Se investiga la habilitación irregular de un parador en el espacio Playa Naranja -donde el gobierno bonaerense concentra numerosas actividades durante la temporada veraniega- otorgada mediante un trámite fraudulento con la excusa de instalar allí un espacio del Ministerio de Salud de la Nación para asistir a discapacitados.
El caso derivó en la apertura de una causa (N° 795) en el Juzgado Federal N° 3 de la Capital Federal donde se investiga el caso a raíz de una denuncia realizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ya que se utilizó falsamente el nombre de uno de sus directivos para fraguar la maniobra.
En dialogo con LA NACION, Murriale reconoció la existencia de anomalías en la habilitación; dijo que el parador ya fue clausurado; y aseguró que los funcionarios municipales que intervinieron en el tema fueron "sorprendidos en su buena fe". El jefe comunal consideró, asimismo, que se trata de "una denuncia mediática" de la oposición y denunció que se busca "perjudicar la gobernabilidad" del distrito.
Podría decirse que esta historia empezó a principios de diciembre pasado cuando el secretario de Gobierno de Pinamar, Juan José Rodríguez, acompañó en la mesa de entradas del municipio una nota con membrete de la Anmat y con la firma del subadministrador de ese organismo, Otto Orsingher, solicitando la cesión de un espacio en la playa para la instalación de un parador donde se prestarían servicios para personas con discapacidad para realizar tareas deportivas y de esparcimiento. El propio Orsingher envió una carta a la municipalidad negando taxativamente su participación en el trámite; además, desde Anmat aseguraron a La Nacion que nunca realizaron ningún tipo de actividad promocional tal como estaba planteado en la falsa nota.
El permiso fue otorgado rápidamente y el parador fue inaugurado a comienzos de la temporada en el frente marítimo entre los balnearios Cocodrilo y Perico pero, lejos de dedicarse a las tareas para las que fue requerido, en el sitio se instaló una construcción precaria que se ocupaba de alquilar carpas y sombrillas y de vender bebidas y alimentos a los veraneantes. Nada parecido a asistir a discapacitados. El polémico parador fue levantado en el mismo sitio donde, unos metros hacia el mar, la provincia instaló su espacio Playa Naranja donde se realizaron megarecitales y otras actividades que generaron una gran concurrencia de público.
Las irregularidades en el trámite para la instalación del parador fueron denunciadas por el concejal Lucas Ventoso a partir de lo cual se inició un sumario administrativo para dilucidar lo ocurrido. Para Ventoso, "nos da la sensación que se trata de un caso de tráfico de influencias en el que se entregó un gran negocio a gente ligada con el gobierno municipal vulnerando toda la normativa para instalar este tipo de emprendimientos"
El pasado 13 del corriente, Murriale se presentó en el Concejo Deliberante con la intención de dar explicaciones. Allí Rodriguez dijo que al presentarse la nota del Ministerio de Salud se inició un expediente (N° 4123-3296/13).
El jefe comunal admitió que "hubo irregularidades" en la habilitación del parador y consideró que debió haberse constatado la autenticidad del pedido. Según Murriale la solicitud fue presentada por una persona que según constancias en la causa fue identificada como Enzo Calabrese, una suerte de mandatario del Ministerio de Salud desde donde voceros oficiales aseguraron que Calabrese no tiene ningún vínculo con la cartera conducida por Alberto Mazza. Murriale aseguró que en la comuna nadie conoce a Calabrese aunque repitió una versión que circula por Pinamar sobre la vinculación de este gestor con un funcionario bonaerense del área de regularización de tierras.
Por su parte, Rodríguez dijo que cuando se trata de pedido oficiales "no se piden mayores detalles", según consta el resumen del encuentro difundido por el Concejo Deliberante. A su turno, el otro funcionario señalado, responsable de fiscalización de la comuna, Leandro Sabore aseguró que el 6 de enero los inspectores municipales ya habían detectado irregularidades en el polémico parador. Y que entonces se procedió a su clausura.
Según el intendente, que hoy deberá concurrir al Concejo Deliberante junto con Rodríguez, Sabore y el secretario de Hacienda, Carlos Bucheli, el municipio se sumará en los próximos días a la denuncia de Anmat para dilucidar lo que pasó y descubrir a los responsables.
Al desarmar el parador, se descubrió que la luz del lugar estaba otorgada al Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense, y que este servicio había sido solicitado hace un año por Jorge Liberanome, quien el año pasado cobró una triste notoriedad al golpear a periodistas del programa CQC que cubrían las denuncias contra el intendente Blas Altieri, que pocos meses después terminó destituido.
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