Durante su larga gestión, el intendente de Pinamar se jactó de ser menemista y amigo del empresario Alfredo Yabrán, responsable del asesinato de José Luis Cabezas. Hasta hace poco tiempo, el ex intendente estaba alineado al diputado Felipe Solá. “Con Felipe estamos construyendo en espacio para el 2011 para ser presidente” dijo a la prensa y planteó varias diferencias con los Kirtchner: “No hay política social ni de salud. No hay una política de seguridad. Tampoco nos gusta el unicato que estamos viviendo. Hoy no hay libertad de opinión en el peronismo. Estamos hablando de una reforma política importante”.
Olvidando lo declarado y ansioso por encontrar un apoyo que pareciera no llegar, hoy busca la foto junto al vice gobernador Gabriel Mariotto. Por ahora, su ”amigo personal”, Daniel Scioli, parece no aflojar su mano.
Ante la suspensión de Blas Antonio Altieri decidida por la Comisión Investigadora, el jefe comunal presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires un recurso de amparo por conflicto de poderes. Se trata de un trámite que suele llevar varios días. Sin embargo, el organismo tuvo en horas el despacho presto solicitando al HCD la presentación de copias certificadas del expediente elaborado por la Comisión Investigadora que tiene al mandatario al borde de la destitución.
El lunes 11 por la mañana, el intendente en persona entregó la cédula firmada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo Néstor de Lázzari, al HCD. Una agilidad administrativa que no deja de llamar la atención.
Recordemos que el abogado patrocinante de Altieri es su amigo, socio y ex asesor letrado del Municipio, Carlos Oricchio.
De otros tiempos que continúan
Carlos Oricchio fue, durante la gobernación de Eduardo Duahlde, director del Servicio Penitenciario bonaerense. Eduardo De Lazzari, duhaldista de la primera hora, se desempeñó como Ministro de Seguridad. Entre Oricchio y De Lazzari existe una larga labor compartida en un tema tan sensible como es la seguridad bajo la administración de un gobernador afín, política e ideológicamente, al ya entonces intendente Blas Altieri, auto declamado amigo personal del entonces presidente Carlos Menem.
Duhalde es un personaje político que ha dejado una marca indeleble en Pinamar: a días del asesinato del fotógrafo, el Gobernador declaró: “Ese cadáver me lo tiraron a mí”.
“El cadáver” había aparecido a ochenta metros de su casa que, como bien explicó José Pablo Feinmann, apelaba a un mecanismo “muy preciso de la política nacional que se pronuncia arrojando cadáveres de un lado a otro”. Una estrategia común durante los años setenta que se expresaba con la frase: Tirar un fiambre y después negociar. El crimen de Cabezas, analizado desde la frase del Gobernador, me lo tiraron, recuperaba esta terrible práctica para los tiempos de la democracia, explicaba Feinmann. “Democracia o no, en política las cosas se vehiculizan con cadáveres-mensaje, cadáveres-advertencia, cadáveres-piantavotos”.
Entre tanto, el “gran” sospechoso y empresario postal Alfredo Yabrán hizo su indeseada aparición pública: el asesinato del fotógrafo develó sus vínculos con el Poder. Como explicaba el periodista, “no hubo Gobierno a cuyo amparo el Supremo Empresario no hubiera crecido. Pero, como tantas figuras turbias de la muy turbia década del noventa, el hombre había crecido, sobre todo, bajo el menemismo”. Bajo el mismo gobierno creció el ya intendente y cada vez más exitoso empresario Blas Altieri. “Tener poder es ser impune”, definía Yabrán.
En un Pinamar formado “en el olvido de sus tragedias y de sus muertos”, Altieri pudo ser reelecto una y otra vez. Así, el hombre fue engrosando su patrimonio y afianzando su intimidad con el poder, ese que le permite dar a la prensa explicaciones “hilarantes”, como las definió la revista Noticias, para defenderse de impúdicos actos de corrupción como entregar viviendas sociales a sus hijas.
De favores y deudas
El asesinato de Cabezas exhibió impúdicamente “la relación de la política con los negocios mafiosos, las concesiones a los personeros oscuros y, sobre todo, el asesinato como última ratio del Poder” definió Feinmann.
Y es en este contexto, pleno esplendor de la llamada “maldita policía”, donde Oricchio desempeñó el cargo de director del Servicio Penitenciario bonaerense mientras De Lazzari era convocado por Duhalde para ser Ministro de Seguridad bajo la presidencia de Menem. Los mismos que tuvieron, y tienen, al gobernador Daniel Scioli como fiel referente y reproductor de sus políticas económicas y de seguridad. El mismo Scioli que sostiene la mano del siempre intendente y “amigo personal”, Blas Antonio Altieri.
De Lazzari desempeñó su cargo hasta que estalló el caso Cabezas involucrando a la Policía provincial. El funcionario pidió una salida decorosa y Duhalde le propuso ser ministro de la Corte.
Una extraña política de Seguridad
El documento elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con el apoyo de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), busca desterrar de la práctica policial el ejercicio de la tortura y responsabiliza de su vigencia a “la incapacidad de los actores políticos para desarrollar las transformaciones requeridas”. Este cuadro “tiene como agravante la promoción que distintos funcionarios políticos han hecho de la violencia ejercida desde el Estado”, entre otras cosas.
El ítem B del capitulo 4 se titula Adquisición de elementos de tortura por autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aire y dice: “El Servicio Penitenciario Bonaerense adquirió y utilizó elementos de tortura en las cárceles de la provincia. Según información publicada en diversos medios periodísticos locales en enero de 2004,
el Servicio Penitenciario compró picanas y escudos eléctricos al menos en dos oportunidades: en 1993 y 1996 (ambas bajo el gobierno de Eduardo Duhalde)”.
El entonces gobernador provincial, Felipe Solá, admitió la compra pero dijo desconocer quién la ordenó y cuándo y negó que se usaran elementos de tortura en el Servicio Penitenciario. El entonces ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, confirmó que en junio de 1996, ante una ola de motines y por orden de compra Nº 707/96, fueron adquiridos bastones y escudos con una descarga de choque de 9 voltios y que una operación similar se realizó, justamente, en 1993. Di Rocco sostuvo que los elementos de tortura estaban en desuso. Sin embargo, ningún funcionario explicó por qué, dada su “inutilidad”, se repitió la compra.
El documento del CELS explica claramente que el hecho constituye una violación flagrante de lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención contra la Tortura.
Influencias de doble vía.
El ex abogado externo municipal renunció a su puesto luego de más de veinte años de llevar adelante los juicios por apremio. Hoy es el abogado defensor de Altieri. Por eso, vale recordar un dato que podría poner un manto de duda sobre la debida independencia en las actuaciones jurídicas del Ministerio Publico: Oricchio, junto al secretario de Asuntos Institucionales de la Corte Suprema, Jorge Omar Paolini, es el representante legal de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia confederados en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata.
La Asociación acordó con los letrados una locación por sus servicios profesionales para asesorar y asumir “la defensa civil en caso de ser demandados en su condición de integrantes del Poder Judicial”. Los servicios profesionales de Oricchio iniciaron el 1 de agosto de 2011. Una relación que tiñe de duda la debida transparencia de los procesos judiciales.
Compleja situación la que vive Pinamar con un intendente cuestionado de severas irregularidades administrativas cuyas consecuencias se continúan hoy…al igual que sus influencias de doble vía.
Olvidando lo declarado y ansioso por encontrar un apoyo que pareciera no llegar, hoy busca la foto junto al vice gobernador Gabriel Mariotto. Por ahora, su ”amigo personal”, Daniel Scioli, parece no aflojar su mano.
Ante la suspensión de Blas Antonio Altieri decidida por la Comisión Investigadora, el jefe comunal presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires un recurso de amparo por conflicto de poderes. Se trata de un trámite que suele llevar varios días. Sin embargo, el organismo tuvo en horas el despacho presto solicitando al HCD la presentación de copias certificadas del expediente elaborado por la Comisión Investigadora que tiene al mandatario al borde de la destitución.
El lunes 11 por la mañana, el intendente en persona entregó la cédula firmada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo Néstor de Lázzari, al HCD. Una agilidad administrativa que no deja de llamar la atención.
Recordemos que el abogado patrocinante de Altieri es su amigo, socio y ex asesor letrado del Municipio, Carlos Oricchio.
De otros tiempos que continúan
Carlos Oricchio fue, durante la gobernación de Eduardo Duahlde, director del Servicio Penitenciario bonaerense. Eduardo De Lazzari, duhaldista de la primera hora, se desempeñó como Ministro de Seguridad. Entre Oricchio y De Lazzari existe una larga labor compartida en un tema tan sensible como es la seguridad bajo la administración de un gobernador afín, política e ideológicamente, al ya entonces intendente Blas Altieri, auto declamado amigo personal del entonces presidente Carlos Menem.
Duhalde es un personaje político que ha dejado una marca indeleble en Pinamar: a días del asesinato del fotógrafo, el Gobernador declaró: “Ese cadáver me lo tiraron a mí”.
“El cadáver” había aparecido a ochenta metros de su casa que, como bien explicó José Pablo Feinmann, apelaba a un mecanismo “muy preciso de la política nacional que se pronuncia arrojando cadáveres de un lado a otro”. Una estrategia común durante los años setenta que se expresaba con la frase: Tirar un fiambre y después negociar. El crimen de Cabezas, analizado desde la frase del Gobernador, me lo tiraron, recuperaba esta terrible práctica para los tiempos de la democracia, explicaba Feinmann. “Democracia o no, en política las cosas se vehiculizan con cadáveres-mensaje, cadáveres-advertencia, cadáveres-piantavotos”.
Entre tanto, el “gran” sospechoso y empresario postal Alfredo Yabrán hizo su indeseada aparición pública: el asesinato del fotógrafo develó sus vínculos con el Poder. Como explicaba el periodista, “no hubo Gobierno a cuyo amparo el Supremo Empresario no hubiera crecido. Pero, como tantas figuras turbias de la muy turbia década del noventa, el hombre había crecido, sobre todo, bajo el menemismo”. Bajo el mismo gobierno creció el ya intendente y cada vez más exitoso empresario Blas Altieri. “Tener poder es ser impune”, definía Yabrán.
En un Pinamar formado “en el olvido de sus tragedias y de sus muertos”, Altieri pudo ser reelecto una y otra vez. Así, el hombre fue engrosando su patrimonio y afianzando su intimidad con el poder, ese que le permite dar a la prensa explicaciones “hilarantes”, como las definió la revista Noticias, para defenderse de impúdicos actos de corrupción como entregar viviendas sociales a sus hijas.
De favores y deudas
El asesinato de Cabezas exhibió impúdicamente “la relación de la política con los negocios mafiosos, las concesiones a los personeros oscuros y, sobre todo, el asesinato como última ratio del Poder” definió Feinmann.
Y es en este contexto, pleno esplendor de la llamada “maldita policía”, donde Oricchio desempeñó el cargo de director del Servicio Penitenciario bonaerense mientras De Lazzari era convocado por Duhalde para ser Ministro de Seguridad bajo la presidencia de Menem. Los mismos que tuvieron, y tienen, al gobernador Daniel Scioli como fiel referente y reproductor de sus políticas económicas y de seguridad. El mismo Scioli que sostiene la mano del siempre intendente y “amigo personal”, Blas Antonio Altieri.
De Lazzari desempeñó su cargo hasta que estalló el caso Cabezas involucrando a la Policía provincial. El funcionario pidió una salida decorosa y Duhalde le propuso ser ministro de la Corte.
Una extraña política de Seguridad
El documento elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con el apoyo de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), busca desterrar de la práctica policial el ejercicio de la tortura y responsabiliza de su vigencia a “la incapacidad de los actores políticos para desarrollar las transformaciones requeridas”. Este cuadro “tiene como agravante la promoción que distintos funcionarios políticos han hecho de la violencia ejercida desde el Estado”, entre otras cosas.
El ítem B del capitulo 4 se titula Adquisición de elementos de tortura por autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aire y dice: “El Servicio Penitenciario Bonaerense adquirió y utilizó elementos de tortura en las cárceles de la provincia. Según información publicada en diversos medios periodísticos locales en enero de 2004,
el Servicio Penitenciario compró picanas y escudos eléctricos al menos en dos oportunidades: en 1993 y 1996 (ambas bajo el gobierno de Eduardo Duhalde)”.
El entonces gobernador provincial, Felipe Solá, admitió la compra pero dijo desconocer quién la ordenó y cuándo y negó que se usaran elementos de tortura en el Servicio Penitenciario. El entonces ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, confirmó que en junio de 1996, ante una ola de motines y por orden de compra Nº 707/96, fueron adquiridos bastones y escudos con una descarga de choque de 9 voltios y que una operación similar se realizó, justamente, en 1993. Di Rocco sostuvo que los elementos de tortura estaban en desuso. Sin embargo, ningún funcionario explicó por qué, dada su “inutilidad”, se repitió la compra.
El documento del CELS explica claramente que el hecho constituye una violación flagrante de lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención contra la Tortura.
Influencias de doble vía.
El ex abogado externo municipal renunció a su puesto luego de más de veinte años de llevar adelante los juicios por apremio. Hoy es el abogado defensor de Altieri. Por eso, vale recordar un dato que podría poner un manto de duda sobre la debida independencia en las actuaciones jurídicas del Ministerio Publico: Oricchio, junto al secretario de Asuntos Institucionales de la Corte Suprema, Jorge Omar Paolini, es el representante legal de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia confederados en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata.
La Asociación acordó con los letrados una locación por sus servicios profesionales para asesorar y asumir “la defensa civil en caso de ser demandados en su condición de integrantes del Poder Judicial”. Los servicios profesionales de Oricchio iniciaron el 1 de agosto de 2011. Una relación que tiñe de duda la debida transparencia de los procesos judiciales.
Compleja situación la que vive Pinamar con un intendente cuestionado de severas irregularidades administrativas cuyas consecuencias se continúan hoy…al igual que sus influencias de doble vía.
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