Pablo Moyano promueve la movilización kirchnerista del 1 de febrero, pero la mayoría de la conducción cegetista no quiere adherir. “No marchamos. Respetamos a las instituciones constituidas”, dijo un dirigente. Por qué este conflicto preanuncia más divisiones
Por Ricardo Carpena
El Gobierno quiere cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas se achican, Estados Unidos exige un plan de ajuste económico, el dólar se dispara a $219, los salarios se jibarizan, la inflación trepa sin cesar y los precios desafían a los controles en forma proporcional al maltrato que le hacen a los bolsillos de los trabajadores. Mientras, la Confederación General del Trabajo (CGT) sigue cerrada por vacaciones. En realidad, hay un solo indicio de actividad extraoficial: una pelea no declarada en la cúpula cegetista por la asistencia o no a la marcha que organiza el kirchnerismo para el 1 de febrero contra la Corte Suprema.
Sucedió lo que se temía cuando se eligió la nueva CGT, en noviembre pasado: Pablo Moyano se diferenció del resto de la central obrera y tomó decisiones “a título personal” sin avisar. Se sabía que el camionero tenía viejas y profundas diferencias con Héctor Daer (Sanidad), del sector de “los Gordos”, y que, tarde o temprano, iba a tomar distancia de sus colegas. El hijo de Moyano justificó su apoyo a la movilización callejera hasta el Palacio de Tribunales: dijo que había sido uno de los dirigentes más “perseguidos” durante el gobierno de Cambiemos y vinculó a los jueces de la Corte con el caso del ex ministro bonaerense Marcelo Villegas y “la Gestapo” para “armar causas judiciales” sobre la que habló en una reunión que fue filmada y divulgada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
“No importa quién o quiénes convocan sino para qué, porque nadie quiere echar a los jueces de la Corte ni incendiarla, sino que haya justicia en serio en el país”, afirmó Pablo Moyano. Por entonces, Carlos Acuña (estaciones de servicio), su compañero de triunvirato de la CGT, se había ubicado en una posición distinta: “Hasta el día de hoy no se va a marchar porque no sabemos el objetivo”, dijo a mediados de enero, y aclaró que “la CGT no participó de ninguna reunión vinculada a esa manifestación”. Sin embargo, consideró que “la Corte debe ponerse los pantalones largos y hacer una autocrítica porque también es parte del problema”.
El conflicto interno no escaló, pero se mantiene latente. Dos días después de las declaraciones de Acuña, el líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, intervino en el tema: “Si es algo para reclamar justicia, seguramente vamos a participar”, señaló. Y agregó, casi para romper el clima de concordia sindical que se había alcanzado: “La CGT debería participar a pesar de que algunos dirigentes sindicales no hayan tenido inconvenientes con la justicia porque han sido sumisos a los poderes mandantes”.
El clima en la central obrera está al rojo, aunque todos le bajan el tono a las diferencias. En el grupo de WhatsApp de la conducción cegetista hay un silencio estridente: ni se mencionó la marcha contra la Corte ni la actitud de Pablo Moyano y de su aliado Mario Manrique (SMATA), secretario gremial de la CGT, entusiastas promotores de la movilización del 1 de febrero.
Los dirigentes kirchneristas que integran la CGT, como Sergio Palazzo (bancarios) y Walter Correa (curtidores), también adhirieron a la movilización de febrero y suman presión interna contra la mayoría de la cúpula que se resiste a apoyar la marcha.
“No acompañamos esa marcha. Respetamos a las instituciones constituidas”
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