En 2010, el abogado y asesor legislativo Lucas Ventoso presentó una denuncia que alude al hoy intendente interino, Hernán Muriale, y a otros funcionarios del gabinete de Blas Altieri como posibles partícipes de una “irregular” contratación de un trabajador para la concreción de una obra vial en Valeria del Mar. La investigación penal preparatoria está caratulada “Posible comisión de delito de acción pública” y se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 de Dolores.
Consultado por Pionero, el abogado explicó que “en la temporada del 2009, un obrero (Abel Andrés Padilla) f ue contratado para hacer veredas con fondos públicos de la Municipalidad por funcionarios municipales”. Al trabajador “le dicen que se haga proveedor municipal para tomar la obra y le hacen la inscripción, que él nunca firma. Los funcionarios le mandan a imprimir talonarios de factura y le adjudican una obra de $144.000. El trabajador cobra $2.000 por la obra y el resto de la plata se la quedan los funcionarios”.
Ventoso dijo que a Padilla le habrían fraguado la firma en casi todo el expediente. Fruto de la exagerada cifra que presentaban sus facturas, “le cayó la AFIP. Sin embargo, él nunca había facturado en su vida”.
Por esto, el agente fiscal de Dolores, Gustavo David García, solicitó una pericia caligráfica sobre el acta de apertura, órdenes de compra, certificados de obra, factura, recibos de pagos, etc., del expediente Nº 2670/06, con el objeto de establecer si las firmas insertas en estos documentos atribuidos a Padilla pertenecen al ex jefe de División y Compras y hoy intendente interino, Hernán Muriale; al ex inspector municipal, Mario Ugartemendía; al ex jefe de Compras y hoy director de Habilitaciones, Víctor Batelli; al contador municipal, Carlos León; al secretario de Hacienda, Juan Carlos Figueredo; y al ex director de Administración Municipal (hoy fallecido), Luis María Bellini.García solicitó, también, los movimientos de la cuenta de la Municipalidad de Pinamar entre diciembre de 2006 y marzo de 2007.
Un informe elaborado por el Concejo Deliberante de Pinamar el año pasado y aprobado bajo Decreto Nº 2184/11, considera que “parte de los hechos denunciados e investigados se han corroborado por el Poder Judicial, a través de las pericias técnicas efectuadas por peritos oficiales pertenecientes al Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Dolores, generando, así, responsabilidad legal administrativa en los funcionarios públicos abarcados por la investigación penal (…)”.
Consultado sobre la denuncia, Muriale dijo a Pionero que los funcionarios nombrados se presentaron a la Justicia e hicieron los peritajes caligráficos. “Estamos esperando que la Justicia diga lo que tenga que decir”.
Una más para Muriale Recordemos que el hombre de confianza de Altieri estaría involucrado en la causa abierta por la obra de ampliación del Hospital Comunitario de Pinamar, calificada de “monumento a la corrupción” por Ventoso. En su momento, el expediente de esta obra fue secuestrado por el Poder Judicial, a pedido del Ministerio Público de la Nación, “debido a gravísimas irregularidades”.
Por ejemplo, según Ventoso, la empresa que obtuvo la licitación, Sociedad Ing. Abruzzesse Asociados SRL, “no estaba inscripta en el registro de constructores de obras públicas”. Sin embargo, la Comisión de Apertura, “compuesta por Hernán Muriale, director de Contrataciones, Federico Panzieri, director de Hacienda, y Omar Curto, Secretario de Salud”, aprobó la adjudicación. Por esto, “los funcionarios fueron denunciados como coautores del delito de defraudación y/o estafa y como integrantes de una asociación ilícita”.
Muriale explicó a Pionero que “se trató de una obra que insumió cinco millones y pico de pesos: cuatro millones los puso la Provincia y el resto, el Municipio. No son veinte millones, como se dice. La calidad de la obra demuestra cómo se ha trabajado”.
En relación al falso título de ingeniero de Luis Abruzzesse, Muriale aseguró: “No se le otorgó la obra a un ingeniero sino a una empresa que se llama Ing. Abruzzesse SRL. En ningún lugar del pliego decía que tenía que haber un ingeniero. (…) Abruzzesse fue designado como socio gerente, no como ingeniero. Está comprobado en el expediente que es maestro mayor de obra. No es lo mismo pero, para llevar adelante esa obra, no hace falta un ingeniero”.
Muriale aclaró que, por problemas de salud de Abruzzesse, “su esposa y (su empleado) Guillermo Herrera, tuvieron que ponerse la obra al hombro”. Recordemos que Ventoso declaró que, según consta “en foja 526, se pagó un certificado de $935.587 a Guillermo Herrera”. Una apersona que, “administrativamente, es un desconocido para el Municipio”.
Segundos después, y contradiciendo su propia opinión, Muriale dijo a Pionero: “Cuando Abruzzesse se auto-designa responsable, nosotros le decimos que hay que poner a un profesional en serio porque es una obra de envergadura importante. Y ahí aparece Mario Bernardini”.
La versión de Ventoso es muy distinta: “A fojas 479, 480 y 481, cuando Abruzzesse desaparece de la escena, luego de que se hace pública la usurpación de título, aparece un ingeniero que lo reemplaza, Mario J. Bernardini”, quien firmó ante el Colegio de Ingenieros como profesional responsable. Cuando designaron a Bernardini, lo hicieron timbrar en el colegio: “Realizaron el proceso administrativo correcto. Con Abruzzesse, curiosamente, no lo hicieron porque sabían que no es ingeniero”.
Finalmente, Muriale recordó que “esa oferta fue aprobada por nueve de los diez concejales. Ellos fueron parte de esa adjudicación. El único que votó en contra fue Vidauli”.
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