LA ABSURDA MARCHA CONTRA LA CORTE

La convocatoria es incomprensible, pero no por lo que cree la oposición

Por Natalia Volosin

El 1 de febrero, sectores afines al Gobierno marcharán contra la Corte. Se espera una convocatoria masiva. Al frente del asunto están el dirigente social y ex funcionario kirchnerista Luis D’Elía y el juez penal de la Ciudad de Buenos Aires Juan María Ramos Padilla, padre del también juez Alejo, inicialmente a cargo de la causa por espionaje y extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli. Otro que tendrá un rol protagónico es Pablo Moyano, segundo del gremio de Camioneros e integrante del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT).

Aunque propios y ajenos quisieron subirlo al ring, el Gobierno no participará en forma explícita. De todos modos, el Ministro y el Viceministro de Justicia vienen pegándole al Tribunal y al Poder Judicial desde hace tiempo. El Presidente dijo que “la Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio”.

La convocatoria es absurda, pero no por las razones que se plantearon en estos días. Descarto primero esas críticas y luego explico las que sí habría que hacer.

¿Qué dijo la oposición? Que la marcha es un golpe institucional, una afrenta a la independencia de poderes. La Coalición Cívica incluso denunció al Gobierno ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por “violación de elementos esenciales de la democracia representativa”. Un verdadero disparate.

Puede no gustarnos, podemos no estar de acuerdo, pero la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo de manifestarse contra los poderes públicos. Más aún: peticionar a las autoridades y expresarse libremente es esencial para el buen funcionamiento del sistema democrático. Es saludable que se critique a los funcionarios, sean presidentes, ministras, jueces o legisladoras. Y esto no deja de ser cierto porque se sumen otros funcionarios o jueces. Que el Presidente diga que la Corte funciona mal no es un golpe institucional, como tampoco lo sería si un juez citara a indagatoria al Presidente. Lo antidemocrático es creer que hay cosas de las que no se puede hablar, o que los funcionarios del Ejecutivo tienen que comportarse con los jueces como si fueran plebeyos ante la Corte de un rey. Si no hablamos de la Justicia, ¿cómo la vamos a mejorar?

Ahora bien, ¿es razonable que funcionarios del Poder Ejecutivo pidan la renuncia de jueces de la Corte? ¿No deberían, si hay elementos, recurrir al proceso de juicio político y opinar en ese marco? La destitución es difícil, exige súper mayorías y para eso hay que convencer a otras fuerzas, pero ¡ese es el chiste! Está hecho así para que ningún partido pueda echar jueces de la Corte porque no le gusta una sentencia. Pero ello no quiere decir que el juicio político sea imposible. Pregúntenle a la Corte menemista: muchos incluso renunciaron antes de ser destituidos.

De todas maneras, en relación a esta marcha, ningún funcionario del Gobierno pidió renuncias. Fue Luis D’Elía el que dijo que había que echar a los jueces “a patadas”. No sería una novedad para el kirchnerismo. Nadie olvida cuando el entonces Vicepresidente Amado Boudou denunció en conferencia de prensa a la esposa del Procurador General de la Nación Esteban Righi y a otros dos socios de su estudio jurídico, forzando su renuncia apenas comenzó el escándalo de Ciccone. Y al actual interino, Eduardo Casal, le llovieron los pedidos de renuncia. Pero ojo con levantar el dedito, porque los guardianes de la República no se quedan atrás: el Ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano, se cansó de reclamar la renuncia (hasta lograrla) de la reemplazante de Righi, Alejandra Gils Carbó.