Las viviendas sociales construidas con dineros públicos en Palometa y Valle Fértil, que fueron entregadas a funcionarios y familiares de Blas Altieri y Beto Morales, deben ser devueltas a sus adjudicatarios legítimos. Se confirmó la denuncia de Ventoso: Altieri, Oricchio y Abruzzese habían conformado una asociación ilícita.
Finalmente, parece que la justicia empieza a llegar a Pinamar. Hoy, después de más de trece años de usufructuar un derecho ajeno, las hijas del ex intendente Blas Altieri, los hijos de Alberto Morales, y tantos otros amigos del poder, deben devolver las viviendas sociales construidas con dineros públicos a sus verdaderos destinatarios: las familias más vulnerables de Pinamar.
El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires anunció que la mayoría de las familias del Barrio denominado “25 viviendas” no cumplen con los requisitos establecidos por el Organismo Provincial por lo que intima la inmediata devolución de casi la totalidad de los inmuebles. Recordemos que esta denuncia la realizó el abogado y asesor del bloque radical, Lucas Ventoso, y formó parte de los 31 puntos que llevaron a la destitución de Altieri.
Hace casi dos años, Ventoso realizó una conferencia de prensa para dar detalles de la ampliación de la denuncia por asociación ilícita que había presentado “contra Blas Altieri y sus socios Carlos Oricchio y Luis Abruzzese”. El motivo de la denuncia era la entrega a parientes y funcionarios del intendente, “como Alberto Morales”, de viviendas destinadas a familias de bajos recursos. Estas viviendas sociales fueron construidas en un terreno céntrico de Pinamar (Palometa y Valle Fértil) a través de un subsidio otorgado por el Instituto Provincial de la Vivienda hace más de diez años. Quien conoce Pinamar, sabe que se trata de una zona muy cotizada que, en 2000, ya contaba con servicios de gas, electricidad, alumbrado y red cloacal, según consta en el folio 1 del expediente Nº 257/00.
Los documentos presentados por Ventoso mostraban que “Altieri designó como apoderados de esta fundación a Oricchio, asesor externo del Municipio, y a Abruzzese, ex secretario de Turismo de Altieri”. Recordemos que la fundación Eco Pinar, entidad responsable de absorber los dineros del instituto, fue creada el 1de junio del 2000, “justo un día antes de recibir 500.000 dólares, primera parte del subsidio provincial que sumaba dos millones de dólares”. Según consta en el expediente, debían construirse cuarenta y ocho viviendas sociales. Sin embargo, solo se construyeron 24, de mayor dimensión a la estipulada por el organismo bonaerense.
La pagina oficial del organismo provincial informa que, “para poder regularizar dicho complejo, y en virtud que los ocupantes no contaban con la adjudicación correspondiente, el Instituto realizó en Noviembre de 2010 y en junio de 2011, dos censos para verificar la situación ocupacional del Barrio.
Las conclusiones del informe del Instituto es clarísimo: “A través del análisis social y patrimonial efectuado se detectó que la mayoría de las familias eran titulares de bienes inmuebles y no ocupaban las viviendas en forma efectiva y permanente, constatándose además la unificación antirreglamentaria de unidades funcionales y el falseamiento de declaraciones juradas. Como consecuencia del trámite administrativo realizado, se dispuso la descalificación de 22 postulantes, mediante el dictado del correspondiente acto resolutivo”.
Ante esta situación “los interesados interpusieron recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra la descalificación referida, los cuales fueron rechazados mediante resolución del Instituto de la Vivienda, previa intervención de los Organismos de Asesoramiento y Control, intimándose, además, el pago por la ocupación indebida de las viviendas y la devolución de las mismas.
Un poco de memoria
El 10 de julio, Blas Altieri fue destituido por decisión del Concejo Deliberante luego del Informe Final elaborado por la Comisión Investigadora, que contenía 31 puntos considerados “graves” y que motivaron la decisión de los ediles.
A leer el Informe Final se puede concluir que los hechos por las cuales el HCD tomó la decisión no fueron ejecutados en soledad por el ex mandatario. Algunos funcionarios son referenciados en estos puntos: uno de ellos es el actual secretario de Servicios Urbanos y ex secretario de Acción Social, Alberto Morales. Un funcionario que, lejos de mostrar pudor o reparo ante hechos denunciados y demostrados, continúa ejerciendo funciones públicas sin revelar reparo o pudor alguno.
Una conducta que parece repetirse “en la familia”: luego de los hechos ocurridos, Leandro Reverón, yerno de Altieri y beneficiado con una de las viviendas sociales de la Provincia, tampoco renunció a la titularidad de la Anses local. Ante la falta de escrúpulos, fue la máxima jerarquía del organismo, Diego Bossio, quien debió tomar la decisión de apartarlo.
Hoy, 150 familias aún esperan por sus viviendas
Los funcionarios públicos son depositarios de la confianza de la comunidad y su obligación es cuidar de los intereses públicos. Sin embargo, Morales, lejos de denunciar el hecho visiblemente irregular del que estaba siendo testigo en 2000, aprovechó su cargo y su condición de hombre de confianza del intendente para aprovecharse de un beneficio claramente pensado para las familias que no solo carecen de vivienda sino de las posibilidades de acceder a una.
Si tenemos en cuenta que el funcionario en cuestión fue secretario de Acción Social, área marcadamente sensible a las problemáticas y requerimientos de las familias más humildes de Pinamar, resulta por lo menos intolerable que sus hijos hayan gozado y gocen aún de estos beneficios. Beneficios que le corresponden a las familias que hoy se ven obligadas a vivir en casas precarias porque Morales participó de un hecho que el Instituto de la Vivienda ya ha demostrado que no es correcto.
Hoy, estas consideraciones han sido tenidas en cuenta por el Instituto y los adjudicatarios han sido intimados por los Organismos de Asesoramiento y Control, “al pago por la ocupación indebida de las viviendas y la devolución de las mismas”.
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