El análisis jurídico de la movida oficialista para arrebatarle la silla al PRO. Una trampa nunca puede ser legal
Por Natalia Volosin
En este país no se aburre nadie. Cuando hay intereses políticos intensos, saber lo que dice una ley parece casi tan difícil como resolver los problemas de la economía. Pero, aunque las picardías y zancadillas de los poderes públicos parecen divertidas, son solo una muestra más de la fragilidad de nuestro Estado de derecho. Esto es lo que pasa con la guerra del Consejo de la Magistratura.
El lunes, la Corte clarificó que se le debía tomar juramento a las nuevas integrantes que ya estaban en condiciones de asumir (aunque el Congreso no hubiera designado aún a sus propios representantes), anuló la absurda decisión del juez federal de Paraná que pretendió frenar las designaciones de diputados y senadores y mandó todo al Consejo para que evalúe su posible mal desempeño.
Listo, ya está, fin de la novela, game over. ¿Pensaste eso? Pues no, mi ciela. Dice Cristina Fernández que, aunque sean casi las 11 y media de la noche del martes, te despiertes, que entendiste mal. Dice que sí, que se acuerda de que siempre sostuvo que el fallo de la Corte de diciembre del año pasado declarando inconstitucional su reforma de 2006 era un golpe institucional y que no lo iba a respetar.
Pero, bueno, con esto de que el juez federal de Paraná no era tan alto como se autopercibió cuando quiso dejar sin efecto una resolución del máximo tribunal de la Nación, decidió que en realidad sí va a cumplir el fallo de la Corte. ¡Ah, qué bien!, pensás vos. No, no, esperá, no seas ansioso. Dice que lo va a cumplir, pero fuera de plazo y luego de partir su bloque para arrebatarle la segunda minoría al PRO. Gol. Con la mano, pero gol.
¿Cómo están las cosas hoy? Doñate todavía no asumió. Tampoco la diputada radical Roxana Reyes, que finalmente obtuvo la firma del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, en una resolución judicializada por el jefe de la bancada de su mismo partido, Germán Martínez.
La oposición también fue a la Justicia. El PRO pidió que se anule la designación de Doñate y que se designe a Luis Juez.
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