Pinamar ya quedó en ridículo y bajo revisión cuando se supo que había pagado un hospedaje de 80 efectivos policiales que nunca llegaron para reforzar la seguridad en el municipio. Ahora, el tema es el eventual desalojo de la Departamental XIII porque no paga el alquiler de predio que ocupa. Y el incumplimiento se remonta a enero de 2013. El Municipio de Pinamar desconoció el contrato desde que lo suscribió, en enero del 2013. El juicio de desalojo tiene dictámenes favorables de la jueza de Paz, Silvia Gugilielmetti, a quien las autoridades le niegan la competencia. La fiscalía de Villa Gesell ya investiga el pago de hospedaje a 80 efectivos que no llegaron. El concejal K, Juanjo Dos Santos, en el ojo de la tormenta desatada por una nota de Urgente24.
Mientras la fiscalía de Villa Gesell investiga la contratación y pago de hospedaje para 80 efectivos policiales que nunca llegaron, la Departamental XIII de Pinamar puede ser desalojada del inmueble que ocupa por incumplimiento del contrato de alquiler desde que fue suscripto, en enero del 2013.
Las autoridades municipales son las únicas en condiciones de explicar el evidente desatino en la asignación de recursos para el área de Seguridad con un gasto de $152.000 entre mayo y agosto por un servicio de hotelería que no fue utilizado en ese período, mientras en simultáneo desconocieron la obligación contraída por un total anual de $72.000 asumida para proveer de un edificio a los 159 efectivos que se desempeñan en esa delegación policial, ubicada en Alem y Colón, Ostende.
Sebastián Damiani es una figura clave para descubrir la lógica que podría vincular esas operaciones inmobiliarias concretadas por el Municipio. Así lo entendió el concejal (UCR) Lucas Ventoso al citarlo en la denuncia presentada en su contra, como la de otros, por presuntas irregularidades en el alquiler de “El Dorado”, de Mar de Ostende.
El fiscal de Pinamar, Juan Pablo Calderón, se excusó porque su asesora, Ximena Soledad Fiad, es la pareja de Damiani. También porque el actual secretario de Gobierno ocupaba la cartera de Hacienda al momento de ser suscripto. Pero, además, porque fue quien autorizó la erogación de las partidas presupuestarias necesarias para llevarla adelante y por haber acompañado con su firma el Decreto N°711/14 firmado el 11 de abril por Pedro Elizalde para declarar la operación de Interés Municipal y habilitar así el proceso de adjudicación directa.
Elizalde lo hizo entonces como jefe comunal interino del Departamento Ejecutivo por una licencia pedida por su titular, Hernán Muriale, y acaso sin imaginar que solo cuatro meses después lo reemplazaría en forma efectiva. Después de la renuncia que se vio forzado a presentar a la Intendencia el 31 de agosto.
Fue cuando trascendió la depredación de médanos para abrir una avenida frente a lotes del fideicomiso “Valeria”, integrado por su esposa, Paula Pittbblado, y Francisco Altieri, hijo de Blas, y a quien Muriale debió reemplazar tras su destitución en el 2012.
Decretos
Con el Decreto N°976/14, Muriale fue quien ratificó el alquiler del hotel el 19/04. Esta confirmación provoca el interrogante sobre la utilización de un recurso excepcional que le permite a los intendentes eludir al Concejo Deliberante por razones de fuerza mayor.
En los ocho días que median entre uno y otro, se habrían firmado otros 265. La asesoría Legal y Técnica está obligada a llevar un registro numérico y cronológico de los emitidos. Tal vez Roberto Omar Baena, su responsable, esté cayendo ahora en la cuenta de que podría verse más seriamente involucrado y pase a experimentar entonces la sorpresa e incredulidad de vérselas personalmente con Eduardo Elizarraga.
El fiscal de Villa Gesell en persona se presentó el 23/10 en el Municipio para pedir copia del expediente N°4123-1202//2914, correspondiente a la contratación de “El Dorado.” La ausencia de Elizalde, quien pactó esa mañana una sugestiva agenda de audiencias en la ciudad de Buenos Aires hizo que Damiani, visiblemente incómodo, fuese el encargado de atenderlo y proporcionarle la documentación exigida.
El comisario inspector Jorge Ramón Galeano es otro de los involucrados en la denuncia que investiga Elizarraga. La nota enviada el día 09/04 al entonces secretario de Gobierno, Juan José Rodríguez, fue la que habilitó el inicio de ese expediente cuando ya hacía 4 meses que el Municipio adeudaba el pago por el alquiler del edificio donde funciona la Departamental.
Así como se desconocen gestiones formales de Galeano para reclamarle al Ministerio de Seguridad bonaerense por los 80 efectivos que justificaron la contratación pero que nunca llegaron, tampoco existen constancias de alguna intervención para que el Municipio haga efectivo el cumplimiento del contrato por la propiedad donde se encuentra la oficina en la que desenvuelve sus tareas.
Jorge Orlando Martínez no ha pedido hasta ahora la intervención de la fiscalía y confía en que los dictámenes favorables de la jueza de Paz de Pinamar, Silvia Guglielmetti, alcancen para llevar adelante el desalojo por incumplimiento que reclama desde junio pese a las maniobras dilatorias para cumplir la sentencia que atribuye a los abogados comunales.
Martínez es el letrado de los herederos de la propiedad, cuyos dueños han fallecido. También uno de los más extrañados por la endeble defensa ejercida desde el Municipio, quien insiste en desconocer la competencia de Guglielmetti para intervenir en el asunto cuando en el convenio la designó como sede judicial donde dirimir eventuales litigios.
Sin paz
Si bien las designaciones en los juzgados de Paz son atributo del Consejo de la Magistratura provincial sobre ternas propuestas por el Senado bonaerense, el Ejecutivo suele estar atento a las sugerencias que le hacen llegar en ese sentido por los poderes políticos locales. Si hacía falta confirmar la declinación de Altieri, Guglielmetti aporta un nuevo elemento de juicio.
El ex intendente no se resigna fácil y con una nutrida delegación de dirigentes del MUPP (Movimiento Unión Partido Pinamar) intentó acercarse a Daniel Scioli durante la visita que efectuó a Pinamar el sábado 11/10 para la entrega de patrulleros.
Al grito de “¡Daniel!, ¡Daniel!”, Altieri intentó acercársele. La respuesta de Scioli fue lacónica pero contundente: “Ahora no puedo Blas, estoy con el Intendente”, dijo en alusión a Elizalde, con quien ingresó a un salón al que se restringió el acceso de su ex aliado. Una muestra viva de la consigna “Con fe, con coraje, siempre para adelante.”
Nota 6 de julio de 2014
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