DIARIO LA CAPITAL DE MAR DEL PLATA
La Ciudad 17 de marzo de 2017
Choferes fantasma: imputan a empresarios por una defraudación al Estado de 11 millones de pesos
Lo resolvió el juez federal Santiago Inchausti, quien dispuso que la causa quede en secreto de sumario. Algunos de los acusados son los empresarios Juan Inza -responsable de las empresas 12 de Octubre, 25 de Mayo y El Libertador- y Diego Basílico -El Libertador- y el contador, Federico Pomero.
El juez federal Santiago Inchausti imputó a empresarios del transporte en la causa conocida como “choferes fantasma” en la que se investiga una defraudación al Estado calculada en 11 millones de pesos.
Según pudo confirmar LA CAPITAL de fuentes oficiales, los principales imputados son los empresarios Juan Inza -responsable de las empresas 12 de Octubre, 25 de Mayo y El Libertador- y Diego Basílico -El Libertador- y el contador, Federico Pomero.
Inchausti ordenó que la causa quede bajo secreto de sumario durante 10 días por lo que los detalles de lo resuelto por el magistrado y la nómina de todos los acusados se mantiene bajo hermetismo.
En base a fuentes consultadas por LA CAPITAL, es probable que en los próximos días se tomen más medidas procesales que podrían terminar con el llamado a indagatoria de los imputados.
Además, como la víctima de esta maniobra sería el Estado Nacional, el Ministerio de Transporte de la Nación solicitó presentarse como querellante. Inchausti deberá decidir en las próximas horas si acepta el pedido.
La causa se inició en abril de 2016 partir de una denuncia del abogado laboralista Julio Hikkilo, quien llevó a la Justicia los testimonios de varias personas que aparecían en los registros de la Anses y la AFIP como choferes de las empresas de micros, cuando en realidad, nunca habían desempeñado esa tarea. Todos ellos, en su mayoría desocupados, habían descubierto su situación al intentar cobrar su Asignación Universal por Hijo. Figuraban con un salario de 18 mil pesos que nunca había cobrado.
En un primer momento, la denuncia quedó en manos del fiscal Berlingeri, quien determinó que había decenas de personas en la misma situación, muchas de las cuales figuraban en los registros de personal de la 25 de Mayo y la 12 de Octubre sin sus consentimientos.
Según el funcionario las “falsas contrataciones” se habrían producido entre los meses de enero y febrero de 2016, con la aparente intención de que las empresas cobraran durante esos meses mayores subsidios de los que les hubiese correspondido percibir.
Tras una extensa investigación, a finales del año pasado Berlingeri consideró que la maniobra, por tratarse de un presunto fraude contra el Estado nacional, debía seguir siendo investigada por la Justicia Federal.
Por eso motivo le trasladó la competencia a ese fuero e Inchausti quedó a cargo de la causa.
En la investigación consta que por ejemplo la empresa 12 de Octubre contaba en diciembre de 2015 con 122 empleados declarados, cifra que en enero se elevó a un total de 253.
La 25 de Mayo, en tanto, declaró tener 578 empleados en diciembre de 2015 y en enero, 753. Durante la investigación, Berlingeri identificó en los formularios presentados por las empresas ante AFIP tres firmas: la de los empresarios Juan Inza y Diego Basílico y la del contador Federico Pomero.
Todos estos datos ya fueron recibidos por Inchausti. En principio, 80 víctimas ya confirmaron no haber trabajado nunca en esas empresas y que se enteraron de esta situación cuando fueron a cobrar algún beneficio social. Todas habían dejado su curriculum en la compañía de transporte con sus datos personales.
Ahora, la Justicia Federal se concentrará en tomar más declaraciones testimoniales a las posibles víctimas y en analizar los documentos secuestrados durante los allanamientos realizados el jueves desde la mañana hasta la noche. En los procedimientos realizados por la División de Delitos Económicos de la Policía Federal se secuestró información obtenida en la sede de la empresa 25 de Mayo y en la casa de los acusados.
Choferes fantasmas: un nuevo revés judicial para los empresarios
La Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Inza y los otros cinco imputados. Señaló “la clara intención de no fallar en su ardid y así inducir a error al Estado”.
La Policía en la empresa 25 de Mayo durante un allanamiento (Foto: archivo / QUÉ Digital)
En sintonía con lo resuelto en julio del año pasado por el juez de primera instancia, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó en las últimas horas los procesamientos de los seis empresarios implicados en la escandalosa causa “choferes fantasmas”, maniobra a través de la cual defraudaron al Estado Nacional ya que falsearon declaraciones juradas en las que figuraban empleados en blanco que nunca fueron contratados para el cobro de más de $16 millonesen conceptos de subsidios entre enero, febrero y marzo de 2016.
Mientras la concesión del servicio de transporte público de pasajeros está presente en el debate político teniendo en cuenta el fin del contrato que se concretará en mayo del año que viene -aunque el gobierno pareciera apuntar a prorrogarlo por tres años más-, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del empresario Juan Inza-que monopoliza como “apoderado” o “gerente” prácticamente todas las empresas de colectivos que operan en la ciudad- y de los otros cinco acusados: Juan Inza -padre-, Diego Basílico -Peralta Ramos-, Federico José Pomero -contador-, José Alberto Ferraresi -12 de octubre- y Carlos Málaga -gerente de la 25 de mayo-.
Todos ellos están acusados de ser coautores penalmente responsables en orden a la presunta comisión del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública por doce hechos en concurso real.
En concreto, los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza rechazaron los argumentos presentados por los empresarios en contra del procesamiento dictado por el juez Santiago Inchausti. Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, los magistrados en su resolución señalaron que “el andamiaje sobre el que se apoyaron los responsables de las firmas para llevar a cabo su plan defraudatorio, tuvo su lado formal y legal, debidamente cumplido y ello no hace más que demostrar la clara intención de no fallar en su ardid y así inducir a error al Estado”.
Teniendo en cuenta lo sostenido por las defensas de los acusados -que a lo largo de toda la causa presentaron argumentos insólitos como el que en una declaración expuso Juan Inza respecto a lo “dificultoso que resulta dirigir empresas” de este tipo-, los jueces consideraron que “no resulta ajustado al normal funcionamiento de una empresa que sus máximas autoridades gerenciales desconozcan el contenido de documentación que suscribían”.
Y remarcaron que ello debe tenerse en cuenta “máxime cuando no se trataba de un trámite simple y de menor trascendencia dentro del giro comercial sino en la suscripción -con firma escrita o digital de sus autoridades- de numerosos documentos que eran requeridos para obtener un importante subsidio estatal para su actividad”.
CANTIDAD DE CHOFERES FANTASMAS INSCRIPTOS POR MES
Por otro lado, descartaron otro insólito argumento de la defensa respecto a su presunto objetivo con la operatoria de querer beneficiar a los pasajeros con un menor costo del pasaje de colectivo al sostener que “resulta difícilmente sostenible conforme la lógica y las máximas de la experiencia, que distintos empresarios hubieran asumido el riesgo de encarar una actitud temeraria como la verificada en la instrucción, con el solo objeto de mantener un subsidio al valor del boleto de los ómnibus y caritativamente evitar que los pasajeros abonaren un incremento”.
La causa judicial, tal como informó QUÉ Digital paso a paso a lo largo de su desarrollo, se inició a partir de una denuncia presentada en la Fiscalía de Delitos Económicos por parte de la Casa del Trabajador, en representación de personas que habían perdido sus beneficios sociales por figurar en el sistema oficial como contratadas en relación de dependencia por las empresas de transporte. Luego de la extensa y precisa investigación del fiscal Fernando Berlingeri, se declinó la competencia hacia la Justicia Federal por el tipo de delito en cuestión y en esa instancia el Ministerio de Transporte de la Nación también formuló una denuncia por los mismos términos.
TOTALES APROXIMADOS DE LA DEFRAUDACIÓN POR EMPRESA
El Libertador: $1.145.031,83
12 de octubre: $ 4.971.240.34
Peralta Ramos: $ 2.643.765,64
25 de mayo : $ 7.449.642,66
Cuando dictó los procesamiento en julio del año pasado el juez Santiago Inchausti estableció que las cuatro empresas implicadas -25 de Mayo, Peralta Ramos, El Libertador y 12 de Octubre- funcionan a partir de un holding de hecho en el que la firma 25 de Mayo ha capitalizado y absorbido tácitamente a las tres restantes, sin perjuicio de que cada una funcione de manera independiente. Es decir, todas las empresas funcionan bajo el poder de Juan Inza.
PASADO Y PRESENTE
Los fantasmas que acechan al transporte
Acusados por asociación ilícita, estafa y defraudación, empresarios del transporte de La Feliz quieren conservar el servicio. El poder político mira para otro lado y la Justicia Federal avanza lentamente.
El transporte público de pasajeros de Mar del Plata es un monopolio. A lo largo del tiempo, las empresas quebraron y cambiaron de dueño, pasando la mayoría a uno solo: Juan Inza. Un empresario amigo de muchos, que no le costó tanto conseguir el título de “rey del subsidio marplatense”.
En las vísperas de un nuevo proceso licitatorio, donde todo indica que en el negocio seguirán los mismos protagonistas de siempre, porque el pliego nuevo sería a su medida, los actores políticos parecen olvidar, una vez más, la causa de los choferes fantasmas.
Todo comenzó en marzo de 2016, cuando una mujer se vio imposibilitada de cobrar su Asignación Universal por Hijo. Al consultar por qué se le dio de baja en AFIP y en ANSES, le dieron constancia que su marido, Luis Alberto Verón, cobraba 19 mil pesos mensuales como chofer de la empresa 12 de Octubre. Pero eso era falso, ya que el mencionado sólo había llevado el currículum a la empresa ofreciendo su servicio como chapista. Ni siquiera sabía conducir.
El abogado Julio Hikkilo, de la Casa del Trabajador, intimó a la compañía por la confusa maniobra para que corrija la situación ante la DGI y los organismos públicos para que la mujer, cuyo único ingreso era la Asignación, pudiera seguir percibiéndola. Como respuesta recibió un sugestivo silencio.
En el transcurso de esa semana, la Casa del Trabajador recibió siete denuncias iguales. Por lo que se confirmó lo que se sospechaba, que no se trataba de errores involuntarios, como sostuvieron los empresarios, sino de una maniobra ilícita. El modus operandi sistemático era: las personas llevaban sus currículums a las empresas, nunca eran contratadas y sus datos eran utilizados para aumentar la cantidad de subsidios recibidos por parte del Estado.
Finalmente, aparecieron 392 casos, en todos ellos eran choferes supuestamente contratados en enero, febrero y marzo del 2016. Rápidamente, la situación irregular se hizo pública, justo en la misma época que en el Concejo Deliberante se discutía un aumento de la tarifa plana del boleto, en el marco de una gran amenaza de los empresarios de despedir más de 300 trabajadores si no se daba el aumento.
La Casa del Trabajador hizo la denuncia en el Ministerio de Trabajo, brindando toda la información. Lo mismo se hizo frente a los 24 concejales para que no se otorgara el aumento porque el estudio de costo estaba mal hecho y se había inflado la nómina de empleados. Los empresarios intentaban meter presión diciendo que si no se subía el boleto, iban a reducir personal. Aunque, aparentemente, las amenazas de despido hacían referencia a los choferes ficticios.
Hubo oídos sordos en el Concejo Deliberante. El único edil que mostró interés en verificar la situación de irregularidad fue Marcelo Fernández, de Acción Marplatense. Sin embargo, se aprobó el aumento del 42,9% y el boleto aumentó $2,06.
Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo llamó a una audiencia, pero los empresarios presentaron un escrito declinando su participación en la misma. Esto que motivó a iniciar una denuncia penal, porque se estaban utilizando datos truchos de supuestos trabajadores para conseguir subsidios del Estado.
También se puso en conocimiento a la Justicia Provincial, y el caso recayó en la Fiscalía 10, a cargo de Fernando Berlingeri, que tomó declaraciones a numerosos testigos, inició una investigación y solicitó informes. Pero hasta ahí se llegó y no se avanzó más. De todos modos, con la investigación, el fiscal aseguró que, durante enero, febrero y marzo de 2016 los empresarios recibieron más de $11.433.037,04 en subsidios por parte de Nación y de forma irregular. Según Berlingeri se trató de una maniobra dolosa, de naturaleza federal, por lo que se declaró incompetente y abandonó la causa.
Frente a la falta de competencia de la justicia provincial, se remitió la causa al Juzgado Federal N° 3 de Santiago Inchausti, quien llevó adelante un allanamiento, por lo que el tema tomó trascendencia a nivel nacional y obligó al Ministerio de Transporte a presentarse como denunciante. Una maniobra hábil del ministro Guillermo Dietrich, que podría ser imputado por la entrega de subsidios sin certificación.
Luego, con el procesamiento de Cámara de Apelaciones Federal quedó comprobado que hubo responsabilidad de los funcionarios municipales, provinciales y nacionales. El primer responsable es el municipio, específicamente la subsecretaría de Transporte y Tránsito a cargo de Claudio Cambareri, quien hizo silencio. La provincia no controló. Dietrich aún menos.
Según informaron desde el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a partir de esa solicitud presentada por el Ministerio, el juez Inchausti corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que “evalúe la posible solicitud de elevación a juicio de la referida investigación”. Cuando la defensa de los empresarios acusados apeló los procesamientos, desde la Fiscalía General realizaron una presentación que coincidió con las conclusiones del juez, afirmando que los imputados “tenían un grado de importancia dentro de las empresas y en general en el grupo empresario”, por lo que “las irregularidades existentes en el trámite eran evidentes a los ojos de todos los encartados”. La causa avanzó. Hoy tiene 5 personas procesadas, esperando la elevación a juicio, y hay funcionarios que podrían ser investigados por su responsabilidad.
Mientras tanto, en mayo del 2019 vence la actual concesión de las empresas de Inza, y en el Concejo Deliberante ya están discutiendo el nuevo pliego de licitación que fue elaborado por la subsecretaria de Tránsito a cargo de Claudio Cambareri, pasó por la secretaria de Gobierno, donde Alejandro Vicente le dio el ok, y la de Legal y Técnica, donde Gustavo Gil de Muro también le dio vía libre.
Está claro que el negocio, tal como lo lleva a cabo Juan Inza, es absolutamente rentable, y si a ese rédito se le suma la ayuda de los subsidios que habrían sido irregulares, mucho más. Que los empleados ficticios existieron no hay dudas. Que el arco político, de la oposición y el oficialismo lo saben y no actúan también es cierto. En tanto, la Justicia avanza con su acostumbrado ritmo.
A pesar de esto, la duda de muchos es si los empresarios locales podrán ganar nuevamente la licitación, cuál será su costo por hacerlo, o si el Gobierno Nacional aprovechará para traer a las empresas porteñas, como ya sucedió en el predio de disposición final de residuos, donde opera la Ceamse.
Quiénes son los transportistas que están procesados
Juan Inza -titular de 25 de Mayo, 12 de Octubre y Libertador-, Diego Basílico –Peralta Ramos-, Juan Inza - padre-, el contador público Federico Pomero, José Alberto Ferraresi y Carlos Málaga; por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables en orden a la presunta comisión del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública por doce hechos en concurso real.
Para ellos, el juez Inchausti ordenó trabar embargos hasta cubrir la suma de $20 millones. Los empresarios procesados no tienen prisión preventiva y es probable que no sean condenados a una pena que los haga pasar por una estadía en algún penal federal del país.
La Justicia reconoció la existencia de un “holding de hecho”
Con el procesamiento, el juez Inchausti estableció que las cuatro empresas implicadas funcionaban a partir de un holding de hecho, en el que la primera capitalizó y absorbió tácitamente a las tres restantes. Es decir, todas las empresas y sus seis grupos de líneas funcionan bajo el poder de Juan Inza, aunque el pliego de licitación establecía que ningún oferente podía manejar más de dos grupos de líneas.
La concentración comenzó cuando 25 de Mayo absorbió, entre 2001 y 2003, los recorridos de las desaparecidas Martín Güemes SA, 9 de Julio SRL y La Marplatense, mediante adjudicaciones provisorias y sin que se regularizara la situación mediante licitación.
Posteriormente, 12 de Octubre transfiere el 100% del paquete accionario a un grupo de socios de 25 de Mayo, con autorización del Municipio, constituyendo de hecho una transferencia de titularidad de las licencias, más allá de mantenerse como persona jurídica autónoma.
Ya entrada la actual década, General Pueyrredón SRL se presenta a convocatoria de acreedores y, con acuerdo judicial, se autoriza la transferencia de titularidad a favor de 25 de Mayo. Finalmente, en 2015-16 se opera la venta del paquete mayoritario de las acciones de la firma Peralta Ramos SA, que son adquiridas por socios de la 25 de Mayo. En tanto, si bien El Libertador SRL mantiene su individualidad como persona jurídica, los socios y órganos de administración son parte de la 25 de Mayo y, de hecho, comparten el mismo domicilio fiscal (Av. Constitución 10250) en conjunto con 12 de Octubre.
Renovación del servicio: todos los caminos conducen a Inza
En mayo de 2019 vencen los contratos de las firmas que operan el sistema de transporte público desde el anterior proceso licitatorio, de 2007. Luego de meses de dilación, en octubre la subsecretaría de Transporte presentó un anteproyecto de Pliego de Bases y Condiciones, el cual por estos días comenzará a ser debatido en el Concejo Deliberante.
¿Qué plantea? Más allá de algunas propuestas para el mejoramiento del servicio, con la incorporación de unidades adaptadas para pasajeros con necesidades especiales, en lo medular el proyecto apunta a cristalizar lo que de hecho se da en la ciudad: la existencia de un monopolio.
La propuesta elevada por el Ejecutivo estipula una extensión de las licencias de los actuales 12 años a 15, más una prórroga de 3 años. Pero lo fundamental está en la reestructuración del sistema: se busca pasar de los actuales 7 grupos de líneas a 3, donde las líneas se reducen de 28 a 13.
El grupo 1 estará constituido por seis líneas, el Grupo 2 por cinco y el Grupo 3 por dos. La clave reside en que una misma firma podrá operar hasta dos grupos, por lo que en los hechos podrá controlar hasta el 85% de las líneas, constituyendo un monopolio si se tiene en cuenta, además, que el Grupo 3 operaría los servicios que unen Mar del Plata con Batán, con un tráfico muy menor en comparación al resto.
“Estamos ante un pliego a medida de Juan Inza”, reconoció a La Tecla un empresario que conoce como pocos el negocio transportista en Mar del Plata.
REPSAL: dos firmas no podrían recibir subsidios
Entre otras cosas, en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) figuran las empresas sancionadas por trabajo no registrado, y que no regularizaron la infracción, o que si bien lo han hecho permanecen en el Registro por el período establecido en la ley.
Esa es la situación de 25 de Mayo SRL, que tiene dos sanciones vigentes de 2017. Lo mismo ocurre con la Peralta Ramos, que recibió una sanción en octubre de 2017.
“Encontré que en cada expediente hay una manipulación de datos”
Marcelo Fernández, de Acción Marplatense, el partido del ex Intendente Gustavo Pulti, fue el único concejal que actuó en consecuencia cuando se notificó de la denuncia de la malversación de datos de las empresas sobre los choferes.
En diálogo con La Tecla Mar del Plata, Fernández dijo: “Me di cuenta que el Ejecutivo hacía y hace el estudio de costos para llegar a un valor estimativo que satisfaga las necesidades o el deseo de los empresarios. Encontré en cada expediente que hay una manipulación de datos y que cualquier pedido de explicación que hiciéramos nunca iba a ser contestado con certeza. La manipulación de datos era en la cantidad de kilómetros recorridos o la cantidad de pasajeros transportados. A partir de la llegada de la tarjeta SUBE esos datos fueron transparentados. Además, en el estudio de costos hay errores respecto a los subsidios percibidos anualmente por las empresas.
Los últimos expedientes tuvieron hasta la modificación de los modelos de vehículos, y aún así se habilitó un aumento en el boleto”. Además agregó: “Todas esas cuestiones fueron planteadas en las sesiones y en las comisiones de Transporte y nunca fueron tenidas en cuenta”.
Con un dejo de desilusión, Marcelo Fernández sentenció: “La sensación que me queda es que si el expediente constara solamente de una foja en la que se pudiera un valor al boleto, habría la mayoría necesaria para aprobarlo”.
Claudio Cambareri: el que calla, otorga
No sólo en el HCD hicieron oídos sordos, sino también Claudio Cambareri y su, por entonces, Dirección de Tránsito. A pesar que el pliego de licitación señala que “el Ejecutivo puede disponer la caducidad de la concesión cuando haya falseamiento de informaciones o datos”, desde el Ejecutivo no se hizo nada. En su momento Cambareri aseguró: “No es un tema que nos atañe a nosotros”.
¿Quién se hará cargo de la quita de los subsidios?
A dos meses del anuncio del recorte de subsidios, la Comuna aún no informó cómo afrontará la situación, aunque reconocen la preocupación y no ven otra salida que trasladarlo al precio del boleto.
Lo concreto es que en el Presupuesto 2019, presentado por la Secretaría de Hacienda, nada se contempla al respecto. Ni en la proyección de gastos está prevista una partida para la subvención del boleto como tampoco la recepción de ingresos a partir de transferencias que puedan llegar de Nación o Provincia.
Los empresarios fijaron anuncios en los micros donde aseguran que, con la quita, el boleto se irá a $40. “Los carteles son para ayudar a Mar del Plata, porque si sacan los subsidios, la diferencia se traslada al pasajero, aunque los números reales son más bajos”, sostuvo Claudio Cambareri, subsecretario de Transporte. En ninguna hipótesis aparece que los empresarios absorban el recorte. Un cálculo optimista podría llevar el actual boleto de $13,55, a unos $25 pesos.
Los beneficios a los que acceden las concesionarias
Las concesionarias están afectadas al cobro de compensaciones tarifarias correspondientes al Sistema Integrado de Transporte Automotor y de su régimen de Compensaciones Complementarias Provinciales, y también reciben el beneficio correspondiente al Régimen de Gasoil a precio diferencial.
Además, por brindar servicios en una ciudad turística, reciben un beneficio extra si aumenta un 20% la planta de empleados. Este último beneficio llevó a Inza y a sus socios a aumentar el número de conductores, hasta 3 por vehículo según resolución ministerial.
Batán S.A: sin choferes fantasmas
Con dos líneas de colectivos N° 720 y 715, comienzan los recorridos en la Ruta 88 y lo terminan frente a la vieja estación de ómnibus de La Feliz. Es manejada por una familia unida, que supieron sortear las dificultades y las insistentes (tentadoras) ofertas de Inza. Los dueños están involucrados con la empresa, si algún chofer falta, se suben las unidades a trabajar.
Diariamente, hacen recorridos especiales para trasladar a los alumnos de las escuelas Paraje San Francisco y Paraje Los Ortiz. Lo hacen gratis, según ellos es su deber.
Renuncia sospechosa en el Gabinete de Vidal
El subsecretario de Transporte bonaerense, Mariano Campos, renunció a su cargo. La salida se da en el medio de la controversia en el área que deberá absorber la transferencia de los subsidios de colectivos urbanos desde Nación a la Provincia. En su reemplazo asumirá Fernando Riavec, consultor financiero, experto en mercado de capitales, asesor económico, y con pasado en el ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires.
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