Leandro Alfredo Reveron, el funcionario de la Anses
en Pinamar y yerno del destituido intendente Blas Altieri, que habitaba una
vivienda social en un complejo construido hace una década con fondos de la
gobernación bonaerense, fue separado del cargo.
Voceros
de la dependencia conducida por Diego Bossio informaron a La Nación que el
ahora ex jefe de la Unidad de Atención Integral (UDAI) fue
reemplazado por la empleada de carrera
Gabriela Echevarría. Fuentes oficiales indicaron que, si bien el funcionario
fue removido, conservará un empleo en la Anses.
Tras
las denuncias de irregularidades en la adjudicación de la Unidad nº 4 , el
Instituto de la Vivienda Provincial había ordenado desalojar el inmueble.
Reverón
está casado con Elena María Altieri, hija del destituido intendente Blas
Altieri, y ocupan la casa nº 4 del
complejo.
Según
informaron los voceros, Reverón había renunciado hace tres meses. Sin embargo
siguió al frente de la oficina de la Anses y su separación efectiva se concretó
esta semana, mediante una resolución dictada el 9 de agosto pasado, luego de
que La Nación comenzó a indagar acerca de su relación con las casas.
TITULO:
Leandro
Alfredo Reverón, funcionario de la Anses, actividad: productor agropecuario,
edad: 39 años.
Director de la Unidad de Atención Integral de la Anses
en Pinamar, es uno de los dos funcionarios nacionales beneficiados con la
adjuciación de viviendas sociales. El otro es Jorge Alejandro Ricaldoni, del
Ministerio de Agricultura.
En
marzo, el IVBA había detectado irregularidades en el cumplimiento de los
requisitos exigidos para la adjudicación, como la falta de ocupación real y
efectiva, la existencia de bienes en cabeza de los beneficiarios y falsedad en
declaraciones juradas. Así consta en la resolución Nº 1099, firmada por el
entonces titular del organismo, Gustavo Aguilera, quien ordenó “desadjudicar” a
22 de los 25 beneficiarios del complejo. Según explicaron en el IVBA, la medida
obedece a que nunca se concretó el cambio de dominio a favor de los
beneficiados ni se otorgó el final de obra. Pese a que la decisión del IVBA
implica el desalojo, la medida está aún en suspenso, ya que varios de los
afectados interpusieron recursos administrativos y judiciales para impedir el
desalojo. Hace tres semanas, el abogado de la Fiscalía de estado provincial
Enrique García Urcola, desestimó el planteo de varios adjudicatarios objetados
que rechazaron la decisión del iVBA. El organismo ahora debe notificar esa
decisión y dar por cerrado el trámite administrativo. Varios entredichos
previos habrían provocado la remoción de Aguilera, quien hace poco más de un
mes fue reemplazado por Pablo Sarlo. Voceros del Ministerio de
Infraestructura,, Vivienda y Servicios Públicos dijeron a La Nación que “no hay
plazos” para ejecutar la resolución que supone el desalojo de las viviendas y,
eventualmente un nuevo proceso de adjudicación. En su dictamen, Aguilera tuvo
en cuenta una causa penal iniciada hace dos años en Mar del Plata, en la que se
acusa a Altieri de constituir una asociación ilícita dedicada al lavado de
dinero. Del expediente surge que los apoderados de Fundación Eco-Pinar
encargada de la construcción y hoy desmembrada, eran Carlos Eduardo Oricchio y
Luis Abruzesse, ambos con lazos comerciales con el ex jefe comunal. El fiscal
Pizzo ordenó, hace dos semanas, allanar la casa y el corralón de propiedad de
Altieri de donde secuestraron documentos y una PC.
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