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sábado, 21 de julio de 2012

REPUDIAMOS LA REPRESION Y EL DESALOJO EN CERRO NEGRO

Durante la tarde del 20 de julio una patota pro minera custodiada por la policía y gendarmeria llegó al Campamento de Cerro Negro y comenzó a violentar a los asambleistas que desde hace 2 semanas han montado un campamento contra la megaminería contaminante en el cruce de las rutas 40 y 60. Arrojando piedras y "bombas de estruendo" llegaron a herir gravemente a dos ambientalistas y luego al acercarse al campamento, y ante la mirada pasiva de la policía, a los golpes corrieron a los asambleistas contra la mega minería contaminante y junto a la policía desalojaron el campamento que tenía como fin generar un bloqueo selectivo de los camiones con insumos mineros que van hacia "La Alumbrera", enclave minero de oro y plata que ha sido denunciado por generar un gran impacto ambiental con contaminación irreversible. En comunicación con referentes de la Asamblea Ambiental de Tinogasta, pasadas las 20 horas la policía no dejaba retornar por la ruta 60 a los ambientalistas hacia Tinogasta, teniendo los mismos que dirigirse hacia el límite con La Rioja, y siendo perseguidos por la patota pro minera, y sorteando a su vez una barricada pro minera que en la localidad mas cercana apedreo los vehículos con los que se trasladaban los manifestantes ambientales, ante la pasividad absoluta de la policía.
También, los referentes de las asambleas ambientales, en comunicación telefónica, y ante la gravedad de los hechos no dudaron en afirmar que la patota que los golpeo y estaba persiguiendo eran contratados por el gobierno de la provincia de Catamarca que actuaron en total coordinación con la policía, como si se tratara de una fuerza parapolicial. Desde Mar del Plata repudiamos y condenamos esta barbarie desatada por el gobierno nacional por su claro apoyo a los enclaves extractivistas de minería contaminante y ejecutada por la gobernadora Lucia Corpacci utilizando no solo la fuerza represiva, sino también patotas políticas, retomando las practicas mas rancias y antidemocráticas para amedrentar a ciudadanos que ejerciendo su deber constitucional están reclamando el cumplimiento de la ley ante la falta total de control del gobierno respecto al cuidado de los bienes comunes básicos para la vida como lo son el agua y la tierra.
Hacemos responsables al gobierno nacional dado que la ruta 40, donde se encontraba el campamento ambiental, es nacional, y al gobierno de la provincia de Catamarca, ante cualquier daño físico que sufrieran los ambientalistas que hasta altas horas de la noche no podían parar su marcha por las amenazas de la patota del gobierno de Corpacci. Juan Pablo Malagutti Prensa Movimiento Libres del Sur - Frente Amplio Progresista

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