La Ordenanza Nº 0957 preveía, ya en 1991, la severa crisis que padecería Pinamar. “Es necesario asumir un rol activo como Municipio a fines de revertir el déficit habitacional de nuestro partido en mediano y largo plazo” preveía, sabiamente, la normativa.
En 1991 se elaboró y se aprobó una normativa muy importante para la ciudadanía pinamarenses: la Ordenanza N º 0957/91.
Esta ordenanza establecía, hace ya más de veinte años, la obligación del Estado Municipal de atender el déficit habitacional que empezaba a avizorarse en nuestro Partido.
“Que es insoslayable el derecho de todo ser humano a poseer una vivienda digna”, declaraba la norma y, al mismo tiempo, reconocía que “nuestra ciudad carece de las viviendas necesarias padeciendo un límite crítico de unidades”. Y aseguraba algo que el futuro se encargó de desmentir cruelmente: “el éxito” de los planes que se realizaban “con” la comunidad. La cantidad de familias sin techo es alarmante. Lo mismo, las usurpaciones que se están viviendo cada día.
Y esta verdad la reconoció ante los concejales la misma directora de Administración de Obras Publicas, Raquel Bravo Almonacid, en la reunión realizada junto a la Comisión de Planeamiento el lunes 24: “El problema es la falta de gestión” – dijo. Y agregó: “La informalidad de la pobreza requiere escaparse del COU. Así es como se instalan construcciones ilegales, talleres mecánicos, verdulerías o quioscos en las casas”. Pero “nosotros no podemos frenar la informalidad. Debemos generar estrategias”.
Estas estrategias debieron ser pensadas e implementadas desde octubre de 1991, cuando la ordenanza mencionada fue aprobada comprometiendo a “este Municipio a promover la participación comunitaria a partir de la formación de grupos autogestionarios”. Nada de esto se cumplió.
La ausencia de control del Gobierno permitió el despliegue de un perverso mercado negro suscitado alrededor de estos planes que despojó a las familias más vulnerables de Pinamar de la posibilidad de construir sus viviendas. “Es necesario asumir un rol activo como Municipio a fines de revertir el déficit habitacional de nuestro partido en mediano y largo plazo” preveía, sabiamente, la Ordenanza.
Y para ello, creaba el Fondo de Tierra, Vivienda, Infraestructura y Equipamiento Urbano de Interés Social cuyo objeto es “enfrentar los desafíos que el problema VIVIENDA produce renovadamente”. La norma ordena al Poder Ejecutivo que esos dineros públicos sean destinados “a la ayuda económica de sectores sociales con escasas posibilidades en esta materia, como son los trabajadores con ingresos mínimos, jubilados con magras remuneraciones, familias numerosas o que presenten discapacitados en su seno, vecinos cuyo hábitat actual resulte peligroso, entre otros”. Pero ya sabemos dónde terminaron esos fondos: a cubrir el “déficit habitacional” de las hijas de Altieri y sus funcionarios.
La Ordenanza es tan completa que hasta contempla “los gastos que se originen por la realización de encuentros, congresos, difusión, o toda activad que se desarrolle en función de lograr una optimización en la política habitacional planteada” y los gastos que generen las investigaciones que permitan profundizar programas alternativos de vivienda.
“El Departamento Ejecutivo pondrá especial cuidado y celo para separar contablemente todos los movimientos de recursos correspondientes a este FONDO”, manda la ordenanza que fue aprovechada por Altieri, Carlos Orichio y Luis Abruzzesse para obtener un importante crédito provincial que le permitió construir el Barrio Palometa…Y ninguno más.
Y eso que la norma contemplaba un órgano de control del destino de estos dineros: la Comisión Municipal del la Vivienda que, según se desprende de la realidad y de las declaraciones de Bravo Almonacid, no viene realizando muy bien su tarea.
Una promesa que cumple veinte años
Hoy, el Poder Ejecutivo, apurado por las elecciones y las usurpaciones que vienen alertando a la comunidad desde hace meses (años), está presionando a los concejales para que aprueben una nueva subdivisión del suelo que no contempla un crédito para la construcción de viviendas para no repetir el negociado explicitado por Almonacid. Dato éste que se le olvida mencionar al concejal oficialista, Edgardo Paso, en sus declaraciones radiales. Tal vez lo desconoce porque no asistió a esta reunión.
Tampoco lo recuerda el intendente interino Hernán Muriale al que, luego de más de veinte años de no preocuparse por este tema que tiene a miles de familias rehenes de la inoperancia y desinterés de su Gobierno, le agarró el apuro por aprobar este proyecto cuya funcionaria reconoció que aún no es viable y que no resistió un solo cuestionamiento de los ediles.
Pero Muriale no esta preocupado. La mayoría automática que supo comprar en el HCD, le garantiza su aprobación en la sesión del jueves próximo…. Y otra vez los pinamarenses escucharemos el cántico de sirenas que nos devora.
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