El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación precisó como día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia mediante el dictado de la ley 25.633, el 24 de marzo de cada año, fecha que recuerda el inicio de la última y oscura dictadura militar que soportó nuestro país, que se inició en 1976 y finalizó en 1983 con la vuelta de la democracia.
Es un día, por tanto, que debe llamarnos, principalmente al recuerdo de las víctimas del genocidio desatado por las fuerzas militares contra el propio pueblo que las sostenía y nutría.
El concepto dinámico del recuerdo y de la memoria colectiva debe dirigirse inevitablemente a las llamadas políticas reparatorias, que se encuentran direccionadas a contener a los que sufrieron detención y tortura, a los familiares de quienes resultaron muertos y desaparecidos, a los que sufrieron lesiones gravísimas, o que nacieron durante la privación de la libertad de sus madres durante la última dictadura militar, y a quienes se privó de su natural identidad.
Esa dictadura militar, más que ninguna otra, se nutría de un pensamiento economicista, que hacía que todo se viera desde el punto de vista de los beneficios económicos, y no de la óptica de los seres humanos, quienes constituyen la única estrategia de los gobiernos democráticos.
Este pensamiento economicista permitió que se secuestrara, torturara y ejecutara a infinidad de personas, creando un sistema de terror urbano en el que el hecho de expresar una opinión política las convirtiera en sospechosas de actividades nocivas para el Estado.
De esa forma se establecieron centros clandestinos de detención en donde se privaba de la libertad de miles de activistas civiles, trabajadores, sindicalistas, políticos, maestros, familiares y a toda persona que pretendiera mostrar su descontento y repudio contra la dictadura fascista que nos oprimió.
Los detenidos en estos centros clandestinos fueron conocidos como “los desaparecidos” y la gran mayoría de ellos terminaron sus días ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares.
Este plan de exterminio de personas sentado por el gobierno militar como pretensión de acallar las ideas de una rica generación de argentinos y argentinas ha hecho imposible hasta nuestros días precisar el número exacto de víctimas. Los organismos de derechos humanos estiman la cantidad en 30.000 personas; la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación tenía registradas aproximadamente 15.000 víctimas civiles hasta el año 2007. El organismo creado por la democracia para investigar estas atrocidades (CONADEP), en poco tiempo documentó 8.961 casos, dejando establecido la existencia de otros casos que por tiempo o falta de datos concretos no se pudieron incorporar.
Y el ejercicio de esa memoria dinámica que sostenemos es importante para proyectar al futuro una definición indeleble y sin fisuras que impida y evite la repetición de estos actos y aberraciones propias de mentes desquiciadas y de ideólogos del crimen.
Es importante hacer memoria porque los años pasan, y siempre vamos a encontrar a personas que quieren olvidar lo que pasó, maquillando estos hechos y reinterpretándolos con los discursos de mano dura, hasta animándose a plantear la necesidad de la pena de muerte nuevamente en nuestro país.
Es importante hacer memoria porque con ella, cumpliremos con la obligación ciudadana de defender para siempre nuestra democracia, procurando así la seguridad para cada persona de nuestro país de nacer y vivir con dignidad, con apego irrestricto a la garantía de los derechos humanos para todos.
Concejal Alberto A.Germain
Fte.para la Victoria-Proyecto Nacional
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