras noticias sobre allanamientos en oficinas de la municipalidad de Pinamar llegaron el jueves por la mañana y horas después el Gobierno a cargo de Martín Yeza emitía un escueto comunicado sin ahondar en los hechos que los habían motivado.
Con el correr de las horas, se conocieron algunos detalles de las maniobras fraudulentas con las tarjetas Alimentar en Pinamar, cuya causa está a cargo de fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios del departamento judicial de Dolores.
Según un pormenorizado informe al que Telégrafo tuvo acceso, la investigación comenzó en noviembre de 2020, a raíz de una denuncia realizada en sede judicial, que informaba de “manejos anómalos” en la entrega de la tarjeta Alimentar, cuya implementación depend…
En principio, se estableció que en el mes de abril se entregaron 1.400 tarjetas destinadas a la asistencia alimentaria a la dirección general de Gestión y Coordinación Territorial de la municipalidad de Pinamar, en ese momento a cargo de Nora Ponce (el 1 de marzo fue designada en una nueva área creada por el Gobierno de Juntos por el Cambio), para su distribución entre los beneficiarios.
De éstas, fueron reintegradas al Banco Provincia de Pinamar -entidad autorizada para la emisión del plástico- 129 tarjetas que no habían sido entregadas por diferentes circunstancias.
Al realizar un entrecruzamiento de datos entre los diferentes organismos intervinientes, se descubrió que en 55 tarjetas devueltas por el municipio, el monto había sido gastado. Incluso se pudo acceder a las transacciones realizadas y saber en qué establecimientos se habían hecho las operaciones.
Así, se comprobó que la totalidad de esas transacciones fueron realizadas mediante la utilización de dispositivos posnet entre el 1 y el 9 de noviembre -solo nueve días- por un monto de alrededor de 2 millones de pesos.
Los involucrados
A partir de estos datos, se sentaron las bases para presuponer que en la comisión del hecho investigado habrían participado al menos seis personas que fueron aprehendidas luego de los allanamientos.
De acuerdo a las fuentes consultadas por Telégrafo, se trata de Diego Borea -domiciliado en CABA-; Nicolás Ambao -quien alternaba residencia entre Cariló y la localidad de Florida (partido de Vicente López)- y Fabián Rosas.
Sobre éste último, también domiciliado en Pinamar, trascendió que habría pertenecido a policía bonaerense, siendo exonerado por estar “vinculado a causas de corrupción y exacciones ilegales”.
Dado que las tarjetas Alimentar, al momento de ser utilizadas, se encontraban en resguardo de la dirección general de Gestión y Coordinación Territorial de la municipalidad de Pinamar, la investigación señaló que alguna persona con acceso a este espacio se encontraría también involucrada en la maniobra fraudulenta.
Esto derivó en la detención de las agentes municipales Cecilia Pecarrere y Andrea Ríos, y su esposo José Fons
Allanamientos
En total, los allanamientos realizados el jueves fueron ocho. Se secuestraron cuatro notebooks, ocho posnet para realizar operaciones; 40 documentos de identidad de diversas personas; 20 tarjetas bancarias; cuatro teléfonos celulares y 286.110 pesos.
En la municipalidad de Pinamar, en tanto, se efectuó una compulsa de los equipos informáticos del área involucrada con información de interés para la causa, como así también documentación en formato papel.
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