La ex presidente busca descalificar el pedido de condena en la causa Vialidad. Dijo que se trata de un acto de persecución al peronismo. Reforzó la apuesta a la grieta. Y logró amplio apoyo interno. Una mala señal en medio de la crisis, que agrega tensión política e institucional
Por Eduardo Aulicino
Cristina Kirchner resumió mejor que nadie el sentido político de su defensa frente al pedido de condena por la causa Vialidad. Fueron, básicamente, dos puntos. El primero: dio una vuelta de tuerca con la consigna de la “persecución política”, ya no como una cuestión personal o de su espacio, sino del peronismo en conjunto. El segundo: armó una nueva apuesta a la grieta, con el macrismo como enemigo, además de medios y jueces. En ese último renglón, recreó como “descargo” el intento de colocar la corrupción en la otra vereda, o de igualar a todos en el barro.
El pedido de la fiscalía aceleró el alineamiento interno -apenas con algunos matices- frente a un tema socialmente sensible, sobre todo en el marco de la crisis económica. Y proyecta una escalada con vistas al alegato de la ex presidente, en septiembre, y a la sentencia del Tribunal Oral Federal, tal vez en noviembre. Dicho de otra forma: tiñe la gestión con su más que complicado frente judicial. Convierte sus causas en una cuestión de Gobierno. Y dispara otra vez especulaciones sobre alguna medida extrema y fuera de lugar y tiempo por parte del Ejecutivo.
Por lo pronto, asoma como un problema serio para el Gobierno. Es un posible efecto que venía inquietando al reducido círculo de Olivos y a la nueva gestión de Economía, aunque con la mirada puesta en la sentencia y no en el pedido de condena. Como sea, resta espacio al principal objetivo político antes que técnico trazado por Sergio Massa: un corte para tratar de generar expectativas tras la cercanía al abismo que habían exhibido el final de Martín Guzmán y el breve paso de Silvina Batakis.
Está claro que ese movimiento del ministro de tres áreas requirió el aval de CFK, silencioso, con pretensiones de no pagar costos por el ajuste. El poder interno de la ex presidente para aprobar o rechazar quedó más nítido con el relegado lugar de Alberto Fernández. Los tiempos para designar a Gabriel Rubinstein sugerían lo mismo y lo reforzó la disculpa del nuevo funcionario por sus mensajes críticos y ácidos sobre la ex presidente.
La reacción frente al alegato de los fiscales y el pedido de condena condensó un respaldo activo en esta etapa del proceso judicial. CFK consolidó posiciones con ese compromiso interno, precisamente en el terreno que más la perturba: la Justicia. La movida fue motorizada en principio por La Cámpora y siguieron legisladores, intendentes, algunos gobernadores, ministros, la CGT, los movimientos sociales aliados. Dato significativo: un comunicado oficial del Gobierno. La posición de Alberto Fernández ya había girado hace tiempo.
Las declaraciones, se ha dicho, giraron en torno de la consigna de la “persecución política”. Algunos buscaron rechazar el concepto de asociación ilícita y de un plan para defraudar al Estado con un concepto conocido: que no serían justiciables los actos de Gobierno sólo por sus efectos negativos o perjudiciales para el Estado, y que no necesariamente un Presidente está al tanto de todo lo que ocurre en la Administración Nacional. Resulta razonable para casos como el “Dólar futuro”, pero no en esta causa sobre el manejo del enorme volumen de obra pública y con Lázaro Báez como contratista.
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