PINAMAR: LAS DENUNCIAS POR CORRUPCION JAQUEAN A ALTIERI Y PODRIA SER DESTITUIDO, "LA POLITICA ON LINE"

El intendente de Pinamar, un aliado al gobernador Daniel Scioli, enfrenta serias denuncias de corrupción que podrían derivar en una destitución. Dos de sus hijas y hasta funcionarios de su gabinete habían sido adjudicatarios de un complejo de viviendas. El escándalo derivó en golpizas y amenazas a periodistas de TV y ahora una Comisión Investigadora podría destituirlo. Altieri niega información y la Comisión Investigadora podría pedir una suspensión En medio del escándalo en Pinamar por el otorgamiento irregular de viviendas sociales y los incidentes con periodistas de TV, ahora funcionarios del Ejecutivo se niegan a mostrar expedientes a la Comisión Investigadora que podría resolver hoy una suspensión de Blas Altieri. La Comisión Investigadora que por estos días trabaja recopilando información sobre los presuntos casos de corrupción que complican a Blas Altieri se reunirá hoy y, según pudo saber La Política Online, podría pedir la suspensión del l intendente de Pinamar. Es que en los últimos días hubo momentos de tensión entre concejales y funcionarios del Ejecutivo cuando estos últimos se negaron a facilitar los expedientes que la comisión requiere. Los hechos generaron incluso fuertes cruces e insultos y hasta hubo denuncias de los funcionarios de Altieri hacia los concejales por supuestas agresiones verbales. “Los miembros de la comisión tenemos derechos a ver los expedientes”, dijo a La Política Online uno de concejales de Pinamar y agregó que se están viviendo horas de verdadera tensión. “Esto está reventando nuestro trabajo”, expresó. La comisión se reunirá a partir de las 18 y podría llegar a resolver un pedido de suspensión del intendente que deberá ser girado al Concejo Deliberante. Esto puede ocurrir si se comprueba en el plenario que verdaderamente existe una real obstaculización de la información por parte de los funcionarios que responden a Altieri. El jefe comunal enfrenta en su distrito una grave crisis institucional tras salir a la luz un escándalo por el otorgamiento irregular de viviendas sociales y luego, serios incidentes ocurridos con integrantes del programa televisivo Caiga Quien Caiga (CQC). Durante 2011, un censo realizado por el Instituto de la Vivienda provincial arrojó como resultado la decisión de "desadjudicar" a la mayoría de los habitantes en virtud de serias irregularidades Entre ellas "falta de ocupación real y efectiva, existencia de bienes en cabeza de los beneficiarios, falsedad en las declaraciones juradas". Entre los beneficiarios se encontraron dos hijas del intendente vecinalista, allegados y hasta familiares de funcionarios locales. Pero el caso estalló en la opinión pública cuando funcionarios municipales vinculados a Altieri golpearon al periodista Gonzalo Rodríguez, más conocido como "Gonzalito", mientras realizaba un informe para el programa de TV Caiga Quien Caiga. Más tarde, el productor general del ciclo periodístico atendió un llamado anónimo en el que se instaba a la producción de Caiga Quien Caiga a no emitir el informe. “Si ponen ese informe, que el Pelado (por Guillermo López, conductor del programa) se olvide de pisar Pinamar”, decía el mensaje. La Comisión Investigadora Según la Ley Orgánica de las Municipalidades, se designará una comisión investigadora integrada por concejales con la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros. Esta comisión deberá constituirse con no menos de una cuarta parte de los mismos y representación de todos los bloques reconocidos. Tendrá como objeto reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos, que deberán ser precisamente definidos. Para ello tendrá un plazo de 30 días. Cumplidos los requisitos, el intendente podrá efectuar descargos y aportar pruebas, a cuyo fin se le otorgará un plazo de 10 días. Vencido este plazo, la comisión deberá elevar al Concejo su informe en un plazo máximo de 15 días, para que en sesión especial califique la gravedad de los hechos. En tanto, para disponer la suspensión preventiva deberá calificarse por decisión debidamente fundada la conducta juzgada, conforme lo dispuesto en los incisos del presente artículo, mediante el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Concejo.