La magistrada federal de San Isidro le pidió a su par de esa jurisdicción, Lino Mirabelli, que le entregue el expediente donde están imputados Alberto Fernández, su mujer, y otras personas
Siguen los tironeos por el expediente judicial que investiga el festejo por el cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos, la noche del 14 de julio de 2020. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado le pidió a su colega Lino Mirabelli, que tiene a cargo la investigación, que envíe todo el expediente a su juzgado para hacerse cargo. Mirabelli ya había aceptado la competencia, de hecho avanzó con medidas de prueba, por lo que terminaría resolviendo la Cámara Federal. Es una mala noticia para el Gobierno, porque se estiran los tiempos de una posible definición.
Arroyo Salgado tiene una denuncia por los mismos hechos desde el 13 de agosto. En cambio, Mirabelli se hizo cargo del expediente que tramitaba en Comodoro Py desde el comienzo del escándalo. Hace dos semanas, el juez le pidió a su colega que se inhiba de seguir investigando y que le mande ese expediente para unificarlos. La jueza acaba de contestar que no se lo mandará porque la denuncia que tramita en su juzgado es anterior al traspaso de la causa desde Comodoro Py a San Isidro.
En un escrito de 28 páginas, fechado este martes, Arroyo Salgado recordó que cuando Sebastián Casanello decidió enviar el caso a San Isidro “ya se encontraba en trámite ante este Juzgado un expediente que contenía varias denuncias por los mismos hechos que eran allí pesquisados”. Y agregó: “Corresponde proceder a la unificación de ambos legajos pues, me permito afirmar, sin hesitación alguna, que la tramitación conjunta de ambos expedientes en una misma sede judicial no solo redundará en una mejor y más pronta administración de justicia, sino que además permitirá evitar un dispendio jurisdiccional que, a todas luces, resulta evidente”.
La jueza federal de San Isidro no solo rechaza la inhibitoria de Mirabelli sino que le pide que se inhiba de seguir investigando.
Con esta resolución de Arroyo Salgado, ahora intervendría la Cámara Federal de San Martín para resolver el conflicto de competencia.
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