Infobae tuvo acceso a la documentación enviada por el Departamento de Justicia de EEUU en la que se detalla cómo actuó en la Argentina la empresa brasileña acusada de corrupción
Semanas atrás, llegó a Comodoro Py documentación enviada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a pedido de varios jueces que investigan los posibles pagos de coimas de la empresa brasileña Odebrecht para conseguir contratos de obra pública en Argentina durante los años del kirchnerismo.
El escrito -al que accedió Infobae- es la respuesta a tres requisitorias que envió la justicia argentina a los Estados Unidos. Forma parte del acuerdo que Odebrecht realizó con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que fue convalidado por el Departamento de Justicia norteamericano.
Parte del informe se relaciona con el acuerdo que Odebrecht firmó en 2016 y por el cual la empresa reconoció el pago de 788 millones de dólares en coimas para realizar más de 100 negocios de obra pública en los siguientes países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Aquel acuerdo de reconocimiento de la culpabilidad lo firmó Odebrecht con la Sección Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con la fiscalía del distrito Este de Nueva York. Allí se indica que la compañía se comprometió a pagar 2600 millones de dólares de multa y que entre 2007 y 2014 dio sobornos por 35 millones de dólares destinados a funcionarios públicos.
La información que llegó a la Argentina sobre Odebrecht fue enviada por el área de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que está a cargo de Vaughn A. Ary y lleva la firma de Angela S. George. El material fue dirigido a Andrea Galdiz del Departamento de Cooperación Internacional Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en Sistemas Judiciales Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Luego, el codiciado documento fue remitido a los tribunales federales de Comodoro Py, donde lo recibió el juzgado de Sebastián Casanello, quien junto al fiscal Federico Delgado llevó adelante un expediente, que se elevó a juicio oral, en el que se investigaba el posible pago de coimas por parte de Odebrecht y sus socios locales para obtener una obra pública.
La acusación realizada por Delgado está vinculada a la construcción de una planta potabilizadora de AySA en el Paraná de las Palmas.
En la elevación a juicio, Delgado había acusado al ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, al ex funcionario Roberto Baratta, y a los empresarios Aldo Roggio, Tito Biagini y Carlos Wagner. También a los funcionarios de AySA Caros Humberto Ben y Oscar Biancuzzo y al empresario Jorge Rodríguez, quien no aparece en el documento enviado desde los Estados Unidos.
Delgado, luego de analizar lo recibido, lo remitió de inmediato al Tribunal Oral Federal 2 –el mismo que juzga a Cristina Kirchner y otros imputados por la obra pública de Santa Cruz- que tiene asignada la realización del juicio oral. El fiscal asegura que el informe de los Estados Unidos no cambia su hipótesis de acusación.
Qué dice el documento
En las 267 páginas que tiene el reporte hay información sobre varios contratos relacionados con la construcción de la planta potabilizadora del Paraná de las Palmas. Entre otras cosas, aparecen diversas referencias a pagos realizados por Odebrecht desde cuentas en Suiza y una planilla de facturación de la empresa “Noronha International Consulting Eng. Services-Nices” en la que existen cinco menciones a este proyecto.
Asimismo, hay correos electrónicos que hablan de la construcción de gasoductos y de la obra llamada “Aguas del Paraná”.
A partir de la página 174, se pueden hallar elementos relacionados con la causa del Soterramiento del Sarmiento, donde se sospecha el pago y cobro de coimas que se investiga en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. Las empresas involucradas son IECSA, COMSA, Ghella y Odebrecht. IECSA era de la familia Macri y fue adquirida por Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, quien está imputado en la investigación judicial que se lleva adelante en Comodoro Py.
El primer documento vinculado al Soterramiento es un contrato entre las empresas que iban a hacer la obra -nunca terminada- y una consultora con sede en España llamada DCS Control de Calidad, que fue contratada para realizar diversas tareas relacionadas al proyecto.
Para el fiscal de la causa, Franco Picardi, está probado que el consorcio empresario (IECSA, COMSA, Ghella y Odebrecht) inventó contratos de consultoría con DSC para sacar de la Argentina el dinero destinado a las coimas que, luego de un derrotero por varios países, terminó en Uruguay donde, se presume, fue retirado en efectivo. Las defensas de los imputados niegan la falsedad del contrato.
Entre la documentación llegada desde Estados Unidos están las facturas emitidas por DSC para cobrar el servicio que le vendió al consorcio. Para el fiscal Picardi, esta maniobra fue una manera de generar dinero para pagar las coimas.
También hay mails entre personas no identificadas, pero relacionadas con Odebrecht, que hablan de un contrato inicial con DSC de USD 2 millones, que podría llegar a los 10 millones de dólares. Allí dan explicaciones de cómo hacer llegar ese dinero en “cash” a Buenos Aires.
También aparecen correos entre Ricardo Vieira, Luis Mameri, Pedro Novis (Odebrecht) y Henry Perret (del Grupo Roggio), donde Vieira, entre otras cuestiones, pide conocer a Aldo Roggio ya que su empresa tenía -y tiene aún- la explotación del subte de Buenos Aires. El interés está relacionado con la obra del Soterramiento del Sarmiento.
Después de que el informe llegara a la justicia argentina, desde Comodoro Py se hizo trascender que a partir de la información allí volcada se había confirmado que Jorge Rodríguez había actuado como intermediario en el pago de coimas, a pesar de que en todo el escrito nunca aparece el nombre y apellido del empresario.
La acusación de Delgado señala que la empresa Sabrimol Trading sería de Rodríguez, quien categóricamente niega que la misma sea de su propiedad.
La defensa de Rodríguez se basa en un estudio presentado en junio pasado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (DAJUDECO), que encabeza Juan Tomás Rodríguez Ponte, en una causa conexa con la de AySA, en la que se concluye respecto de Sabrimol Trading: “Se informaron como beneficiarios finales e integrantes del órgano de administración a Martín Molinolo Menafra y Carlos Luís Dentone Loinaz”. También consta en el expediente que Molinolo y Dentone compartían la titularidad de una cuenta con Rodney de Carvalho, quien fuera director de Infraestructura en la sucursal argentina de Odebrecht.
Según el informe de la DAJUDECO, Rodríguez aparece como accionista en otras tres sociedades: Helicopter Corporation SA, Nelly Entertainment SA y 1823 Loft SA.
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