El titular del organismo antilavado seguirá hasta que se designe a su sucesor. Su salida es la consecuencia de una sucesión de escándalos, especialmente en el área de Litigios Penales
Por Nicolás Pizzi
“No se sostiene más, la UIF está paralizada, sigue únicamente porque viene la revisión del GAFI”, repetían al unísono los empleados del organismo antilavado en las últimas semanas. El clima interno era insostenible, especialmente en el área de Litigios Penales, donde la cadena de renuncias y despidos no cesaba. La parálisis se trasladó a otras dependencias clave como la Dirección de Análisis. A Carlos Cruz lo acusaban, tal como reveló Infobae, desde haber protegido a Lázaro Báez, al comienzo de su gestión, hasta del “error” procesal que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, y otros dos directivos en la causa Cuadernos. El último escándalo fue hace un mes, cuando un abogado de la UIF lo denunció por “hostigamiento y amenazas”.
Cruz no soportó la presión y presentó la renuncia hace dos semanas. Muy pocos se habían enterado. Antes de irse a Roma, el presidente Alberto Fernández decidió aceptarla, aunque recién se hará efectiva “a partir de la designación de la persona que lo reemplace”. Para eso falta mucho: el proceso de designación de Cruz, según la ley de lavado de dinero sancionada en 2011, tardó casi dos meses.
El proceso de selección del sucesor de Cruz incluye la publicación de sus antecedentes en dos diarios de circulación nacional, la presentación de su declaración jurada, y un informe de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.
Tras la publicación de esta información, el candidato deberá someterse a las objeciones y adhesiones de la ciudadanía. El proceso culminará en una audiencia pública para la evaluación de las observaciones presentadas.
Mientras tanto, Cruz seguirá a cargo de la UIF con la renuncia aceptada.
En cambio, ya no estará su vice, Mariana Quevedo. El Presidente decidió aceptarle la renuncia mediante otro decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La relación entre Cruz y Quevedo nunca fue buena. La vice tenía el apoyo de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de La Cámpora. “En la gestión de Sbatella ella estuvo como Directora de Legales, juró volver por la revancha y se le estaba dando”, apuntó un empleado de la UIF que vio pasar varias gestiones. En cambio, el presidente de la UIF había llegado con el respaldo del presidente y con el apoyo del titular del gremio de los encargados, Victor Santa María. Esa tensión interna entre los dos sectores del Gobierno también fue parte de la crisis interna. “Se desconfiaban mutuamente, el que diga lo contrario miente”, dijo esa misma fuente.
Producto de esas peleas internas, el organismo estaba casi paralizado. La Dirección de Análisis, una de las más importantes, no tenía director ni sub director hace tiempo. “Desde marzo de 2020 se acumularon los ROS que llegan de los sujetos obligados, no se reasignaron a los analistas. Lo único que les importaba hasta hace poco tiempo era la Hidrovía por una orden política”, se quejó un empleado con mucha experiencia.
En el área de Litigios Penales, el conflicto se destapó con la renuncia de su director, Claudio Castelli, que hizo circular una serie de audios contra Cruz y otros funcionarios. “Si vamos a librar una pelea, libremosla, esto va a ser duro para todos eh, no solamente para mí. Te digo más, yo me voy de acá y voy a hacer público todo esto, y vamos a ver quién vuelve a la UIF y quién se va”, anticipaba Castelli a mediados de este año.
Luego de ese escándalo, Infobae reveló que Castelli había liderado una operación interna a favor del empresario Lázaro Báez, cuando se desarrollaban los alegatos por el juicio de “la ruta del dinero K”. “La pena para Báez tiene que ser más baja, seis años”, disparó el entonces director de Litigios Penales frente a los abogados. Hubo al menos tres reuniones durante el verano de 2020. En uno de esos encuentros estuvo Cruz. Según dos testigos consultados por Infobae, el funcionario no habló de las penas, pero habría objetado la mención al juicio de la obra pública como delito precedente del lavado de dinero.
Luego de la sentencia, en febrero de este año, los abogados a cargo de la querella quedaron afuera de la UIF: uno se fue de manera voluntaria y el segundo fue despedido.
Luego llegó el capítulo de Techint. Todo comenzó el 10 de agosto, cuando el juez Julián Ercolini dictó los sobreseimientos de Rocca, de Luis Betnaza, y Héctor Zabaleta. Los dos últimos habían declarado que desde el Ministerio de Planificación Federal les habían pedido dinero para que el gobierno argentino intercediera ante Hugo Chávez por la delicada situación del personal de las empresas que el grupo tenía en Venezuela.
Pese a confirmar que los pagos se hicieron, el fallo planteó que el caso de Techint era diferente al del resto de los empresarios porque el dinero que se entregó tenía que ver con “ayuda humanitaria” para una de sus empresas en Venezuela.
La UIF tenía una semana para apelar, pero no lo hizo. Eso desencadenó un cruce de acusaciones. Con el escándalo en los medios, Cruz decidió sumariar a tres abogados y despedir a uno de ellos, Fernando Diez. “No se puede sostener que la responsabilidad es de los abogados como si la UIF fuera un estudio jurídico. Cruz no puede alegar que la responsabilidad es de los subalternos que son empleados públicos”, alertaban sus colegas.
Diez decidió responder con una denuncia contra Cruz por “hostigamiento” y “amenazas” contra varios miembros del área de Litigios Penales.
El conflicto, en realidad, era más profundo. De hecho, desde que asumió Cruz, la UIF nunca impulsó la causa Cuadernos: solo hizo presentaciones para cambiar a los abogados patrocinantes.
Pese a los escándalos, la salida de Cruz se demoraba porque está pendiente la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que podría ubicar a la Argentina otra vez en la lista gris. “Tendría que haber sido en junio/julio de este año pero se retrasaron en otros países, quedaría para 2022. Cruz seguirá en su cargo hasta que se designe un reemplazante para que se mantenga el trabajo en los organismos internacionales”, dijo una fuente de la UIF ante una consulta de Infobae. Y agregó: “Cumplido el tiempo retomará la actividad académica y profesional recorriendo, como siempre, los mismos senderos para contribuir a un país mejor”.
Pese a la renuncia, las críticas contra Cruz no se detienen. “Se les aceptó la renuncia (a Cruz y Quevedo) sin que hayan cumplido con la obligación legal de presentar informe anual de su gestión al Congreso. Deberían hacer un informe de la gestión 2020 (que ya tiene 20 meses de mora) y otro para el período enero-noviembre 2021″, apuntó el ex titular de la UIF Mariano Federici en diálogo con este medio.
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