El salto del precio de los commodities por la invasión de Rusia a Ucrania tiene impacos mixtos para la economía, pero vuelve más difícil la baja de subsidios a la energía. ¿Será duradera la “paz cambiaria”?
Por Pablo Wende
El diputado Luciano Laspina es posiblemente quien ha tenido las posturas más lúcidas en el Congreso a la hora de representar a Juntos por el Cambio. Sus comentarios sobre el futuro acuerdo con el FMI pasaron algo desapercibidos en medio de la sorpresa mundial generada por el ataque ruso a Ucrania. El economista y miembro de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja planteó en pocas líneas lo que es ya un secreto a voces en Wall Street: ahora es el propio Fondo quien está preparando junto al Gobierno una verdadera “bomba fiscal” que le estallará en las manos al gobierno que asuma en 2023.
La oposición ya anunció que estaría dispuesta a votar el acuerdo para no condenar a la Argentina a un nuevo default. Sin embargo, se trata simplemente de mantener viva la relación con el Fondo y evitar “patear el tablero”. Esta decisión calmó el mercado cambiario y los distintos dólares financieros ya cayeron casi 20 pesos desde el anuncio a fin de enero, o sea en apenas un mes. Incluso esta semana el dólar Bolsa perforó la barrera de los $ 200 y la brecha cambiaria se ubicó por debajo del 90%.
De acuerdo a los cálculos de Laspina, las necesidades brutas de emisión de deuda pasarán de USD 45.000 millones en 2021 a USD 105.000 millones en 2024. Como el corazón del acuerdo que se está por cerrar pasa por prohibirle al Banco Central la emisión de pesos para tapar el déficit, la financiación del agujero fiscal recaerá en la colocación de deuda en los próximos tres años.
La mezcla de más deuda y al mismo tiempo falta de acceso a los mercados internacionales solo puede tener un final: una nueva reestructuración de deuda de los bonos privados. Los cálculos moderados indican que el próximo gobierno deberá encarar a más tardar en 2025 la renegociación que Martín Guzmán no supo o no se animó a hacer ni bien arrancó el gobierno de Alberto Fernández.
Un informe a clientes de Portfolio Personal Inversiones (PPI) resaltó que los márgenes de maniobra para avanzar con esa nueva reestructuración son mucho más acotados. Como la última vez ya se redujeron sensiblemente los cupones de intereses, ahora no quedará otra que ir por “un nuevo alargamiento de plazos, pero sobre todo una fuerte quita de capital”.
Desde la oposición prometen que votarán a favor del acuerdo con el FMI para no empujar a la Argentina a un nuevo default. Sin embargo, reconocen que el arreglo preparará una bomba fiscal que le estallará al próximo gobierno ni bien asuma
La pregunta válida por estas horas es si al gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2023 le conviene esperar un año para renegociar la deuda con los bonistas privados o es mejor hacerlo de entrada, ni bien arranque la gestión. De esta forma, se podría aprovechar el viento de cola o algún aire de optimismo entre los inversores, que podrían mostrarse más colaborativos para aceptar una nueva renegociación. Claro que mucho de esto dependerá de quién gane y si el kirchnerismo consigue o no mantenerse en el poder en el próximo mandato presidencial.
La certeza de una nueva renegociación en el horizonte explica por qué los bonos han logrado muy poco recorrido pese a los avances en el acuerdo con el Fondo. Los inversores hacen cuentas sobre cuánto vale realmente un título argentino que volverá a ser reestructurado, sufrirá quitas de capital y nuevos alargamientos de plazos, que seguramente estiren los vencimientos más allá del 2050. Pero aún así el precio de USD 30 en promedio de las distintas series y un riesgo país de casi 1.800 puntos luce un tanto exagerado y refleja la hipótesis más pesimista sobre las características de esa eventual reestructuración.
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