Sostuvo que se debe denunciar “con todas las letras”. Planteó que hay varios pedidos de jury, para los fiscales que han actuado en la causa. Entre las irregularidades probadas mencionó que de 150 casas se hicieron 25 y fueron entregas a familiares del poder. Además se preguntó como se tardó tanto en advertirse la situación de anomalía. Tamaño letraimprimir COMPARTIR El senador provincial Carlos Fernández en diálogo con AM1560 denunció que en Pinamar “hay una red de impunidad conformada por el poder político y miembros del ministerio público fiscal y del Poder Judicial”.
El legislador tandilense mencionó “la realidad es que aquí se constituye una fundación y al día siguiente recibe el anticipo de dos millones de pesos dólares, en aquel momento para hacer 150 viviendas, terminan haciendo 25. Eran 150 viviendas de interés social, para gente que no tiene ninguna otra posibilidad. Esas viviendas terminan siendo entregadas a las hijas de Altieri, a hijos de funcionarios públicos, algún concejal también del partido de Altieri, esos son los beneficiarios de viviendas”.
En la nota con “Sin Pecado” detalló que “finalmente después de 12 años de bregar, de denuncias, termina el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires desajudicando 23 de las 25 casas por falseamiento de declaraciones juradas, por omisión de datos, por ser gente que tiene patrimonio más que cuantioso y además por demostrar todas las truchadas en la generación de esta fundación”.
Respecto a la fundación, explicó que “tiene los mismos integrantes de otros escándalos que también están denunciados penalmente de los que es protagonista Altieri como jefe de una asociación ilícita que comete delitos utilizando dineros públicos, que termina construyendo con un ingeniero, que está probado que no es ingeniero, un hotel que está valuado en más de 10 millones de dólares en la avenida Bunge. Este mismo ingeniero, que no es ingeniero es miembro de esta fundación. Por supuesto los terrenos donde se levantan las viviendas fueron vendidos por la inmobiliaria Altieri, por supuesto los materiales con los que se construyen las viviendas son vendidos por el corralón de Altieri”.
“Se ha conformado una red de impunidad que hay que desarmar, hay que denunciar con todas las letras y hay que desarmar para que sean juzgados. Hay connivencia del Ministerio Público fiscal, este ingeniero que no es ingeniero aparece envenenado un día, está internado en un neurosiquiátrico, algunos fiscales que han tenido que investigar están con licencia psiquiátrica viviendo en España, hay otros que han renunciado y se han ido. Han pasado siete fiscales por esta causa que lleva unos cuantos años sin haber movido un solo papel. El fiscal departamental del Departamento Judicial de Dolores expresó que no podía investifar esto porque tenía orden de la Procuración de no investigarlo a Altieri. Esto está probado ante testigos que han declarado en la Justicia”.
Explicó el presidente del bloque de senadores provinciales de la UCR que “el caso está llegando a la Suprema Corte de Justicia. Se ha venido denunciando, he presentado pedidos de informe personalmente en la Cámara. En mayo del año pasado no fue aprobado. Ahora presenté otros pedidos de informe para saber que pasó en el Instituto de la Vivienda que 12 años después se dan cuenta que hay 25 viviendas en lugar de 150 y que 23 de los 25 adjudicatarios no están en condiciones de recibir esas viviendas”.
Dijo el legislador que “también he preguntado por intermedio del Ministerio de Justicia a ver que ha hecho el ministerio público fiscal ante las denuncias penales que hizo el abogado de Pinamar Lucas Ventoso, quien por otra parte está amenazado al igual que los chicos de CQC, como “Gonzalito” y el “pelado” López a quien le dijeron que no pise más Pinamar, gente que va todos los veranos a hacer un programa de radio”.
Fernández sostuvo “llegó la hora para que el Concejo de Pinamar se ponga los pantalones largos. Esta información la he recibido de los concejales de la UCR, de hecho el denunciante es secretario del bloque. Todo está denunciado y probado, como así también el faltante de dinero por la utilización del espacio público por empresas. Las compañías denuncian haber pagado mucha mayor cantidad de dinero que el ingresado al municipio”.
“Hay gente que debe dar explicaciones, no se puede seguir ocultando este cúmulo de irregularidades graves por una cuestión política, recibiendo protección de los más altos niveles del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto hay que cortarlo definitivamente y que den explicaciones quienes tengan que darlas”, indicó el senador de la Quinta Sección.
Dijo que “es una vergüenza que fiscales no hayan movido un dedo ante el cúmulo de pruebas que se les ha presentado. No solamente Altierie y los adláteres de Altieri que son sus cómplices tienen que dar explicaciones. Acá tienen que dar explicaciones miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial. Vamos a utilizar todas las herramientas institucionales que están a nuestro alcance para no solamente denunciar como lo estoy haciendo, sino para actuar”.
Finalmente expresó “hay pedido de jury para varios de los fiscales y he puesto dos abogados que trabajan conmigo en la Secretaría legislativa del bloque que presido para investigar a fondo las cuestiones desde el punto de vista jurídico para avanzar hasta donde lleguemos. Donde no nos dejen seguir avanzando lo haremos conocer obviamente”.
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