Por Sergio Berensztein
Latinoamérica es una región caracterizada por los conflictos recurrentes. Los hay de diversa índole y cada nación termina procesándolos a través de dispositivos heterogéneos, los cuales definen el tipo de salida: pacifica o violenta, consensuada o discrecional, sustentable o inconsistente, permanente o efímera. Casi siempre, se obtiene un punto intermedio, ya que la resolución definitiva y de una manera virtuosa de los conflictos regionales más importantes parece muy difícil de alcanzar. Sin embargo, algunos trayectos resultan más alentadores. Los distintos patrones de conflictividad latinoamericanos sirven para poner en contexto el caso argentino.
Sufre desde hace décadas el flagelo del narcotráfico, el paramilitarismo y la violencia civil, a los cuales no le encuentra final. Tradicionalmente, procuró resolver el conflicto a través del enfrentamiento armado, respondiendo fuego contra fuego, incluso recibiendo ayuda de los EE.UU. para equipar a sus fuerzas policiales y militares (Plan Colombia).
Un hombre sostiene una pancarta durante una manifestación en contra del gobierno de Iván Duque en Cali. (Foto EFE/ Ernesto Guzmán Jr)
Pero la violencia jamás logró erradicarse. El expresidente Juan Manuel Santos optó por un camino distinto e intentó incorporar a los grupos guerrilleros al sistema político (aunque también hubo intentos de paz previos a Santos). Esta opción también fracasó. De hecho, jamás alcanzó los consensos necesarios como para ser una alternativa viable: fue resistida por la mayor parte de la ciudadanía (en el plebiscito de 2016 triunfó el “No”), rechazada por un sector clave de la clase política (el uribismo se manifestó en contra) e incluso no era aceptada por los grupos más radicalizados de la guerrilla. El conflicto permanece y la democracia es desafiada constantemente por el terror y la violencia.
Perú
Es un caso distinto. Durante toda la década del 90, gobernó Alberto Fujimori ejerciendo una fuerte represión contra la guerrilla sanguinaria de Sendero Luminoso y, asimismo, uso la violencia para controlar y acosar a disidentes y opositores. A pesar de la salida de Fujimori en los 2000, Perú nunca logró estabilizar su sistema político, que no logra brindar respuestas frente a las demandas acumuladas de la ciudadanía.
Perú se prepara para el balotaje (Foto EFE/ Paolo Aguilar)
La democracia de baja intensidad que existe en Perú se pone de manifiesto en el carácter volátil de sus presidentes y en la polarización extrema camino al ballotage entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. A pesar de esto, la violencia no escaló, al menos no hasta alcanzar los niveles de Colombia o del propio Perú en los 80 y en los 90 (cuando la organización terrorista Sendero Luminoso se encontraba en su apogeo y Fujimori sometía a sus críticos).
Chile
A partir del estallido social que comenzó en 2019, se vivieron episodios de violencia y el modelo político y económico que parecía ser un ejemplo para el resto de América Latina fue puesto cuestionado y quedó envuelto bajo un manto de dudas. La incertidumbre aún genera efectos adversos, incluso en términos financieros, con dolarización de activos y flujos de desinversión.
Chile elige a los 155 ciudadanos que redactarán una nueva Constitución que reemplace a la actual, promulgada en dictadura. (Foto EFE/ Alberto Valdéz Gómez)
Ante esta ola de nuevas demandas (vinculadas a los derechos sociales, la desigualdad, el alto costo de vida y el acceso a la educación), Chile optó por una salida institucionalizada. Es cierto que durante todo este proceso hubo momentos de represión polémicos y condenables (algunos procesos judiciales siguen abiertos), pero la salida final por la que se apuesta es política, con el acuerdo por una nueva Constitución. Imposible saber si la nueva carta magna será capaz de reconstruir la reputada estabilidad chilena, aunque la búsqueda de una solución institucional es a priori una buena noticia.
La Argentina
Desde hace décadas, el país atraviesa los conflictos derivados del aumento de la pobreza, la marginalidad y el desempleo. La situación se ha agravado recientemente con la fuerte inflación en alimentos, la cual afecta principalmente a los sectores populares (según INDEC, el rubro alimentos acumula un aumento del 18,7% en los primeros cuatro meses del año, ubicándose por encima del promedio general). ¿Cuál es la salida que busca nuestro país para este tipo de conflictos?
// Pobreza: una catástrofe de la que nadie se hace cargo
A poco de asumir, el gobierno de Alberto Fernández creó el programa “Argentina contra el hambre”, a partir del cual otorga la Tarjeta Alimentar a beneficiarios de la ya creada Asignación Universal por Hijo (es decir, un programa de asistencia que viene a compensar las limitaciones manifiestas de un programa anterior). Recientemente el gobierno del FDT amplió el monto de la Tarjeta Alimentar, pero los movimientos sociales no están satisfechos: no solo cuestionan el importe de la asignación, sino también su funcionamiento (que elude a los líderes piqueteros) y reclaman oportunidades laborales.
Incluso el Movimiento Evita y Juan Grabois, que forman parte del gobierno, cuestionan a la Tarjeta Alimentar. A medida que el malestar de los movimientos sociales crece, presionan con recurrentes marchas y cortes. En medio de las tensiones, el ministro Arroyo mantiene reuniones constantes con referentes piqueteros (la última realizada este sábado) en un intento por desarticular las manifestaciones.
// Una guerra por $250 mil millones: qué hay detrás de las quejas de los piqueteros K por el aumento de la Tarjeta Alimentar
La salida que busca el FDT es la misma que la Argentina ha repetido en los últimos años: se trata de soluciones parciales que intentan contener el conflicto, colocando parches transitorios basados en el dialogo con los líderes piqueteros, el reparto de cargos públicos y, sobre todo, en el gasto público. Todo esto sin resolver los problemas de fondo que son la causa de la conflictividad: la inflación, la escasa o nula generación de empleo privado formal, la falta de inversión y el estancamiento.
Afortunadamente, nuestro país no aborda el conflicto social de manera violenta.
A pesar de fuerte gasto social (según la Oficina del Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía, el 72% del presupuesto del 2021 se destinará a Servicios Sociales), la pobreza lejos de reducirse, va en aumento (ya supera el 40%).
La tarjeta Alimentar provocó polémicas dentro del seno del oficialismo. (Foto: Eva Cabrera/Télam)
Afortunadamente, nuestro país no aborda el conflicto social de manera violenta (quedan descartadas las hipótesis de Colombia o Perú) pero tampoco lo hace a través de una reforma institucional consensuada y consistente (como intenta hacerse en Chile).
// Movimientos sociales: los dolores de cabeza para el Presidente
La Argentina parece quedar atrapada en un equilibrio decadente en el que los conflictos no se resuelven, porque los problemas no se abordan. No hay una salida política de largo plazo, sino un proceso de cooptación que genera dependencia mutua entre el Estado y los movimientos sociales que terminan viviendo de él. Pasan los años y los gobiernos siguen optando por el camino más fácil: utilizar los recursos del Estado en míseros planes asistenciales que lo único que hacen es perpetuar el dramático status quo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario