EMPRESARIOS ADVIERTEN QUE LA AYUDA PARA PAGAR SUELDOS NO LE DA AL ESTADO NINGUN DERECHO PARA QUEDARSE CON ACCIONES DE LAS COMPAÑIAS

El sector privado repudió la idea que esbozó en los últimos días la diputada K Fernanda Vallejos en base a la experiencia de otros países

Por Natalia Donato

19 de mayo de 2020
ndonato@infobae.com

La idea que esbozó la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos respecto de la posibilidad de que el Estado se quede con parte de las acciones de las compañías a las que está ayudando en el marco de la pandemia, generó un fuerte repudio en el sector empresario, hoy focalizado en poder volver a producir.

Si bien todavía no existe ni siquiera anteproyecto, el sector privado comenzó a advertir sobre los riesgos de una decisión de esas características, ya que sostienen que las compañías están recibiendo ayuda para pagar los sueldos producto de que el Gobierno no las deja producir por el COVID-19. Además, remarcan que los fondos se depositan directamente en las cuentas bancarias de los empleados, no de la empresa.

El dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, aseguró que “es un absurdo". “Primero, porque en todo caso debería plantearse antes de otorgar cualquier tipo de apoyo. Además, se trata de colaborar en una medida muy mínima para tratar de mantener la mayoría de las empresas en pie en una situación absolutamente atípica, que excede a las empresas y también excede al Gobierno”, sostuvo el empresario de la salud.



En tanto, el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y dueño de Cerámica Alberdi, Martín Rappallini, sostuvo que la ayuda que ofrece el Estado es “una medida de contención social”, ya que es el mismo Estado el que les dice a las empresas que no pueden trabajar ni despedir trabajadores. Remarcó que “las empresas no están teniendo ningún beneficio. Eso no tiene ninguna relación con tener parte de la empresa porque la ayuda viene a compensar una decisión del Gobierno", sostuvo, al agregar, por otra parte, que “son las empresas las que sostienen al Estado con el pago de los 160 impuestos que hay vigentes”.

Por su parte, Martín Cabrales coincidió con el repudio al proyecto y lo consideró “un disparate”. “No lo he leído, pero la sola idea me parece algo disparatada sin sentido. No es el rol específico del Estado ser empresario; además, se están dando ayudas en el marco de una pandemia internacional, en un contexto donde las industrias en nada son beneficiadas y en lo único que se piensa es en mantener las fuentes de trabajo y en no romper la rueda productiva”, remarcó el dueño de la empresa productora de café.

“Las empresas reciben fondos para pagar una parte de los sueldos, o sea, la plata va a los empleados, no a los accionistas de las empresas. No veo por qué debería el Estado quedarse con parte de la empresa”, agregó el dueño de Morixe, Ignacio Noel, quien agregó: “No coincido con el proyecto porque si las empresas requieren asistencia es porque están inactivas por una decisión del Estado, que actuó muy bien para evitar el impacto de la pandemia”.

Tras las críticas de varios sectores políticos y económicos a la iniciativa, Vallejos volvió a referirse hoy al tema en su cuenta de Twitter, donde planteó que si bien no conoce casos de países de la región donde se están capitalizando empresas en el marco del COVID-19, sí sucede en las economías europeas y en los Estados Unidos, dijo.

Frente a eso, el vicepresidente Pymi de la UIA y dueño de Sinteplast, Miguel Ángel Rodríguez, explicó que en esas economías existen seguros de desempleo y con eso les pagan a los empleados que no trabajan. Y en los casos de empresas grandes con grandes problemas financieros, las socorren con importantes aportes, y es en esos casos donde los Estados toman parte de las acciones.

“Parten de premisas equivocadas. Acá lo que están haciendo solamente es ayudar algo con la nómina salarial a muchas empresas que el Gobierno no deja trabajar y tampoco suspender. Pero no están ayudando con capital de trabajo”, planteó el industrial, quien añadió que “en el segundo semestre habrá una gran cantidad de empresas que entrarán en convocatoria” y “la desocupación va a ser muy grande”.

El dueño de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, por su parte, no fue tan crítico con la iniciativa de la diputada oficialista, aunque advirtió que nunca podría hacerse como un método de castigo. Consideró ventajoso que el Estado se involucre en los problemas que hoy afronta el sector privado y que, incluso, aporte soluciones. Se mostró de acuerdo con esa idea y sostuvo que si eso tiene que ser mediante la cesión accionaria, no tiene problemas en discutirlo.

“No soy de los que le da pánico que el Estado se involucre, pero sí que lo haga activamente y colaborando. Pero si esta medida se piensa como un método de castigo, vas a dañar a mucha gente que está tirada en el suelo”, manifestó el productor de aluminio. Y añadió: “El punto central de la discusión es volver a poner la actividad en marcha. Yo no le tengo miedo a trabajar con el Estado bajo cualquiera de las figuras. Lo que sí me da miedo es perder el tiempo”.