USARON PANTALLA PINAMAR PARA COMETER FRAUDE

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El fiscal Guillermo Marijuan imputó como responsables del delito de “defraudación por administración fraudulenta” a tres ex titulares del INCAA: Alejandro Cacetta, Liliana Mazure y Lucrecia Cardozo, por el alquiler irregular de la sala de cine Artecinema al Grupo Aleph. El fiscal también imputó en esa causa al último rector de la Escuela Cinematográfica (ENERC), Pablo Rovito; al coordinador del Espacio INCAA, Juan Zaffanella; y a los ex gerentes Raúl Seguí y Rómulo Pullol, que fueron echados por irregularidades administrativas luego del escándalo tras el desplazamiento de Cacetta, hace dos meses.

Además, el fiscal imputó a Cacetta, Cardozo, Seguí y Pullol por el mismo delito de “defraudación por administración fraudulenta”, en un caso de contrataciones irregulares directas de servicios de transporte por 1,83 millón de pesos.

La imputación del fiscal, a la que tuvo acceso Clarín, surge tras la denuncia de esos dos hechos irregulares que hace dos semanas presentó la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Uno de los hechos por los que el fiscal imputó a los ex presidentes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) fue el alquiler de las salas de cine Artecinema, en Salta 1620 de la ciudad de Buenos Aires.

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Durante los últimos cinco años se le pagó al Grupo Aleph en forma irregular el 50% de los ingresos obtenidos por recaudación de boletería, cuando en el contrato original se estableció que todos los ingresos eran para el INCAA. Además, el Instituto de Cine asumió el pago total de los servicios y gastos generales de Artecinema, así como los del personal que trabaja ahí, “en detrimento del patrimonio del INCAA y con la espuria finalidad de beneficiar a un tercero”, según denunció la Oficina Anticorrupción.

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A eso se agregó que Rovito, entonces rector de la ENERC –dependiente del INCAA- era a su vez uno de los dueños del Grupo Aleph, beneficiaria “de las desmedidas erogaciones”, lo cual “cristaliza con elocuencia la maniobra de tinte criminal concebida y ejecutada para beneficiar a un tercero en perjuicio de las arcas del INCAA”, sostuvo la denuncia.

El otro hecho por el cual el fiscal Marijuan imputó a los ex funcionarios del INCAA fue la contratación de Javier Claudio Emanuelli, en $1,83 millón, por el servicio de traslado (autos y combis), para los festivales Ventana Sur y Pantalla Pinamar, entre otros.