EL GOBIERNO DESACATA,LA JUEZA SANCIONA; ¿EL PUEBLO PAGA LA MULTA

El jueves pasado la Dr. Alicia Méndez de Macchi, jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Dolores, realizó una inspección en persona para observar la marcha de las obras que debía y debe realizar la Municipalidad de Pinamar para derribar las barreras arquitectónicas que perjudican a personas con grado discapacidad a ejercer su autonomía e independencia y a circula en espacios públicos.

La sentencia fue el producto de un juicio de amparo, a partir de una demanda interpuesta por SOS Internacional y la Fundación de Amigos de Pinamar que data de hace siete años atrás, o más.
El fallo de la Jueza le ordenaba al Municipio a realizar las obras en la traza urbana que permitiera el pleno acceso en los espacios públicos mediante presentación de un plan de obras de parte de las áreas municipales competente.

La jueza Méndez de Macchi ya había realizado dos inspecciones con anterioridad. Pero en esta oportunidad, por iniciativa propia, sin aviso previo y sin que las partes afectadas intervinieran, se presentó en la ciudad y realizó una supervisión ocular con una recorrida que incluyó a la Arq. Raquel Bravo Almonacid, Dra. María Julia Fasanella y Dr. Roberto Martín Dávila por parte del Municipio. De la recorrida también formó parte Emilio Marcovik de la Fundación Amigos.



En el reconocimiento la Jueza comprobó que no se realizaron las obras objetadas en el juicio. El Municipio, por medio de sus abogados, había asegurado al Juzgado la realización  de las obras demandadas y la ejecución en la actualidad de otras. La inspección permitió corroborar no solo que las obras no se realizaron sino la evidente  mentira de los abogado municipales. Lo que provocó que Dávila se deshiciera en disculpas ante el bochornoso momento. Y el intendente, Hernán Muriale, sin dar la cara, estuviera como loco puertas adentro. Así lo manifestaron fuentes extraoficiales.
El recorrido, que debía tener características inclusivas desde lo arquitectónico, se circunscribió al Teatro de la Torre, al Hospital Comunitario, y las calles que circundan dichos edificios públicos. Se pudo comprobar que al menos el 80 %, o más, era inaccesible para las persona con algún grado de discapacidad. Al mismo tiempo se acreditó que las rampas existentes  no son del todo aptas para que un discapacitado pueda utilizarlas. Los balnearios que también fueron auditados tampoco cumplen con las demandas judiciales.
Según trascendió el sentido final por el cual la jueza se hizo presente no constó en el expediente. Pero se podría suponer que al corroborar que la orden judicial no fue cumplida, al igual que la inexistencia del plan de obra, se aplicarán sanciones más severas por el incumplimiento. De acuerdo a la multa actual la sanción económica  rondarían los  365.000 pesos. Pero visto el desacato a la orden judicial se podrían aplicar sanciones más severas en los montos.