Frente a la insistencia de personas vinculadas con el actual gobierno – en lo que parece una campaña perfectamente coordinada que incluye a actuales funcionarios públicos- para ejercer presión a los fines de obtener los beneficios de indultos o amnistía en favor de ex funcionarios acusados de delitos de corrupción, hechos que se suman a otros que, con igual fin, buscan influir sobre el Poder Judicial, se nos hace un deber manifestar:
1. Resulta imperioso mantener el estado democrático de derecho basado en el principio republicano de división de los poderes del estado, impidiendo cualquier injerencia que pueda afectar su independencia.
2. La corrupción socava las instituciones, afecta la confianza social e impide el desarrollo, trayendo como consecuencia mayor pobreza y exclusión. Es indispensable, como condición para afrontar las crisis por las que atravesamos, una recomposición ética a través un “Nunca más a la corrupción” en todos los ámbitos.
3. Los delitos de los funcionarios públicos, al igual que otros, deben ser juzgados en el marco de una absoluta independencia de los poderes y deben ser castigados incluso con la sanción de inhabilitación para volver a ejercer cargos públicos. Llamamos la atención sobre la asimilación que el art.36 de la Constitución Nacional hace con relación a los que atentan contra el sistema democrático cuando los hechos conlleven enriquecimiento ilícito.
4. Por ende, rechazamos las expresiones de quienes piden beneficios excepcionales para quienes están siendo juzgados por esos delitos, o quienes han resultado condenados, no pudiendo éstos obtener los beneficios ni de la prescripción, ni el indulto o la amnistía.
5. Solicitamos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, como al resto de la magistratura, tanto nacional como de las provincias, rechazar cualquier forma de presión, resistiendo ataques y descalificaciones que son funcionales para la estrategia de impunidad de los mismos que antes sostuvieron estrategias para el enriquecimiento.
6. Defender las instituciones, la independencia de los poderes y la ética como parte fundamental de la política, es nuestro compromiso, para que todas las personas tengan igualdad ante la ley y las mismas condiciones y posibilidades de progreso y bienestar.
Buenos Aires, febrero de 2021
Presidenta, Margarita Stolbizer
Secretario General, Sergio Abrevaya
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