HAGAMOS UN POCO DE HISTORIA:
Choferes fantasmas: un nuevo revés judicial para los empresarios
La Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Inza y los otros cinco imputados. Señaló “la clara intención de no fallar en su ardid y así inducir a error al Estado”.
Policiales
29/05/2018
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La Policía en la empresa 25 de Mayo durante un allanamiento (Foto: archivo / QUÉ Digital)
En sintonía con lo resuelto en julio del año pasado por el juez de primera instancia, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó en las últimas horas los procesamientos de los seis empresarios implicados en la escandalosa causa “choferes fantasmas”, maniobra a través de la cual defraudaron al Estado Nacional ya que falsearon declaraciones juradas en las que figuraban empleados en blanco que nunca fueron contratados para el cobro de más de $16 millonesen conceptos de subsidios entre enero, febrero y marzo de 2016.
Mientras la concesión del servicio de transporte público de pasajeros está presente en el debate político teniendo en cuenta el fin del contrato que se concretará en mayo del año que viene -aunque el gobierno pareciera apuntar a prorrogarlo por tres años más-, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del empresario Juan Inza-que monopoliza como “apoderado” o “gerente” prácticamente todas las empresas de colectivos que operan en la ciudad- y de los otros cinco acusados: Juan Inza -padre-, Diego Basílico -Peralta Ramos-, Federico José Pomero -contador-, José Alberto Ferraresi -12 de octubre- y Carlos Málaga -gerente de la 25 de mayo-.
Todos ellos están acusados de ser coautores penalmente responsables en orden a la presunta comisión del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública por doce hechos en concurso real.
En concreto, los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza rechazaron los argumentos presentados por los empresarios en contra del procesamiento dictado por el juez Santiago Inchausti. Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, los magistrados en su resolución señalaron que “el andamiaje sobre el que se apoyaron los responsables de las firmas para llevar a cabo su plan defraudatorio, tuvo su lado formal y legal, debidamente cumplido y ello no hace más que demostrar la clara intención de no fallar en su ardid y así inducir a error al Estado”.
Teniendo en cuenta lo sostenido por las defensas de los acusados -que a lo largo de toda la causa presentaron argumentos insólitos como el que en una declaración expuso Juan Inza respecto a lo “dificultoso que resulta dirigir empresas” de este tipo-, los jueces consideraron que “no resulta ajustado al normal funcionamiento de una empresa que sus máximas autoridades gerenciales desconozcan el contenido de documentación que suscribían”.
Y remarcaron que ello debe tenerse en cuenta “máxime cuando no se trataba de un trámite simple y de menor trascendencia dentro del giro comercial sino en la suscripción -con firma escrita o digital de sus autoridades- de numerosos documentos que eran requeridos para obtener un importante subsidio estatal para su actividad”.
CANTIDAD DE CHOFERES FANTASMAS INSCRIPTOS POR MES
Por otro lado, descartaron otro insólito argumento de la defensa respecto a su presunto objetivo con la operatoria de querer beneficiar a los pasajeros con un menor costo del pasaje de colectivo al sostener que “resulta difícilmente sostenible conforme la lógica y las máximas de la experiencia, que distintos empresarios hubieran asumido el riesgo de encarar una actitud temeraria como la verificada en la instrucción, con el solo objeto de mantener un subsidio al valor del boleto de los ómnibus y caritativamente evitar que los pasajeros abonaren un incremento”.
La causa judicial, tal como informó QUÉ Digital paso a paso a lo largo de su desarrollo, se inició a partir de una denuncia presentada en la Fiscalía de Delitos Económicos por parte de la Casa del Trabajador, en representación de personas que habían perdido sus beneficios sociales por figurar en el sistema oficial como contratadas en relación de dependencia por las empresas de transporte. Luego de la extensa y precisa investigación del fiscal Fernando Berlingeri, se declinó la competencia hacia la Justicia Federal por el tipo de delito en cuestión y en esa instancia el Ministerio de Transporte de la Nación también formuló una denuncia por los mismos términos.
TOTALES APROXIMADOS DE LA DEFRAUDACIÓN POR EMPRESA
El Libertador: $1.145.031,83
12 de octubre: $ 4.971.240.34
Peralta Ramos: $ 2.643.765,64
25 de mayo : $ 7.449.642,66
Cuando dictó los procesamiento en julio del año pasado el juez Santiago Inchausti estableció que las cuatro empresas implicadas -25 de Mayo, Peralta Ramos, El Libertador y 12 de Octubre- funcionan a partir de un holding de hecho en el que la firma 25 de Mayo ha capitalizado y absorbido tácitamente a las tres restantes, sin perjuicio de que cada una funcione de manera independiente. Es decir, todas las empresas funcionan bajo el poder de Juan Inza.
Quiénes son los transportistas que están procesados
Juan Inza -titular de 25 de Mayo, 12 de Octubre y Libertador-, Diego Basílico –Peralta Ramos-, Juan Inza - padre-, el contador público Federico Pomero, José Alberto Ferraresi y Carlos Málaga; por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables en orden a la presunta comisión del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública por doce hechos en concurso real.
Para ellos, el juez Inchausti ordenó trabar embargos hasta cubrir la suma de $20 millones. Los empresarios procesados no tienen prisión preventiva y es probable que no sean condenados a una pena que los haga pasar por una estadía en algún penal federal del país.
La Justicia reconoció la existencia de un “holding de hecho”
Con el procesamiento, el juez Inchausti estableció que las cuatro empresas implicadas funcionaban a partir de un holding de hecho, en el que la primera capitalizó y absorbió tácitamente a las tres restantes. Es decir, todas las empresas y sus seis grupos de líneas funcionan bajo el poder de Juan Inza, aunque el pliego de licitación establecía que ningún oferente podía manejar más de dos grupos de líneas.
La concentración comenzó cuando 25 de Mayo absorbió, entre 2001 y 2003, los recorridos de las desaparecidas Martín Güemes SA, 9 de Julio SRL y La Marplatense, mediante adjudicaciones provisorias y sin que se regularizara la situación mediante licitación.
Posteriormente, 12 de Octubre transfiere el 100% del paquete accionario a un grupo de socios de 25 de Mayo, con autorización del Municipio, constituyendo de hecho una transferencia de titularidad de las licencias, más allá de mantenerse como persona jurídica autónoma.
Ya entrada la actual década, General Pueyrredón SRL se presenta a convocatoria de acreedores y, con acuerdo judicial, se autoriza la transferencia de titularidad a favor de 25 de Mayo. Finalmente, en 2015-16 se opera la venta del paquete mayoritario de las acciones de la firma Peralta Ramos SA, que son adquiridas por socios de la 25 de Mayo. En tanto, si bien El Libertador SRL mantiene su individualidad como persona jurídica, los socios y órganos de administración son parte de la 25 de Mayo y, de hecho, comparten el mismo domicilio fiscal (Av. Constitución 10250) en conjunto con 12 de Octubre.
¿Quién se hará cargo de la quita de los subsidios?
A dos meses del anuncio del recorte de subsidios, la Comuna aún no informó cómo afrontará la situación, aunque reconocen la preocupación y no ven otra salida que trasladarlo al precio del boleto.
Lo concreto es que en el Presupuesto 2019, presentado por la Secretaría de Hacienda, nada se contempla al respecto. Ni en la proyección de gastos está prevista una partida para la subvención del boleto como tampoco la recepción de ingresos a partir de transferencias que puedan llegar de Nación o Provincia.
Los empresarios fijaron anuncios en los micros donde aseguran que, con la quita, el boleto se irá a $40. “Los carteles son para ayudar a Mar del Plata, porque si sacan los subsidios, la diferencia se traslada al pasajero, aunque los números reales son más bajos”, sostuvo Claudio Cambareri, subsecretario de Transporte. En ninguna hipótesis aparece que los empresarios absorban el recorte. Un cálculo optimista podría llevar el actual boleto de $13,55, a unos $25 pesos.
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Nos hemos cansado hasta el hartazgo, en señalar a funcionarios y concejales de manera personal, todos los antecedentes anteriormente expuestos, no hemos tenido éxito; teniendo que presenciar que en el llamado a licitación dos empresas integrantes de ese "holding de hecho" -expresado por el Juez inchauti-, compitan entre sí.
Según versiones, el contrato con la empresa ganadora se firmó la senana pasada, y este fin de semana ya han anunciado por intermedio de algunos choferes del reacomodamiento del valor del boleto.
En los micros, por ahora, no están ubicadas las màquinas para la tarjeta sube, esperemos se coloquen a la brevedad,, mientras tanto seguirá prestando el servicio Costa Azul, sin ningún contrato vigente, al menos no fue anunciado por la oficina de prensa, con el consabido riesgo para el municipio en el caso de un siniestro provocado por alguna de las unidades que circulan por nuestro Partido.
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