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martes, 18 de octubre de 2011

NUEVO ESCANDALO EN EL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE DOLORES


Un nuevo escándalo, en el Departamento Judicial de Dolores, involucra a la procuradora bonaerense María del Carmen Falbo y a uno de sus principales soldados, el fiscal general Diego Escoda, por quien Falbo operó políticamente para que el Consejo de la Magistratura bonaerense, y posteriormente el Senado, lo titularizara en el cargo.
El escándalo está relacionado con una causa de corrupción que salpica al actual intendente de Pinamar, Blas Altieri, que desde hacía cuatro años estaba siendo instruida por el fiscal Juan Manuel Dávila.
El intendente es investigado por presuntas irregularidades en el cobro de un canon a automotrices por el uso del espacio público: habrían pagado precios irrisorios a cambio de importantes descuentos en la venta de vehículos a empresas que estarían estrechamente vinculadas con el jefe comunal. Los delitos que se le imputan son los de cohecho y dádivas.
Justo en momentos en que la causa, por la cantidad y calidad de pruebas reunidas, estaba en condiciones de ser elevada a juicio oral, Escoda habría ordenado -por resolución interna- sacarle el expediente a Dávila y pasárselo a la fiscal Grisel Brestoli, quien llamativamente la archivó en un plazo de apenas diez días. “Fue un verdadero escándalo. No hay ningún elemento jurídico que justifique el archivo de la causa, y así lo entendió el juez”, resumió a Hoy el abogado Lucas Ventoso, impulsor de la denuncia en cuestión.
Dos días después del dictamen de Brestoli, el titular del Juzgado de Garantías nº 3 de Dolores, Gastón Giles, se mostró inflexible y revocó el archivo. El fallo del juez Giles, al que tuvo acceso este diario, sostiene: “Revocar por contrario imperio la resolución jurisdiccional dictada sin sustanciación y que disponía la destrucción del cuerpo del proceso, por contener la misma un grave error de derecho por afectación de la garantía constitucional del derecho a la jurisdicción del denunciante, cual es que la misma nunca pudo ser adoptada por no haberse contado con la notificación del Dr. Lucas Ventoso sobre el archivo comunicado al juzgado, y por ende la decisión de la acusadora no estaba firme ni en condiciones de ser analizada en cuanto a su razonabilidad y legalidad por parte del juez de Garantías”.
“Ahora la causa está muerta, porque no hay fiscal general que intervenga, ya que Escoda, insólitamente, decidió excusarse, justo cuando tiene que desarchivar lo que es una gravísima denuncia penal contra Altieri. Se excusa diciendo que yo le inicié un jury (por otra causa contra el intendente de Pinamar, que también fue archivada), pero fue algo que ocurrió hace más de un año y el propio Escoda evitó excusarse cuando intervino para cambiar el expediente de fiscalía. Es algo realmente vergonzoso”, concluyó Ventoso en declaraciones a este medio.
En reiteradas ocasiones, en las páginas de este diario se afirmó que Falbo habría operado políticamente para frenar y/o cajonear todas las denuncias que comprometieran al jefe comunal de Pinamar. Y lo ocurrido en las últimas semanas sería una clara muestra de ello.

Historia de una polémica protección

Los escándalos que involucran al fiscal general de Dolores, Diego Escoda, y a la procuradora María del Carmen Falbo salieron a la luz cuando este diario informó la forma en la que la titular del Ministerio Público operaba, en el Consejo de la Magistratura, para que su protegido fuera titularizado en el cargo. Hoy publicó, varias semanas antes de conocerse oficialmente la terna de candidatos para ser fiscal general de Dolores, que Escoda tenía todos los números para quedarse con ese cargo, que ya ocupaba interinamente, pese a que no había obtenido las mejores calificaciones en los exámenes que se le había tomado durante el concurso.
Así fue como se hicieron oídos sordos a los seis pedidos de jury en su contra y a las denuncias que venía realizando el propio intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, quien públicamente había acusado a Escoda “de no hacer nada para combatir el narcotráfico” en ese distrito.
Además, Cristian Centurión, otro fiscal del Departamento Judicial de Dolores, también habría blanqueado que recibió presiones de Falbo para frenar las causas que comprometían al intendente de Pinamar.

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