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sábado, 14 de mayo de 2011

COMUNICADO DEL Me.D.A.


La Mesa de Dialogo Ambiental le dice “NO” al Plan de Manejo Integrado del Frente Marítimo del Partido de Pinamar aprobado por Ordenanza 3754/09 que dio lugar al llamado a Licitación del uso y explotación de Unidades Turísticas Fiscales en playa por el término de 15 años más 5 años de prórroga.
Nuestra posición responde, a dos situaciones bien claras, la primera por no respetar los lineamientos acordados por esta Comunidad de Pinamar a través de la Gestión Participativa llevada a cabo entre el 2005 y el 2006, y la segunda por traicionar la confianza popular al no someter el nuevo plan al debate (audiencia pública), como práctica de un derecho Constitucional.
MeDA entiende entre otras razones que:
- El Plan “no es integral” (no resuelve la problemática de los servicios, de los vehículos, de la avenida del mar, la modificación del COU, de la recuperación de los espacios públicos, de la reducción edilicia en playa, como lo plantea el PG-CUA - Programa de Gestión de Calidad Urbano Ambiental del Frente Marítimo de Pinamar), sino que sólo se inclina a beneficiar los intereses económicos de los concesionarios.
- El Plan “no contempla los acuerdos alcanzados de distribución de balnearios en la playa” como lo establece el PG-CUA. La playa es redistribuida por un acuerdo entre los Concesionarios y el poder político, a partir del actual modelo de ocupación.
- El proyecto “permite balnearios en zona de alta vulnerabilidad” donde no se recomienda por el PG-CUA por comprometer ambientalmente la playa.
- El proyecto “triplica la superficie de las unidades” de las prevista en el PG-CUA para la construcción de balnearios.
- El proyecto “permite restaurantes” en playa, cuando el PG-CUA los traslada a la vereda de enfrente provista de todos los servicios.
- El proyecto “no deja espacios públicos” de 220mts. entre cada balneario como lo previsto en el PG-CUA sino que deja pasillos semejantes a los actuales.
- El proyecto “no crea un organismo altamente participativo” para la evaluación permanente y verificación de los objetivos como lo prevé el PG-CUA sino que constituye una comisión de carácter político.
Por no responder a los intereses del conjunto de la sociedad, MeDA recurrió ante el Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, quien a dio lugar a la intervención del Organismo Para el Desarrollo Sustentable (OPDS). Ambos, junto a la Asesoría General de Gobierno coinciden en la improcedencia de la Ordenanza, el Plan y su llamado a Licitación por no cumplir con los principios ambientales.
La playa es un bien de todos y como tal debe ser tratado, garantizando el acceso a la Comunidad a participar de los debates públicos.
Ante el hermetismo del presente tratamiento reducido a un ámbito netamente político, MeDA expresa su total disconformidad y apela ante las autoridades los derechos constitucionales de la participación.

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