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lunes, 13 de enero de 2014

LO QUE EL VECINO DEBE SABER, ANALISIS POLITICO-ECONOMICO DEL BLOQUE DEL FRENTE PARA LA VICTORIA

El Bloque del FPV trabaja sobre varios ejes en la reformulación del Proyecto de Ordenanza Presupuestaria desde antes de la asunción del concejal Juan Ocampo.
Hoy el Departamento Ejecutivo está empujando la aprobación de un presupuesto que más allá de los números, le otorgaría carta blanca a través desuperpoderes para continuar gestionando con total falta de control y haciendo uso discrecional de fondos públicos.
Además, presentó un proyecto de Reforma del Código Tributario que pretende, entre otras cosas, convalidar legislativamente los descuentos aplicados a través del decreto 540/12, claramente regresivos y que vienen beneficiando a grandes empresarios que utilizan el espacio público y obtienen ganancias suculentas con la explotación de sus emprendimientos.
Hemos encarado un trabajo de análisis profundo del Presupuesto Municipal, evaluando el comportamiento interanual, la composición y aplicación de recursos, gastos y su evolución en el tiempo y la ejecución presupuestaria. El objetivo es agotar todas las instancias que nos permitan trabajar sobre un escenario sin entorpecer la gestión del Ejecutivo, sin incrementar las tasas y sin castigar el bolsillo del vecino y el trabajador. Este último tan vapuleado durante los últimos años.
Como kirchneristas tenemos la decisión política -desde nuestro espacio legislativo- de trabajar en conjunto con los otros bloques opositores que quieran acompañarnos, en la redistribución del ingreso a través de la quita de beneficios fiscales e impositivos de los socios empresarios del poder. El ordenamiento de los contratos de Frente Marítimo, de la explotación racional de recursos como el espacio público por parte de privados. En síntesis optimizar la recaudación por Derechos que hoy se encuentra desvirtuada en el entramado de negociados y desprolijidades, en detrimento de la recaudación municipal.




Hacemos foco en atender las demandas salariales de los trabajadores tanto del SMTP como de la AGP sin perjudicar al vecino con aumento de tasas.
Sabemos que, con la fiscalización correcta una vez ajironada la legislación vigente, podríamos contar con una recaudación ampliamente superior. Esta alcanzaría con creces a cubrir la demanda de las políticas presupuestarias de las diferentes áreas de gestión del Municipio.
Somos conscientes que el análisis no se agota en estos ejes, pues existen otros rubros que de ser administrados en forma eficiente y transparente generarían los recursos e impactarían en el bienestar de nuestra comunidad.
Este será el trabajo que desarrollará el Frente para la Victoria a lo largo del año, para así llegar al próximo tratamiento del presupuesto con un ordenamiento tributario redistributivo en favor del trabajador, y muñidos de las herramientas necesarias para evaluar la factibilidad de su aprobación.
El Concejo debe retomar su rol de contralor del Ejecutivo, y hacer valer tal carácter a través del control de sus cuentas.
Tenemos un Departamento Ejecutivo que subejecuta las partidas coparticipables y que no cumple con las Obras de Infraestructura necesarias y vitales. Uno de los ejemplos más claros es la postergación ad infinitum de la construcción de la Planta Depuradora.
Vamos a demostrar que, incrementando la recaudación y administrando en favor de la comunidad, Pinamar puede creer en otra realidad.

Esto dicen los números según el presupuesto vigente.
Pinamar es un municipio con un alto índice de autonomía fiscal. De los recursos propios percibidos el 69% se aplica en concepto de tasas municipales, el 27% por el cobro de derechos y el 4% restante en concepto de multas y otros ingresos.
Es sobre la recaudación por Derechos donde se pondrá el foco. En el desglose concluimos que el 33% proviene de derechos sobre el uso de playas y riberas, 20% por derechos de construcción, 14% por derechos de publicidad, 13% por uso del espacio público, 12% corresponde a servicios sanatoriales y asistenciales, 6% por derechos de oficina, y el 2% sobrante se agrupan el resto de los derechos.
El índice de cobrabilidad es de los más altos de la Provincia de casi 88%, es decir que de cada 10 pesos se recauda 8,80 efectivamente. Si bien ese índice cae al 78% en el caso de tasas por servicios urbanos (ABL). Los recursos propios del 2010 al 2013 tuvieron una tasa de crecimiento promedio del 24,06%.
El gasto se distribuye de acuerdo a los siguientes porcentajes: Salud 23,3%, Gobierno y seguridad 20,8%, Servicios Urbanos 19,4%, Partidas no asignables a programas17,4%, Hacienda 5.6%, Acción Social 4,2%, Turismo, Cultura y Educación 3,6% , HCD 3,1% y Planeamiento 2,7%.
En el desagregado del gasto por objeto, el gasto en personal es el de mayor incidencia y representa el 65% del total. Llama la atención la incidencia del Gasto en Servicios de Deuda que asciende al 17%. Esto es muy sugestivo ya que en el último balance del Sector Público municipal argentino estos gastos representaban en promedio el 1%. Mientras que en San Isidro el Municipio que mayor porcentaje asignaba a este rubro es de un 7%. El Departamento Ejecutivo debe dar explicaciones sobre esto. Otra cuestión impactante esla sub-ejecución presupuestaria en Obras de Infraestructura, incluso con partidas afectadas de Provincia y Nación que no se utilizan y debieron devolverse con intereses. La no ejecución de estas partidas va en detrimento de los vecinos que no cuentan con servicios básicos como cloacas y agua corriente. un sistema de salud deficitario, o menos escuelas de las necesarias, por citar solo algunos ejemplos.
Hay áreas donde la sub-ejecución presupuestaria es más alarmante por tratarse de departamentos de impacto directo en la inclusión social. Estas son Acción Social (61%), Servicios Urbanos (58%) y Planeamiento (14%).
El financiamiento para realizar obras proviene en un 47,7% de Provincia, 24,2% de fondos nacionales 19% del Fondo de Infraestructura, el 8,9% del Fondo Solidario coparticipable y solo el 0,1% con recursos propios.
. Respecto al compromiso de Nación en la generación de Obras el 100% de las obras de Salud, el 80% de educación y el 50% de Infraestructura, se financian con fondos provenientes directamente de Nación o coparticipados voluntariamente por esta.
Es nuestro compromiso no descansar en el análisis y control de estas cuestiones. De manera tal de demostrar que los fondos bien administrados y la presión fiscal equitativa permitirían tener el dinero necesario sin perjudicar a los vecinos con aumentos constantes. Por eso proponemos desanclar el cálculo de la tasa de ABL del índice CAPBA y trabajar sobre una nueva forma de cálculo. A lo largo de este año trabajaremos también con el foco en ordenamiento de las concesiones del Frente Marítimo por el cual dejamos de recaudar millones de pesos. Así como la reevaluación fiscal sobre los macizos.

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