Aproa (Asociación de Propietarios y Amigos Pinamar) se dirige públicamente al Señor Intendente para hacerle saber, igual que a la comunidad toda, la posición de nuestra Institución frente a los bochornosos hechos que rodearon el remate público de 17 terrenos, producto de acciones judiciales de las cuales es titular el Municipio que Ud. preside
Es de público conocimiento, al punto que medios nacionales han levantado esta triste noticia, que el mencionado remate fue un verdadero alud que cayó sobre el Código Penal Argentino.
Concretamente en el Teatro Municipal un martillero habría procedido a someterse a la voluntad de ¨la liga¨que como es su costumbre en muchos lugares del país, cosa desconocida, hasta ahora para Pinamar, habría digitado las ofertas y en definitiva habría comprado al precio que quiso y luego habría vendido al precio de mercado en un local que sería de propiedad o de uso y goce del Sr. Silvano Altieri.
Para lograr su cometido ¨la liga¨ habría amenazado a los legítimos oferentes impidiéndoles que efectuaran sus ofertas, habría golpeado a varios de ellos porque sí, o porque intentaron resistirse y todo esto ocurría a la vista de quien estaba a cargo del acto, el martillero Severini, no quedándonos claro a que se debió la inactividad policial, es decir no sabemos si fue sobrepasada por la liga, o porque lisa y llanamente miraron para otro lado, o porque recibieron alguna orden en tal sentido.
Como a Ud. le consta, los testigos, los medios y los damnificados dan cuenta que todo esto ocurrió en su Municipio, a la luz del día y a pocas cuadras de su despacho y en franco perjuicio para los legítimos asistentes al remate, al prestigio de Pinamar y, como si fuese poco, para el erario público de nuestro Municipio.
Ese alud al que nos referimos está conformado por los siguientes delitos de acción pública por los que tendrían que responder eventualmente distintas personas:
Art. 149 bis – amenazas- y Art. 183, daños, ambos del Código Penal, cometidos por los integrantes de ¨la liga¨
Art. 277 inc. d) del Código Penal – omisión de denuncia-. Por el que tendrían que responder desde el martillero actuante hasta el último funcionario público que, en ocasión de su trabajo, haya tomado conocimiento de estos episodios
Art. 173 inc 7º, en función del Art.174 inc 5º del Código Penal, por el que tendrían que responder, en el caso que la investigación criminal lo establezca, el o los funcionarios que permitieron que se rematara en éstas condiciones terrenos cuyo producido innegablemente integra el patrimonio Municipal.
Según publicaciones del sábado 16 del corriente Ud. le habría pedido al Fiscal Centurión que investigue, debiéndole quedar claro a Ud. y a todo Pinamar que su obligación era la de efectuar formal denuncia penal, esperamos que así lo haya hecho, igualmente ya hemos podido constatar que distinguidos vecinos ya la han radicado por lo que esperamos que la investigación incoada determine hechos y responsabilidades.
Sr. Intendente en su calidad de abogado debe conocer que existen recaudos que el letrado apoderado de la Municipalidad debió haber solicitado al Juez, para que lo que fue un bochorno se convierta en un procedimiento transparente:
1) Prohibir la compra en comisión. O sea que el oferente (eventual comprador) se encuentre perfectamente identificado en el momento del remate.
2) Permitir ofertas bajo sobre cerrado, las que deben presentarse, en el expediente, con anterioridad a la fecha del remate. En este caso el Juez le entrega las ofertas al martillero, quién comenzado el acto primero abre las mismas y luego se escuchan mejores propuestas, si las hubiere.
En síntesis, nuestra Institución una vez más le reprocha a Ud. una gestión por demás deficitaria en perjuicio de nuestro Partido de Pinamar. Sin otro particular lo saludamos.
Dr. Osvaldo O. Crisci. Ing. Enrique A. Mitchelstein.
Secretario Presidente
