El Ministerio Público alegará luego de las vacaciones de invierno, pero ya tiene preparados pedidos de condena por asociación ilícita y defraudación al Estado
Aunque guarda su estrategia bajo siete llaves, sin querer que nada se filtre, nadie duda en Comodoro Py que el fiscal federal Diego Luciani, a cargo del Ministerio Público Fiscal en el juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus ex funcionarios y el empresario Lázaro Báez, prepara artillería pesada para la hora de su alegato que comenzará en agosto, al regreso de la feria invernal. Ya se bajaron los organismos del Estado que eran acusadores privados y llegaron al juicio oral en la época de Mauricio Macri: la Oficina Anticorrupción se retiró del juicio antes de los alegatos y ahora la Unidad de Información Financiera anunció hoy que no acusará a la ex jefa de Estado ni al resto por la “orfandad probatoria” del debate. Luciani, entonces, será el encargado de repasar las pruebas que se obtuvieron en instrucción y se reprodujeron en el juicio oral para evaluar sus pedidos de pena.
Testimonios y peritajes construyen la hipótesis que llevó a Cristina Kirchner a sentarse en el banquillo de los acusados, al acusarla de ser la jefa de “una estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial”. En el juicio oral se escucharon testimonios sobre los pedidos para certificar obras adjudicadas a Báez que no estaban hechas.
Tal como lo expusieron en su elevación a juicio los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, esta causa está relacionada directamente con otras investigaciones que tienen como protagonista a la ex Presidenta: los retornos que llegaron a través de Hotesur y Los Sauces, con el alquiler de propiedades a empresas de la familia Kirchner para que el dinero entregado a las firmas de Lázaro Baez reingresara al patrimonio del ex matrimonio presidencial.
El Tribunal Oral Federal 5 decidió sobreseer a CFK y a sus hijos, además del resto de los acusados, en la causa Hotesur y Los Sauces, pero esa decisión no está firme; debe ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal y el Ministerio Público insistió en sus argumentos para que esas maniobras lleguen a debate oral.
Según el Ministerio Público, el punto de partida en los hechos que se investigan en el juicio oral de la obra pública es “una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro de la Administración Pública, en la que una estructura permanente y coordinada de personas — principalmente funcionarios públicos— logró la sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.
“La modalidad escogida para la apropiación de los fondos del Tesoro Nacional fue adjudicar prácticamente el 80% de la obra pública vial de la provincia a la que intencionalmente más dinero se direccionó en nuestro país a uno de los miembros de la organización criminal, Lázaro Báez, quien recibió entre los años 2003 y 2015 contratación del Estado por valores cercanos a 8.000 millones de pesos , monto que actualizado a agosto de 2016 asciende a la suma de prácticamente 46.000 millones de pesos”, sospecha el fiscal.
Para ello, el primer paso fue convertir a Lázaro Báez en empresario de la construcción, “el amigo personal y socio comercial de la ex familia presidencial al cual se habrían de asignar los fondos públicos, lo cual aconteció alrededor de dos semanas antes de la asunción del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, quien juró el 25 de mayo de 2003″.
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