Por Darío Palavecino | LA NACION
CARILÓ.- Sobre la franja de costa están los complejos multifamiliares y hoteleros. En el corazón del bosque se ubican las áreas con límites bien precisos para locales comerciales. Y en el resto del espacio, viviendas particulares. Cariló, desde su diseño original sobre 650 hectáreas, parecía que tenía poco margen para mutar. Hasta que empezó a ver la luz un proyecto de desarrollo que en tierras linderas promete llevarse varios cientos de árboles añosos, incrementar la oferta de plazas turísticas y, de no haber una obra adecuada de por medio, poner en problemas la estructura de servicios, en particular las redes de cloacas y agua que atienden la localidad. Los desarrolladores, por su parte, afirman que cumplieron con todos los pasos que exige la ley vigente.
El denominado plan Extensión Urbana de Cariló ya está en marcha en el extremo sur, donde además del cartel que anuncia el emprendimiento de Divisadero de Cariló SA ya se puede ver el trabajo para abrir los primeros caminos sobre este predio de 42 hectáreas más próximas al mar que es parte de un total de 900 que se extienden hasta el límite con la ruta 11 y que son una propiedad repartida entre los herederos de Héctor Manuel Guerrero, fundador de lo que hoy es el destino turístico más cotizado de la costa atlántica.
La Sociedad de Fomento Cariló (Sofocar) y otras entidades del balneario ya plantearon ante la municipalidad de Pinamar que el desarrollo presentaría irregularidades y sería en principio violatorio de la ley provincial 12.099, que declara "paisaje protegido" el parque Cariló, delimitado por el mar al Este, las calles Corbeta Agradable y Sequoia al Norte, la ruta 11 al Oeste y la avenida Constancia hacia el Sur. Esta última calle es el límite entre lo ya urbanizado y lo que vendrá y, al mismo tiempo, motivo de conflicto, ya que su traza actual -que tiene una proyección perpendicular al mar- posee un desvío y posibilita que el nuevo y futuro loteo proyecte espacios para nuevos hoteles y servicios de playa que los fomentistas consideran dentro del área protegida por ley.
Los abogados de Divisadero de Cariló SA dijeron a LA NACION que el proyecto pedido por Carlos Guerrero, nieto del fundador del balneario, completó todos los pasos legales y citó el informe urbanístico del arquitecto Heriberto Allende que certifica que los parámetros de la ley de paisaje protegido "se respetan e incluso están sobrecumplidos" en este plan de loteo.
Los dirigentes de Sofocar se mantienen firmes ante el proyecto que avanza y cuestionan pasos que se han dado. "El oscurantismo y el ocultamiento hacia las entidades intermedias y la comunidad de Cariló fueron absolutos", advierten en una nota que sus directivos entregaron a las autoridades comunales el 16 de septiembre pasado. Señalan en particular que la autorización de proyectos como Extensión Urbana de Cariló requiere una aprobación por audiencia pública, que se hizo el 22 de marzo del año pasado. Pero acusan que con concurrencia mínima y muy particular. "Los emprendedores se manejaron a su antojo y con total discrecionalidad", dicen los fomentistas cuando exponen planillas de asistencia cerradas en blanco. Y citan la desgrabación de esa reunión, en la que se enumera entre los presentes sólo a partes interesadas en el proyecto, entre ellos propietarios de esas tierras, representantes del estudio de arquitectura a cargo del desarrollo y su asesor legal.
"El que no vino no vino; se lo perdió", dijo a LA NACION la arquitecta Raquel Bravo Almonacid, directora de Administración de Obras Públicas de Pinamar, y aseguró que el municipio cumplió "con todos los pasos" para que se difundiera la convocatoria a esa audiencia pública, tanto en medios como en el boletín oficial.
El proyecto de ampliación del ejido urbano de Cariló data de 2003. Primero con la idea de sus impulsores y luego, un par de años después, con la ordenanza municipal que le daba el primer visto bueno. Se prevé, sobre algo más de 42 hectáreas, un tercio de parcelas para casas de familia. Unos 25.000 m2 para unidades multifamiliares. La hotelería se repartirá en casi 70.000 m2. Otros 4600 metros quedarán reservados para comercios y 13.343, para equipamiento de playa. Todo tiene aprobación de la provincia con un decreto que en 2011 firmó el gobernador Daniel Scioli. Pero provoca grandes controversias entre los vecinos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario