El entonces candidato a intendente del partido Nuevo Encuentro, Walter Montero, explicó que el problema “se debe al uso especulativo de la tierra. Es decir, la retención de tierras que hacen las empresas que tienen los grandes loteos con el fin de mantenerlos sobrevaluados. A ellos les conviene mucho más pagar impuestos como terrenos baldíos o sin subdivisión que sacar los lotes a la venta. Y, de esta manera, mantienen el valor en el mercado”.
Montero consideró que “se debe llegar a un acuerdo con las empresas como Pinamar S.A., para que les convenga dar loteos para la construcción de viviendas sociales y tener un beneficio impositivo. Y sino, habrá que ponerlos en algún valor que les haga pensar si les conviene retenerlos o venderlos. Nosotros no queremos casas del otro lado de la ruta”.
Esencialmente, la tierra “tiene un valor social. Entonces no se pude prestar a este uso especulativo que se viene dando desde hace muchísimos años. Acá no es tierra productiva; es tierra que solo tiene un valor inmobiliario y, sobre ese valor, se genera un mecanismo de especulación” explicó Montero.
En Pinamar, los pocos planes de vivienda que se hicieron en los últimos doce años ni siquiera se terminaron. A esto se le debe sumar la costumbre de entregar viviendas sociales a hijas, amigos y funcionarios del intendente Altieri construidas con dineros del Instituto Provincial de la Vivienda. Una irregularidad que, casualmente, contó con la participación del entonces abogado externo del Municipio, Carlos Oricchio, socio y amigo del mandatario. En consonancia con esta casi nula generación de planes sociales para acceder a la tierra en Pinamar, el gobierno provincial de Daniel Scioli invierte sólo el 1% del presupuesto en viviendas.
Una crisis estructural
El importante crecimiento demográfico que soporta Pinamar año tras año, hace que la grave crisis habitacional sea cada vez más acuciante. El periodista Horacio Verbitsky publicó en Pagina 12 una nota titulada Sangre en la tierra. El problema de la tierra y la vivienda “es estructural y no puede imputársele a un solo gobierno. Comenzó con la supresión en 1955 de la función social de la propiedad, uno de los pocos derechos colectivos de la Constitución de 1949 que no fueron repuestos en reformas posteriores” enseña el periodista.
Verbitsky explica que la Ley de ordenamiento territorial y manejo del suelo, decreto firmado en 1977 por el interventor militar de Buenos Aires, “regula lo relativo a los countries y barrios privados pero no dice una palabra sobre la vivienda popular. De este modo, garantiza la especulación con la renta urbana”. Los empresarios inmobiliarios “compran tierras baratas y aguardan, sin que se los penalice con ningún impuesto, a que la inversión pública decuplique su valor y, en ese momento, construyen un country o un barrio cerrado. (…) Así, ha desaparecido la oferta de lotes para vivienda popular”. Mientras, “los indigentes son empujados a lugares cada vez más lejanos, más caros y de inferior calidad” explica el periodista como si de Pinamar hablara.
Eduardo Reese, docente de gestión urbana en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional del General Sarmiento, resume perfectamente la idea: “La tierra es una vaca sagrada que no se toca porque es la base del poder de las clases dominantes. (…) Con los precios obscenos de la tierra ni siquiera la clase media puede acceder a la vivienda”.
“El derecho a la ciudad”
Verbitsky explica que Reese participó en la elaboración de un proyecto de ley de Promoción del Hábitat Popular que intenta modificar ese patrón de segregación socioambiental. Sus tres principios básicos son: el derecho a la ciudad, que implica acceso a infraestructura como el transporte, la luz, el gas, los desagües, la educación y la salud. La función social de la propiedad, que prioriza lo colectivo sobre lo individual. Y la gestión participativa, en la que todos discuten cómo debe ser el barrio explica el periodista.
La iniciativa contempla que los desarrolladores de proyectos suntuarios (barrios cerrados, countries, hipermercados, clubes de campo, shoppings, cementerios privados) deban ceder el 10% del terreno para loteos populares. Verbitsky aclara que “no es obligatorio que el barrio popular se levante junto al proyecto de lujo: puede ser en otro lugar, compensando la diferencia de valor, calculado por el Tribunal de Tasaciones”.
Un dato importante: el proyecto permite que los municipios declaren obligatorio el loteo o la edificación de terrenos baldíos y construcciones paralizadas y, si el propietario no lo hace en cinco años, autoriza su expropiación. Pero, “en cuanto se produjo la reacción de los intereses afectados, Scioli abjuró de los compromisos adquiridos” y pidió la renuncia a Reese.
En un Pinamar concebido como un millonario negocio inmobiliario, la ciudadanía esta lejos de pretender acceder a la tierra.
¿La razón? Este intendente piensa al exclusivo balneario como una gran empresa: “Pinamar, tierra del veraneante y el inversor” la definió Altieri olvidando por completo a la comunidad. Por eso, los tiempos eleccionarios exhiben el temor de los funcionarios de perder el control de sus negocios que se cierran en un circulo de “amigos entrañables”, socios y funcionarios. Circulo cerrado que incluiría al mismísimo gobernador, “un amigo personal” de Altieri.
La tierra esta de remate
La tierra hace a la identidad de una comunidad y a la dignidad de sus ciudadanos. Socializar su uso dará, sin dudas, mayor calidad de vida a los hombres. Por eso es urgente y necesario democratizar el acceso a ella. Pero no todos lo entienden así.
Hace unos meses, Pinamar tuvo el triste privilegio de vivir una jornada que puso blanco sobre negro las escasas o nulas posibilidades que tiene el ciudadano medio de acceder a un lote durante una subasta. El año pasado, el Juzgado de Paz de Pinamar por Orden Judicial, subastó los primeros 17 lotes con deuda municipal en el Teatro de la Torre. Un tema que, hasta hace pocos días, estaba bajo la celosa custodia del abogado externo del Municipio, Carlos Oricchio. En un clima tenso y agresivo, el remate nunca anunciado en Pinamar, se desarrolló bajo el total dominio de La Liga que provocó serios actos de intimidación y violencia.
Los valores de los lotes eran accesibles para un trabajador. Sin embargo, cada vez que alguno levantaba la mano para ofertar, alguien lo “convencía” de la inconveniencia de su intento. Poco a poco, los totes fueron quedando en manos de miembros de La Liga. Oricchio, presente en el lugar, no vio alterado su pulso.
La irregular y violenta situación provocó la renuncia del entonces secretario de Gobierno y Seguridad, Jorge Mola. En tanto, Altieri y Oricchio, amigos y socios en más de un codiciado emprendimiento inmobiliario, se esmeraron en “deslindar responsabilidades”. Provocativo, Oricchio llego a decir: “Yo no se si hay delito. Si alguien tiene que hacer una presentación es el particular que se vio impedido de ofertar... si es que eso existió”. Llama la atención que el abogado no haya visto las intimidaciones. “Yo vi las corridas. Nada más. Ahora, si la persona no quiere hacer mas ofertas…”. La prensa le aclaró que “al muchacho que llegó a ofrecer $200 mil lo agarraron a trompadas. Una actitud mafiosa que amedrenta a cualquier otro que quiera ofrecer”. Como respuesta, el jurista invitó a la prensa a hacer la denuncia. Y remarcó: “La subasta tiene un efecto ejemplificador muy importante”. Oricchio es el representante legal de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial La Plata. Quien debe deslindar responsabilidades sobre los hechos denunciados durante el remate es la Jueza de Paz, Silvia Guglielmetti. Esta magistrada fue denunciada en 2007 por la Jueza de Paz de Villa Gesell, Dora Graciela Jofré, ante la Suprema Corte de Justicia por presuntas irregularidades en su función ( C.J. 115/ 0). ¿Quien estuvo a cargo de la defensa de Guglielmetti? Oricchio. Un nuevo círculo se cierra. Para finalizar la conferencia, Altieri aseguró: “La Liga no viene a delinquir. Vos pensás que viene a delinquir”. Y agregó: “Los lotes se vendieron a valores de mercado. Acá ¿de qué negocio me están hablando?”. El viejo truco…
En la nota, Verbitsky se refiere al conocido cuento de cambiar la zonificación de hectáreas adquiridas a bajo valor. “Esta es una de las claves del negocio inmobiliario y de la dificultad para modificarlo con provecho social. El permiso para hacer lícito lo que esta prohibido tiene un precio que la política municipal usa para financiarse en forma clandestina”. Una situación que los empresarios de Pinamar logran en forma asidua y sin demasiado esfuerzo. ¿El secreto? Ocupar puestos claves y un poco de indecencia a la hora de presentar la iniciativa en el HCD. Así, Pinamar, poco a poco, va relegando a los pobladores hacia los “bordes”.
“La historia no se construye como uno quiere, sino como puede, por un sendero sinuoso, con altibajos y claroscuros, marchas y contramarchas y, sobre todo, según el grado y la dureza del obstáculo” dijo la presidente en Tecnópolis. Un camino difícil que la ciudadanía de Pinamar debe transitar sin contar con el trabajo comprometido de la mayoría de los políticos ni de los periodistas, más ocupados en llenar sus bolsillos que en desarmar los enquistados círculos de influencia.
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