El Ministerio de Economía sostiene conversaciones con el equipo técnico del Fondo Monetario a cuatro días de esa fecha clave. Por qué los dos escenarios -cumplimiento o incumplimiento con el Fondo- podrían implicar riesgos para la economía
Por Mariano Boettner
Los tiempos son más cada vez más cortos y el Gobierno afronta una decisión que resultará clave para el escenario económico de las próximas semanas. El Poder Ejecutivo aún no confirma si pagará entre el viernes y el lunes próximo USD 1.100 millones al Fondo Monetario Internacional, algo que dejaría al Banco Central con un nivel de reservas crítico. Como contrapartida, un incumplimiento con el FMI, aunque fuera temporario y no implique un default inmediato, agregaría ruido a un mercado que ya cuenta de antemano con fuertes presiones cambiarias y financieras.
El Ministerio de Economía arrancó la semana retomando las conversaciones de carácter técnico con el staff del Fondo. En rigor, el diálogo nunca fue interrumpido desde que el presidente Alberto Fernández anunció tras las elecciones legislativas que buscaría acelerar un acuerdo con el organismo para reestructurar definitivamente el préstamo Stand By de 2018 y despejar los más de USD 19.000 millones de vencimientos de deuda hacia Washington que tienen lugar a lo largo de este año.
El Poder Ejecutivo aún no confirma si pagará entre el viernes y el lunes próximo USD 1.100 millones al Fondo Monetario Internacional, algo que dejaría al Banco Central con un nivel de reservas crítico
El camino terminó siendo mucho más extenso y sinuoso de lo que se había anunciado. La idea original del jefe de Estado había sido tener en concreto algún entendimiento técnico con el FMI a principios de diciembre, un deadline que se fue estirando semana a semana y que incluso tuvo como corolario el rechazo del proyecto de Presupuesto 2022 en el Congreso, una señal negativa en medio de la pulseada con el Fondo Monetario. El plan plurianual que había prometido Martín Guzmán todavía no está cerrado, a la espera de un acuerdo con el organismo.
Según pudo saber Infobae, las negociaciones entre los funcionarios técnicos de ambos lados -en el caso argentino están supervisados por el propio Guzmán- continuarán esta semana para buscar achicar la brecha en la cuestión central que el Gobierno y el Fondo no logran coincidir: cuál debería ser la velocidad a la que se reducirá el déficit de las cuentas públicas. A grandes rasgos, la diferencia es que el Ejecutivo quiere converger hacia el equilibrio fiscal en 2027 mientras que el FMI lo requiere para 2025.
La intención oficial es que en este 2022 el recorte del rojo fiscal sea leve, hasta un 2,9% del Producto Bruto Interno, desde cerca del 3% que informó Economía la semana pasada. Esa cifra, de todas formas, incluye ingresos que este año, según se espera, no podrá volver a conseguir el Tesoro como el aporte extraordinario de las grandes fortunas, los derechos especiales de giro (DEG) del FMI y la robusta entrada de derechos de exportación por el aumento de los precios internacionales de commodities.
Por su parte, los técnicos del FMI pretenden un ajuste del gasto más resolutivo y que lleve el déficit de las cuentas públicas a un nivel más cercano al 1,9 por ciento. Ese nivel de poda presupuestaria es la que no está dispuesto a aceptar el Gobierno. Según Guzmán, un recorte de ese nivel afectaría a la recuperación económica porque obligaría al Estado a eliminar fondos para estimular la actividad.
Este lunes Alberto Fernández reiteró que ese ritmo de ajuste es la cuña que divide a las dos partes en la actualidad. En un acto en Morón, el jefe de Estado se refirió a la negociación con el Fondo Monetario Internacional al asegurar: “Los pueblos que pierden la memoria están condenados a repetir su historia y nosotros no podemos perder la memoria”, mencionó. Y ahondó: “Por eso nuestra pelea con el Fondo Monetario por más que algunos se disgusten; donde firmemente decimos que queremos tener derecho a crecer según nosotros creemos cómo debemos crecer”.
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