Por
Laura Di Marco
Mientras se debate la reforma judicial ahora mismo en el Senado, Cristina Kirchner ya se despegó del proyecto: "Esta no es la verdadera reforma", dijo esta semana en un enigmático hilo en Twitter. Parece una broma o una locura, pero en realidad la frase puede leerse como un golpe contra Fernández para limar su autoridad.
Vamos a explicar bien esto. ¿Se trata del "golpe" en ciernes, de la "guerra civil", que vaticinó Duhalde esta semana? Increíblemente -o no- Lilita Carrió está de acuerdo con Duhalde, por eso volvió al centro de la escena política. ¿Qué piensa Lilita? Lilita -que lo está apoyando a Horacio Rodríguez Larreta- cree que Cristina busca condicionar a Alberto Fernández y que estas luchas palaciegas podrían afectar la gobernabilidad.
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Pasado en limpio: la oposición no puede empujar a la Argentina al borde del abismo, hay que recrear puentes de diálogo con el Presidente acotando la capacidad de daño de Cristina. La reforma judicial, independientemente de que ella quiera luego aprovecharla para su propia impunidad, fue el proyecto estrella de Alberto Fernández, el que anunció con bombos y platillos en su primer discurso ante la asamblea legislativa.
¿Por qué Cristina le da ese golpe a Alberto, justo ahora de que se debata en el Congreso, cuando dice "esta no es la verdadera reforma"?
Te voy a dar una respuesta posible: la reforma judicial nació muerta, muy probablemente no consiga los tres o cuatro votos que le faltan en Diputados. Ella no quiere cargar con ese fracaso: si el proyecto no se concreta, no es su culpa, la culpa es de Alberto. ¿Te suena este mecanismo?
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Cristina no está aplicando algo diferente al plan que tenía en mente para Scioli: una figura formal en la presidencia, mientras el poder real reside en Uruguay y Juncal, la puerta de hierro cristinista. Es decir, su plan inicial siempre fue convertir a Alberto en un Scioli maquillado. Lo está logrando.
¿Esto significa que Alberto es una víctima, a la que la clase política tiene que rescatar? De ninguna manera. No es víctima, él aceptó ese juego y, en el mejor de los casos, es funcional a ella: la psicología seguramente tiene más cosas para decir sobre este vínculo tóxico que la ciencia política.
Tóxico, digo, porque el que se daña es él -baja sistemática en su imagen positiva- y, lo que es más grave, daña al país y a todos nosotros.
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A tal punto no es víctima sino responsable que me quiero detener en una noticia que pasó muy rápido esta semana, pero que es necesario que sepas.
En febrero, la Oficina Anticorrupción (OA) le pidió al Presidente una declaración jurada de intereses, promovida por la Coalición Cívica, para que informe quiénes habían sido sus clientes privados en su estudio jurídico, tres años antes de ser presidente.
Alberto Fernández se negó a revelarlos. Es decir, como hace su jefa y mentora, él está por encima de la ley. ¿Y por qué se negó a revelarlos?
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Alberto Fernández tiene un estudio jurídico junto con su socia Marcela Losardo, en el que, antes de asumir la presidencia asesoraba a un cliente muy ligado a Cristina Kirchner: Cristóbal López.
Fue consultor del grupo Indalo. Él mismo lo admitió en entrevistas públicas, al margen de que, entre 2017 y 2019, era frecuente verlo defendiendo a su cliente en un canal de cable, propiedad de. su propio cliente.
Porque con la plata de los impuestos que Cristóbal López se ahorró, defraudando al Estado argentino, compró un canal de cable que siempre fue utilizado para perseguir a opositores y escrachar a periodistas críticos. Parece el argumento de una película mala de Netflix, pero es la triste trama de la Argentina.
Ahora bien, su excliente, durante su presidencia acaba de ser beneficiado con una moratoria que lo salvó de la quiebra. Hay que recalcar que esa moratoria -la ley Cristóbal- también fue votada por la oposición. Este es uno de los dramas de la Argentina: la gente vota a opositores que después se transforman en oficialistas.
Alberto había dado esta respuesta en marzo, pero el kirchnerista Félix Crous no la hizo pública. Un nuevo pedido de la Coalición Cívica obligó a Crous a dar a conocer la respuesta del Presidente, de la que también surgió otra perlita. El Presidente también se negó a dejar de dar clases en la UBA, como le reclama la Constitución porque, ahora salió a la luz, no es profesor titular, sino profesor interino.
En una palabra, un presidente que le exige a la sociedad cumplir con la ley, mientras él mismo la incumple o se pone por encima de la ley.
Como dice Miguel Ángel Broda, en una frase que hizo mucho ruido, la Argentina es el reino del revés.
Mientras el Presidente almuerza con Moyano en Olivos, Marcos Galperin, al que cualquier país normal trataría de retener o aplaudiría, fue expulsado a Uruguay.
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