¿QUE GANAMOS CON DESTITUIR A ALTIERI?, por MARIANA DUFOUR

Enmarcados en la peor crisis político, institucional y económica de Pinamar, ayer, a las 20:10, el decreto que manda la suspensión preventiva por 90 días del intendente de Pinamar, Blas Antonio Altieri, fue aprobado por ocho votos positivos y dos negativos de Hernán Muriale y Daniel Lamas. En el transcurso de la jornada, el mandatario será notificado de la decisión y cuenta con cinco días hábiles para considerar su estrategia y buscar permanecer en el poder.

Mientras, el 18 de junio es la fecha tope para que el cuerpo legislativo dicte una Resolución definitiva. El articulo 250 de la LOM manda “resolver la destitución del Intendente, por decisión debidamente fundada, mediante las dos terceras partes de votos del total de los miembros del Concejo”. El artículo contempla el derecho del mandatario a su defensa pudiendo ser asistido por sus secretarios y letrados. Si el HCD no fallara en tiempo y forma, el mandatario recuperará “el pleno ejercicio de sus facultades como tal. Igual efecto sobrevendrá cuando el pedido de destitución no cuente con la mayoría que exige la norma”.

Una sesión especial

La jornada inició a las 18:35 con un recinto colmado de vecinos ansiosos de conocer la decisión de los ediles y más de veinte agentes policiales custodiando el ingreso al recinto. La sesión tuvo lugar en el marco del respeto y el silencio de los presentes. La presencia del equipo periodístico del programa televisivo CQC, nombrado en uno de los puntos contemplados por el documento leído por el presidente del HCD, Alberto Germain, se llevó todas las miradas.


El informe compartido durante la sesión dedica una extensa ilustración sobre las irregularidades que enmarcaron la creación de la Fundación Eco Pinar que permitió al intendente y a su socio y ex abogado externo del Municipio, Carlos Oricchio, la construcción y posterior adjudicación de las viviendas sociales realizadas con dineros del Instituto Provincial de la Vivienda. El informe señala que “la conducta omisiva enrostrada al Intendente fue continua y sostenida por éste durante varios años, manteniéndose hasta la actualidad, cuando el Instituto de la Vivienda detecta la irregularidad y periodistas intentan difundir hechos que merecen ser publicados y conocidos por los ciudadanos de Pinamar”.

Y recuerda las declaraciones realizadas por Altieri durante el acto de apertura de sesiones del HCD: “El intendente intentó justificar a los agresores y minimizar los hechos, lo que no es aceptable. Incluso trató de desmentir las imágenes captadas por distintos medios”.

El intendente, “por omisión y por acción omisiva posibilitó que el plan de viviendas se ejecutara y se adjudicara irregularmente”. El informe desmiente cada una de las declaraciones y presentaciones formales realizadas por Altieri buscando convencer a la comunidad y a la Comisión Investigadora sobre su desconocimiento sobre el verdadero destino de los fondos provinciales y la no vinculación del Municipio en esta irregularidad.

Manejo de espacios publicitarios

El irregular manejo de los espacios publicitarios mereció un largo informe que explicitó la gravedad del hecho consumado en una propiedad privada del intendente en detrimento del erario municipal. Según el documento, Altieri, en su carácter de intendente, firmó el Decreto Nº 164/12 por el cual la Municipalidad autorizó la realización de una acción publicitaria a la automotriz Citroen durante la temporada 2011/12 en un espacio en el cual “él, su esposa y sus familiares directos son interesados en forma particular, lo que debió haberse evitado, conforme lo exige la ley”.

El informe contempla, también, la irregular compra del automotor Passat a la empresa Volkswagen sin la correspondiente factura y sin la documentación necesaria para su circulación, la cuestionada remodelación del Hospital Comunitario de Pinamar, el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba la paralización de obras de pavimentación en la localidad de Mar de Ostende por no contar con la correspondiente evaluación de impacto ambiental, incumplimiento de la ordenanza vigente que regula la actividad del Bingo Las Vegas S.A, entre otras cuestiones. Cada ítem fue detalladamente descripto para conocimiento del intendente y la comunidad.

“El intendente minimiza y descontextualiza”

Una de las razones claves que determinó la gravedad de los hechos y la posterior votación de los ediles radica en que “el intendente minimiza, descontextualiza y aún justifica el modo en que se desarrollaron los hechos, proceder que revela un peligro cierto en que se podrán repetir”. Así, la medida preventiva de suspensión del intendente encuentra “una razón pilar” en la que fundarse.

Los ediles aclararon que las irregularidades presentadas al Poder Ejecutivo “se limitaron a 33 puntos” por falta de tiempo. “Sino hubiéremos presentado quince más, sin dudas” dijo la concejal Rosana Di Pascuale.

Las denuncias continuaron

Recordemos que, en estos días, algunos periodistas hicieron publicas más denuncias de vecinos que, ante la situación de desenmascaramiento de la corrupción enquistada en Pinamar desde hace veinte años, tuvieron el valor de hacerlas públicas. Una de ellas plantea posibles irregularidades en el manejo del Programa de Cooperativas Sociales dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que dejó a los trabajadores sin el cobro de sus haberes por tres meses, entre otras anomalías que los perjudican en su desarrollo y crecimiento.

Otra de las denuncias de gravedad que cobró repercusión y fue desplegada sólo por algunos periodistas es la acusación presentada por Daniel Molina sobre la habilitación de Dinero Express, una empresa financiera que “no cuenta con la autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que involucra a funcionarios de Altieri (como el ex Juez de Paz, Carlos Rajcovich), al ex Fiscal de Pinamar, Cristian Centurión y al Fiscal General de Dolores, Diego Escoda”.

A esto se agrega la renovada denuncia realizada por el ex cabo principal, Héctor Reina, sobre el inquietante tratamiento que habría recibido un cadáver de una joven mujer recogido de un balneario que, por entonces, ya pertenecía al intendente Altieri. Un hecho que  podría estar vinculado al “caso Cabezas” o al narcotráfico.

“¿Qué ganamos con destituir a Altieri?”

Por estos días se esta armando un nuevo gabinete que será liderado por el futuro intendente interino, Hernán Muriale. Uno de los personajes que se viene anunciando como posible integrante de ese nuevo equipo es el empresario y ex concejal Víctor Pardo.

Días atrás, ante la inminente decisión del HCD, se sumó la declaración radial realizada por Pardo, otro amigo de Altieri. Recordemos que el empresario, viejo aliado del vecinalismo, es ex concejal por el peronismo, encolumnado con el MUPP en los últimos tiempos de su bancada, y fue presentado oficialmente como asesor personal del intendente al asumir el 10 de diciembre último. “¿Qué ganamos con destituir a Altieri?” preguntó el ex concejal al periodista. ¿Es posible que ninguno de los dos se haya percatado de la gravedad de semejante declaración? ¿O será que exhibían, una vez más, la impunidad que los tiene acostumbrados a estas actitudes de liviandad institucional?

Si una Comisión Investigadora, herramienta de la democracia que asegura la transparencia en la gestión gubernamental, comprueba irregularidades en la administración de un intendente y, en función de eso, decide destituirlo, que un ex concejal formule esa duda es como preguntarse ¿qué ganamos con hacer justicia? Esta declaración es gravísima. Más aún si, como se dijo, Pardo está analizando la posibilidad de ser parte del gabinete municipal.

Ya lo expresó el informe del HCD: que el intendente minimice, descontextualice y aún justifique el modo en que se desarrollaron los hechos, esto revela un peligro cierto en que se podrán repetir.